Frenazo a venta de Isagén

Un súbito freno de mano a la anunciada venta de Isagén puso el Consejo de Estado en la noche de este jueves. El alto tribunal dictó medidas cautelares que ordenaron detener dicho proceso, y en un documento de 32 páginas le envió un mensaje al Ejecutivo: “Suspéndase la subasta y demás actos programados para el 19 de mayo de 2015 en relación con la enajenación de las acciones que la nación tiene en Isagén S. A. E. S. P. Ordénese al señor ministro de Hacienda y Crédito Público asegurar que se cumpla esta orden judicial mediante las respectivas órdenes administrativas, instrucciones y demás medidas pertinentes para ese cometido”, reza el auto. Los demandantes, que salieron airosos porque lograron su cometido, fueron Élber Castaño, presidente del sindicato de Isagén; Enrique Alfredo Daza, presidente de Cedetrabajo, y Rordigo Toro Escobar, exgerente financiero de la empresa. 

 

La decisión cambia todos los planes del Gobierno, pues desde que el Ejecutivo anunció la venta de su participación en la compañía (57,66%), había expresado que dichos recursos se destinarían al ambicioso plan de infraestructura tan promocionado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, catalogado como el más importante del continente. Y será un hueco grande porque se esperaban no menos de $5,2 billones, en medio de una necesidad de recursos provocada por la caída del precio internacional del crudo desde el año pasado y que desencadenó un bajonazo de los ingresos de la renta petrolera. La realidad es que las cuentas del Estado están contra las cuerdas y ahora quedarán más que descuadradas.

 

Así las cosas, los tres proponentes que habían manifestado su interés de comprar Isagén, GDF Suez de Francia, Colbún de Chile y Brookfield Asset Management de Canadá, se quedaron con los crespos hechos. La Contraloría General de la República, esta misma semana, tras conocerse la intención de las multinacionales, había advertido que la salida de la compañía implicaba grandes riesgos para el país, no sólo porque el monto que debería recibir la nación debería ser más alto —la valoraba por encima de los $9 billones—, sino porque el país pasaría a depender de las “determinaciones de privados para expandir la oferta energética”.

 

Se trataba de vender la joya de la corona, como la llaman los contradictores del Gobierno. Una empresa cuyos ingresos operacionales crecieron 59% entre 2010 y 2014, permitiéndole generar utilidades de $443 mil millones en promedio durante este período. Rentable, sí, pero que había sido golpeada este año en unos $50 mil millones, dinero que tuvo que pagar por concepto del impuesto a la riqueza, la sobretasa al CREE y el impuesto diferido.

 

 Uno de los primeros en celebrar la decisión fue el senador del Centro Democrático, Iván Duque, quien le dijo a El Espectador que “se ha hecho justicia frente a una venta caprichosa por parte del ministro de Hacienda. El Consejo de Estado ha sabido interpretar el clamor del pueblo colombiano para que no se pierda un activo tan importante para la nación, que representa además un elemento sustancial de seguridad energética, ambiental, de rentabilidad económica y de corrección de fallas del mercado”.

 

Y a la acción, ¿cómo le podría pegar esta decisión? “Debería caer de una manera equivalente a como lo hizo hace un año, por lo que podría bajar por debajo de los $3.000. Además, esta noticia demuestra inestabilidad política, lo cual podría desmotivar a los tres aspirantes a quedarse con Isagén, y no sería extraño que alguno de ellos se saliera de la subasta”, respondió Camilo Silva, director de investigaciones económicas de Valora Inversiones. “Al final siempre habrá interesados. Sólo que es un castigo innecesario para los otros inversionistas, los minoritarios que han apoyado a la organización no vendiendo sus acciones en una época de hecho bastante difícil para tenerlas”.

 

A la sonada venta de la energética se habían opuesto todo tipo de actores políticos y económicos. Los más acérrimos eran el expresidente Álvaro Uribe, su colega del Centro Democrático Alfredo Ramos, el senador de la U Jimmy Chamorro, el también senador Jorge Enrique Robledo (del Polo Democrático), Horacio Serpa, (Partido Liberal) y una docena más de economistas y movimientos sindicales que advertían de la gravedad de esa transacción para el detrimento de los activos del Estado. Del futuro de la seguridad energética.

 

En el fondo, la decisión del alto tribunal le cae como un baldado de agua fría a Cárdenas, quien era el que más fuerza venía haciendo por la salida de Isagén. En cuanto foro y debate del Congreso tenía oportunidad, manifestaba las bondades de la venta. Paradójicamente Cárdenas, justo ayer, además de enterarse de la no venta, había recibido horas antes por Twitter un jalón de orejas del vicepresidente Germán Vargas Lleras por su poca efectividad en la entrega de recursos para las autopistas de cuarta generación.

 

 “Que minhacienda tome una decisión de si tercera ola de 4G se va o no se va a hacer. Y que lo haga pronto porque se fue el semestre”, le sentenció el segundo al mando en el Gobierno. Un par de horas después el encargado de la chequera le respondió que entendía la frustración, pero su función era administrar los recursos de la nación. “Le hemos dado prioridad a la infraestructura”, dijo, advirtiendo que no había espacio para ese tipo de reclamos. “Yo no creo que él lo haya hecho, alguien le maneja la cuenta de Twitter”, apuntó, tratando de bajar la tensión.

 

Pero la pelea viene desde antes y tenía que ver, precisamente, con Isagén. En la edición del domingo pasado, en entrevista con El Espectador, el vicepresidente Vargas Lleras habló de Cárdenas. “El señor ministro (de Hacienda) ha dicho que la venta de Isagén estará destinada, en gran parte, a los programas de infraestructura, ojalá eso sea, porque advierto que los programas de vivienda, como los de infraestructura aparte del contenido social y la generación de mano de obra se han convertido en dos políticas contracíclicas con buenos resultados. Adicionalmente, porque el país no entendería que los recursos de Isagén se comprometan a gasto ordinario de la nación”.

 

Anoche, el ministro Cárdenas, tras conocer por los medios de comunicación la decisión, manifestó que no conocían los detalles, que “se trata de una medida cautelar, temporal, mientras el Consejo de Estado define. Esperamos dar todos los argumentos, esto se ha hecho de una manera muy seria y transparente, de cara al país, y esperamos que cuando el Consejo de Estado resuelva, lo haga favorablemente a los intereses de la nación, que son los intereses de todos los colombianos”.

 

Viendo los toros desde la barrera, lo que hizo el Consejo de Estado fue dejarlos a los dos sin una plata con la que ya contaban. Ni para la infraestructura de Vargas Lleras, ni para el gasto ordinario de la nación que administra Cárdenas, como decían sus críticos que convertiría los dineros entrantes de la enajenación. Una puja que se ve como la antesala en la carrera por la Presidencia  de 2018, donde estaría Cárdenas como el gallo de pelea de los conservadores y a Vargas Lleras como el casi sucesor de Santos con su  aval. Como dicen las abuelas, no hay que ensillar las bestias antes de traerlas. Y por lo menos con esta decisión los dos altos funcionarios del mismo Gobierno se quedaron, por el momento,  sin  dónde cabalgar.