'La Fiscalía tiene en la mira a 522 empresas de transporte'

Juan Miguel Durán, superintendente de Puertos y Transporte, tiene bajo lupa a las empresas que no prestan un buen servicio. / Nelson Sierra - El Espectador

La gente se queja de todo. Pero no todas las quejas de los usuarios llegan a las empresas que incumplen el servicio o a la Superintendencia de Puertos y Transporte, que hoy tiene 7.600 firmas bajo vigilancia y que después de investigar puede imponer una sanción.

Así lo cree Juan Miguel Durán, el superintendente de Puertos y Transporte, quien reveló a El Espectador que en el sector hay muchas irregularidades que a veces no se denuncian, lo que impide la aplicación de correctivos para convertir al sector en un modelo ideal.

Los usuarios de los sistemas de transporte, de las concesiones de infraestructura, tienen en la Superintendencia un aliado durante sus desplazamientos, pero aún no lo han entendido, explica.

Gracias a los procesos que la entidad ha venido desarrollando, 522 empresas de transporte de carga están hoy en la mira de la Fiscalía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Superpuertos.

Asimismo, ésta tiene en sus manos la investigación de varias aerolíneas por incumplimiento a los usuarios, lo mismo que de empresas de transporte intermunicipal y de carga que no cumplen las normas para su regular desarrollo.

¿Qué irregularidades ha encontrado en el transporte público terrestre?

Después de realizar un sinnúmero de visitas de inspección a todas las modalidades del sector de transporte público, la Superintendencia de Puertos y Transporte encontró que se desconoce la información financiera de 522 empresas de transporte terrestre legalmente constituidas, o que hay muchas dudas por resolver.

Esto qué significa exactamente. ¿Son empresas de papel o hay algo más?

Hay de todo. Con el trabajo que venimos realizando para fortalecer el sector transporte, nos hemos dado a la tarea de mirar históricamente cuáles empresas han sido juiciosas con los reportes financieros y cuáles no cumplen con estos requisitos.

¿Qué va a hacer la Superintendencia para saber cuál es la verdad sobre su financiación?

La falta de información financiera y las dudas sobre su contabilidad nos obligaron a alertar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que analice las operaciones desarrolladas por las empresas y descartar así posibles actividades de lavado de activos.

¿También dirigieron las denuncias a la DIAN?

Efectivamente, para que esta entidad verifique el cumplimiento del pago de impuestos. Y la Superintendencia también abrió las respectivas investigaciones.

¿Son empresas grandes?

Hay de todo. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas, todas legalmente constituidas.

¿A qué sectores pertenecen esas compañías?

El 41% corresponde a empresas de transporte de carga, el 33% a transporte especial (escolar, turismo y empresarial), el 17% al de pasajeros intermunicipal y el 9% al transporte mixto (carga y pasajeros).

¿Cuántas empresas habilitadas hay en estos sectores investigados?

De carga hay 2.537, y las reportadas a la Fiscalía y a la DIAN son 215, lo que representa un 8%. En pasajeros hay habilitadas 538 y están en entredicho 90, lo que corresponde al 17%. Del sector mixto hay 171 empresas, de las cuales 47 no tienen información financiera, es decir, el 27%. Y en transporte especial hay 1.212, de las cuales 170 están en la mira, que equivalen al 14%.

¿En qué departamentos se registran las mayores irregularidades?

Las regiones donde más se concentran las empresas investigadas son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.

¿Qué deben reportar?

Anualmente tienen la obligación de reportar todos los indicadores y estados financieros de la empresa, y de esta forma facilitar el trabajo de vigilancia y control de la Superintendencia. Luego de hacer el análisis, la entidad fue más allá y no sólo inició su investigación sino que prendió las alarmas en los organismos de control.

¿Qué se podría encontrar en estas investigaciones?

Podría haber de todo. La UIAF mirará si hay financiación al terrorismo o lavado de activos, y la DIAN determinará si hay evasión de impuestos. Y frente a la investigación de la Superintendencia, estamos mirando la funcionalidad de las empresas, si son de papel o están cumpliendo con la prestación del servicio para el cual fueron creadas.

¿Cuándo sabrá el país cuáles son las empresas investigadas y cuándo se tendrán resultados?

Son 522 las empresas que se deben mirar. Nos toca respetar los tiempos de ley, las notificaciones y los procesos administrativos. Les estamos dando la mayor celeridad posible y lo mismo harán la UIAF y la DIAN. Hay que cumplir con los tiempos procesales.

¿Qué otras cosas ha encontrado la entidad?

De las 29.600 empresas de carga inscritas en las cámaras de comercio del país, encontramos que sólo 2.615 están habilitadas por el Ministerio de Transporte, es decir que las otras 26.985 están operando sin autorización.

¿O sea que la mayoría de la carga se mueve por empresas ilegales?

Es una presunción.

¿Que está haciendo la entidad para corregir eso?

Primero alertamos a los generadores de carga a través de una circular para advertirles a cuáles empresas pueden contratar, ya que son las que están habilitadas. Luego fuimos a la Superintendencia de Industria Comercio (SIC) para alertarlos y plantearles una idea que se nos ocurrió.

¿En qué consiste?

Que en todos los certificados de existencia y representación de las empresas diga si estaban o no habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio. Con ese fin, la Superindustria expidió una resolución que dio plazo hasta el 9 de diciembre para que todas las empresas registraran su habilitación en las cámaras de comercio del país y se pudiera generar transparencia en el sector. De este modo, el que está habilitado va a tener un registro que le permitirá prestar el servicio.

Y si no se habilitan, ¿qué va pasar con ellas?

Serán tratadas como un transporte no autorizado y, por lo tanto, la Policía ejercerá en carreteras sus funciones y la Superintendencia abrirá la investigación respectiva para ver qué está ocurriendo. Podríamos llegar a aplicar sanciones importantes. La mayoría de las empresas se está moviendo para no actuar en la ilegalidad en un sector que mueve el 80% de la carga en el país.

¿Qué ha encontrado en el sector aéreo? ¿Se van a imponer sanciones a Avianca?

En el sector aéreo vigilamos las actuaciones de las aerolíneas en el tema financiero, pero no en el operativo, es decir, el del servicio a los pasajeros, que es lo que usted quiere saber. Los problemas por atrasos o cancelación de vuelos y el servicio al viajero en general son responsabilidad de la Aerocivil. Nosotros tenemos en curso dos investigaciones a Avianca y otras aerolíneas, y estamos a punto de pronunciarnos al respecto.

Pero, ¿sí hay sanciones o intervenciones?

Claro. Intervenimos a Líneas Aéreas Suramericanas (LAS) y obligamos a cambiar las directivas de la compañía, y esto lo podemos hacer con cualquier empresa que incumpla sus obligaciones administrativas y financieras.