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En todos los cierres de año, el reajuste del salario mínimo se convierte en una de las discusiones más álgidas entre Gobierno, gremios y centrales obreras. Sin embargo, Fedesarrollo advierte que este arreglo institucional que se ha hecho durante los últimos años ha incrementado el valor de este sueldo hasta el punto de afectar la competitividad del país y de distorsionar su carácter de “mínimo”. Además, ha jalonado el aumento de la informalidad laboral, debido a las cargas impositivas que tienen que pagar los empresarios por contratar un empleado de este nivel de ingresos.
“En la última década el costo salarial en dólares de contratar a un trabajador por el mínimo (incluyendo los sobrecostos a la nómina) se incrementó por encima del 270%, al pasar de US$200 en 2003 a US$557 en 2012”, asegura un informe de Fedesarrollo.
Según Leonardo Villar, director ejecutivo de este organismo, el hecho de aumentar el salario mínimo en las actuales proporciones “impulsa a buena parte de los ocupados a la informalidad, donde reciben remuneraciones por debajo del mínimo legal ($589.500). En ese sentido el sueldo mínimo se ha constituido como valor cercano al salario promedio de la economía”.
Lo anterior, en palabras del Nóbel chipriota de Economía, Christopher Pissarides, significa que en Colombia “la gente se vuelve informal para evadir impuestos; al empleo le ponen muchos tributos, lo cual no ayuda a frenar la informalidad. El salario mínimo colombiano es alto, frente a países como México, Rusia y Estados Unidos, y esto puede explicar la baja generación de empleo”.
Sin embargo, el Gobierno busca corregir esta falla desmontando la carga parafiscal a la nómina de las empresas nacionales (con estos recursos se financiaban anteriormente instituciones como el Sena y el IBCF). Esta ley entró en vigencia ayer, de acuerdo con lo estipulado en la reforma tributaria sancionada en enero pasado.
Las cuentas del Nóbel muestran que el 60% de los asalariados en Colombia son formales y el 40% informales, como resultado de una institucionalidad pobre y de una economía que tiene una tasa de desempleo del 10%, una baja productividad y tasas de crecimiento del 4% impulsadas por la actividad minero-energética.
En opinión de Fedesarrollo, Colombia debería retornar a la implementación de un salario mínimo regional diferencial, como sucedía en la década del 80. Esto ayudaría a “una mejor distribución del ingreso y a la reducción de la pobreza. Adicionalmente, colaboraría a que la población con productividad por debajo del promedio pueda acceder a un empleo formal, disminuyendo de esta manera los grandes niveles de desempleo e informalidad en las regiones”.
Aunque el salario mínimo legalmente no se puede reducir, Fedesarrollo propone que un remedio contra la informalidad es que en las regiones con baja productividad y menor costo de vida el salario mínimo tenga incrementos menores a los registrados en otras regiones, donde sucede lo contrario.
@hector_sandoval