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Guerra abierta por el espectro

Los participantes de la subasta 4G saben que buena parte de la victoria consistirá en disputarle el dominio del mercado a Claro.

David Mayorga
13 de mayo de 2013 - 11:00 p. m.
Diego Molano Vega, ministro TIC, espera que este proceso le deje al Estado $450.000 millones en ingresos. / Luis Ángel
Diego Molano Vega, ministro TIC, espera que este proceso le deje al Estado $450.000 millones en ingresos. / Luis Ángel

El jueves de la semana pasada, justo después de que el Gobierno anunciara las empresas que pujarán en la subasta 4G, un interrogante se quedó sin resolver: ¿Quién será el aliado de la mexicana Azteca Comunicaciones en la nueva puja? La compañía, que busca convertirse en un nuevo operador de telecomunicaciones del mercado colombiano, se inscribió en el proceso bajo la figura de promesa de asociación. Con ella deja la puerta abierta para conformar un consorcio y presentar sus propuestas de compra en conjunto con un socio estratégico.

Una fórmula que, en esencia, se asemeja más a una jugada estratégica, una movida más en el ajedrez financiero protagonizado por dos de los hombres más adinerados de México: Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. Ambos son los pilares de dos grupos económicos cuyos intereses los han llevado a los titulares de la prensa por las disputas públicas que han protagonizado en su país de origen. Esa misma que trasladaron a Colombia en diciembre de 2011, cuando Salinas le ganó a su contrincante la multimillonaria licitación de $1,2 billones para extender la red de fibra óptica con la que se conectarán 753 municipios.

Desde entonces, Azteca Comunicaciones, su filial en Colombia, se dedicó a estructurar la oferta a futuro de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción con la que competiría en el mediano plazo. Su apuesta, entonces, se basaba en accesos fijos pues, por cuestión de costos, no estaba entre sus planes realizar las abultadas inversiones para incluir tecnología inalámbrica. Y menos cuando Claro (de Slim) domina tanto el segmento de telefonía móvil (abarca el 61,9% del mercado, según cifras oficiales) como el de internet y televisión paga (suma 14,7 millones de suscriptores).

Ahí apareció la subasta 4G, el proceso con el que el Gobierno entregará 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico para masificar en el país la tecnología LTE (o 4G), con la que no sólo se navegará por internet a mayor velocidad y se descargaran contenidos en menor tiempo, sino que cambiaría el negocio de la telefonía móvil al permitirles a los usuarios hablar por medio de su plan de datos y no por voz, lo cual, en teoría, cambiaría las cargas en el sector.

El interés de Salinas en la subasta tan solo se despertó cuando el Gobierno restringió la participación de Claro en la banda de 2.500 MHz, que exige las inversiones más altas de capital, y se fortaleció después de su audiencia privada en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos en abril pasado. “Ellos estaban muy apáticos con el tema de la subasta hasta que desde México llegó la orden de participar como fuera”, asegura una persona cercana a la filial colombiana de Azteca.

 

Ese escenario ya se dio: la mexicana participará por espectro. El nombre de su socio estratégico se conocerá en el curso de los próximos 30 días, cuando tiene la obligación de materializar su promesa.

Aliados de guerra

En las semanas previas al 9 de mayo, la fecha límite para que las empresas interesadas confirmaran su participación en la subasta, en la industria se rumoraba de una alianza estratégica. El nombre de Azteca se encontraba entre el grupo de candidatos, junto al de Avantel, Directv y la ETB. Incluso, se alcanzó a decir que parte de la estrategia era la conformación de un consorcio tan pronto se oficializaran las inscripciones a la puja.

Pero esa teoría se derrumbó cuando Diego Molano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), desveló a los seis participantes: los ya instalados Claro, Movistar y Tigo (en conjunto con ETB), y los nuevos aspirantes Avantel y Directv. Y Azteca, con su socio misterioso.

Descartados sus posibles aliados en el mercado colombiano, la respuesta podría encontrarse en su país de origen. “Es altamente improbable que participe sola, porque no podría realizar las inversiones de capital que se requieren para desplegar LTE. Entonces, su más probable aliado es Televisa, su socio con el 50% de las acciones de Iusacell, el operador móvil del Grupo Salinas en México”, dice José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom Group.

Así se reeditaría en Colombia la célebre pelea de tres magnates mexicanos. La cabeza de Televisa es Emilio Azcárraga Jean, quien comparte con Salinas el duopolio de la televisión pública en el país norteamericano y lo acompañó en su lucha contra Slim por la entrada al mercado de la telefonía fija y móvil (que domina Telcel, de su propiedad, con más del 70%).

Ambos unieron lazos en julio de 2011, cuando Azcárraga aceptó la propuesta de hacerse al 50% de Iusacell a cambio de US$1.600 millones (de esa suma, el 97,8% se destinó a cubrimiento de deuda). Y no es descabellado pensar que vuelvan a unirse en una aventura colombiana, sobre todo si se tiene en cuenta que el grupo Televisa les informó a sus accionistas de los planes de invertir US$1.000 millones en televisión, telefonía e internet para 2013.

Al ser consultada por El Espectador sobre este tema, Alexandra Reyes, CEO de Azteca Comunicaciones, comentó: “El Grupo Salinas ha decidido participar en este proceso bajo la figura de promesa de sociedad futura con sociedades de la organización”.

 Pero no son los únicos jugadores dispuestos a sumar esfuerzos contra la posición de dominio que Claro ejerce hoy sobre el mercado. Al finalizar la semana pasada, Movistar, Tigo, ETB y Une (único operador del país en ofrecer servicios de LTE) anunciaron en un comunicado su alianza para “la construcción y despliegue de infraestructura y redes con el objeto de hacer un mejor uso de los recursos, que redunde en aprovechar los avances tecnológicos para la satisfacción de los colombianos y fortalecer el entorno competitivo”.

Es el mismo modelo que han implementado en países como Brasil, Suecia o Inglaterra para buscar sinergias entre operadores móviles, pero esta vez contará con un norte distinto. “Tenemos que tomar medidas inteligentes para competir con esa concentración tan alta en el mercado local y volvernos más eficientes. Nuestro alcance es el de compartir infraestructura e inversiones: en lugar de construir cuatro torres en un mismo lugar, instalaríamos una”, explica Saúl Kattan, presidente de ETB.

 La pelea de las firmas contra Claro tomará lugar el 26 de junio, cuando el ministro Molano presidirá la ceremonia de subasta en la que los jugadores lucharán de acuerdo con la amplitud de sus billeteras por los siete bloques de espectro a concesionar. Y entre ellos, los más apetecidos son los tres en la banda AWS (de 1.700 a 2.100 MHz), porque el gran volumen de desarrollos tecnológicos de LTE (redes y equipos móviles, principalmente) se han hecho en ella.

Claro que, a la hora de la verdad, será apenas la primera batalla en una guerra de largo aliento que se extenderá hasta 2014, cuando el Gobierno planea presentarle al mercado una joya aún más preciada: la subasta de bandas bajas (700 MHz) para consolidar la penetración de la tecnología instalada con el primer proceso de espectro.

“El operador que tenga espectro de 2.500 MHz lo desplegará en las grandes ciudades, que es donde más se necesita y donde están las necesidades inmediatas. El que lo tenga en AWS podrá entrar a zonas suburbanas. Pero si el mercado quiere LTE rural, necesita el espectro de 700 MHz, que es muy bueno para realizar grandes coberturas de territorio”, explica Celedonio von Wutheneau, director de asuntos corporativos de Alcatel-Lucent, firma que ha desplegado redes de LTE desde Oriente Medio hasta América Latina.

Para entonces, tanto los magnates mexicanos como los operadores entrantes lucharán por construir una industria basada en economías de escala, servicios de alta capacidad en la transmisión de datos, ofertas de nicho y tarifas con beneficios (en precios o valor agregado). El Gobierno, probablemente muy cerca de cumplir su meta de 8,8 millones de conexiones de banda ancha, se embarcará en un nuevo proyecto diseñado para profundizar la conectividad. Y para captar millonarios recursos.

 

Por David Mayorga

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