En el Congreso se encuentra un proyecto de ley presentado por el Gobierno y que ha vuelto a despertar el debate en torno al estatuto tributario de los licores, un mercado flagelado por la ilegalidad. Se trata del proyecto 152 de 2015 –actualmente en tercer debate– que busca elevar los impuestos de las bebidas alcohólicas en toda Colombia, pero de tal forma que se nivele la carga impositiva entre los licores nacionales y los importados.
El proyecto de ley propone modificar el estatuto actual, el de la Ley 1393 de 2010, que dice que los licores de menos de 35° pagarán $256 por cada grado de alcohol que tenga la bebida, y los más fuertes pagarán $420 por grado. Además, el marco regulatorio actual fija impuestos ad valorem diferenciados entre cada tipo de licor: el vino paga 20 % y el aguardiente 34 %. La reforma propone una tarifa única de $200 por grado de alcohol y un impuesto general de 25 % sobre el valor comercial.
De pasar el proyecto de ley tal como está, se verían cambios significativos en la carga impositiva entre los productos nacionales. Por ejemplo, el ron nacional pasaría de pagar un impuesto agregado de 29,5 % a 34 % de su valor comercial, por lo que el recaudo por botella pasaría de $10.324 a $12.918. En cambio el mismo licor, pero importado, vería su gravamen bajar de 30,3 a 30 % y su impuesto por unidad bajaría de $19.487 a $18.993.
La iniciativa del Gobierno busca cumplir parte de sus compromisos tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y, sobre todo, para dar solución a los conflictos con el bloque euro. Desde enero de este año la Comisión Europea ha realizado una serie de denuncias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), de que sus bebidas alcohólicas pagan más impuestos que la marcas nacionales.
Tal es el malestar de la Comisión Europea, que interpuso una demanda ante la OMC para constituir un tribunal de arbitraje con el fin de solucionar el conflicto de las diferencias de impuestos. Sin embargo, este lunes Colombia utilizó uno de sus instrumentos legales y bloqueó la demanda, argumentando precisamente que está en proceso de nivelar las cargas impositivas. Pero se trata de un alivio temporal, pues si es renovada la denuncia, no quedará más opción que constituir el panel que exige la institución del viejo continente.
El presidente de la Federación Nacional de Comercio (Fenalco), Guillermo Botero, hizo un fuerte llamado de atención sobre este proyecto de ley: “Elevar los impuestos en los licores no siempre tiene el efecto que el Gobierno espera, pues no quiere decir que vaya a aumentar el recaudo. En cambio, lo que hará esta iniciativa será aumentar la ilegalidad, la cual ya está en el 25 % en este mercado y podría subir hasta el 40 % con la reforma. Por ejemplo, entre 2012 y 2014 el consumo de ron pasó de 7,3 millones botellas a poco más de 6 millones, es decir, por la informalidad se perdió cerca de un millón de unidades. Los colombianos no dejarán de beber, por lo que si le suben el precio a la botella optarán por acudir al contrabando”.
Botero también advierte que de pasar este proyecto, “la industria del vino nacional podría desaparecer, pues su impuesto agregado pasará de 20 % a 29 %, y el importado subiría de 12,8% a 26%. Hay que tener en cuenta que se trata de un mercado de consumidores principalmente campesinos de estratos 1, 2 y 3 (bebida nacional), que tienen una fuerte demanda por productos como el vino Cariñoso. Así, esta es una iniciativa que afecta a los sectores de menores ingresos”.
En un reciente artículo publicado por El Espectador el senador Jorge Enrique Robledo advirtió que “es una ley diseñada para que los licores extranjeros desalojen del mercado local a los nacionales”, y que “golpea las industrias licoreras que operan en Colombia, con el agravante de que los extranjeros tienen un mayor grado de alcohol que los nacionales, lo que agravaría los problemas de salud pública”.
El Gobierno espera aumentar el recaudo de bebidas alcohólicas un 14%, de $1,4 a $1,6 billones. Sin embargo, Fenalco insiste en que también hay que considerar las ampliaciones de esos impuestos y argumenta que en México se aprobó una ley similar y quebró a 30.000 tenderos. De manera que el gremio recomienda que si se deben subir los impuestos, que lo hagan en menor proporción. Además, no se puede olvidar que antes de que termine el año se propondrá la reforma tributaria estructural, la cual incluiría un incremento del IVA.