"Las industrias hacen lo que se les da la gana"

El representante a la Cámara, David Barguil./ David Campuzano - El Espectador

Foto: DAVID CAMPUZANO 2012

Hoy a las 10 de la mañana se llevará a cabo en la Cámara de Representantes un esperado debate sobre los acuerdos de precios entre diferentes industrias, especialmente la del cemento y la de los insumos agrícolas. El Espectador habló con el congresista David Barguil, citante de la discusión, quien nos contó sus principales argumentos sobre cómo en Colombia las industrias hacen los que les da la gana, sin que nadie las controle.

¿Qué es lo nuevo que se va a decir en el debate?

Vamos hablar sobre los problemas de competencia en Colombia. Lo que pasa con el cemento para ejemplifica unas serias debilidades que hemos encontrado en la autoridad de competencia en Colombia.

¿Sobre el cemento qué nuevo van a decir?

Vamos a demostrar que esto no es un hecho reciente, que las cementeras llevan 16 años incurriendo en prácticas de acuerdos de precios y de obstrucción del mercado. Y lo vamos a hacer con pruebas. Hay una serie de correos electrónicos y reuniones probadas, donde se muestran las prácticas en las que han incurrido los que han dirigido las empresas cementeras, para ponerse de acuerdo en precios y otras prácticas que por supuesto están en contra de la ley.

¿Qué opina usted de la investigación que después de todas las denuncias ha abierto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las cementeras del país?

Yo creo en el libre mercado, y en países donde éste funciona bien, hay autoridades de competencia fuertes. En Colombia sucede lo contrario, la SIC tiene siete funciones, entre ellas ser la autoridad de competencia, así cómo a va a ser capaz de ser una autoridad fuerte con autonomía y decisión. Sin una entidad con esas características no vamos a lograr que estas industrias no sigan cometiendo abusos. Es que esto no sólo pasa con el cemento, pasa en insumos agrícolas, en sector bancario, de telefonía celular, medicamentos.

¿Entonces son un saludo a la bandera las medidas que ha tomado la SIC?

Yo celebro las decisiones de la SIC, pero tengo que prevenir al país de que no puede volver a suceder lo que pasaba en años anteriores, cuando abrían investigaciones y después se utilizaba una figura perversa que está en la ley, que se llama los acuerdos de garantías, que les permitía firmar un compromiso de no seguir cometiendo la irregularidad, el Estado les creía y hasta ahí llegaban la investigaciones. Nosotros nos vamos a oponer a esa figura y vamos a exigir que este caso del cemento se vuelva ejemplarizante para que las industrias no puedan seguir haciendo lo que se les da la gana.

¿Este es un problema sólo institucional o también de quienes han estado frente a la entidad?

El tema es tan grave que no hace referencia a ningún funcionario en particular, sino que es una práctica institucionalizada en Colombia durante los últimos años. Aquí las industrias hacen lo que se les da la gana y no hay controles efectivos y fuertes. Si no se hace una reforma estructural para generar una autoridad de competencia fuerte, seguirán haciendo lo mismo.

¿Cuál es la reforma institucional que usted propone para la autoridad de competencia?

Ya lo ha dicho la OCDE, no me lo inventé yo: requerimos una autoridad de competencia independiente. Yo lo que quiero es que se tome el modelo del Banco de la República para la autoridad de competencia para que sea una entidad que se atreva a tomar decisiones y que sancione a las empresas que incurran en irregularidades. Un ejemplo: la SIC tenía una investigación desde 2004 a los bancos y ¿usted sabe qué pasó?, se las volvieron a cerrar el año pasado con otro acuerdo de garantías firmado, que es esa figura nefasta de la que le he hablado.

Ahí es donde yo le pregunto: ¿es un problema institucional o un problema de los funcionarios que han estado al frente de la entidad?

¡Ambos! Por supuesto que hay responsabilidades individuales, pero también debo decir que ha habido superintendentes valientes, yo no puedo meter a todos en la misma colcha. Por eso es que no lo quiero personalizar, porque en términos generales usted se da cuenta de que aquí no hay una autoridad de competencia. Si no hacemos ese debate ya, este país no va a avanzar.

¿Ha hablado usted con el Gobierno sobre este debate y su propuesta de la autoridad de competencia?

Yo hablé con el presidente Santos y él me respondió que ya habían tomado la decisión del control de precios. En una economía de libre mercado como la nuestra, tener que llegar a un control de precios significa que hemos fracasado porque nosotros no queremos el modelo de Ecuador y Venezuela.

¿Pero por qué dice usted que eso significa que hemos fracasado?

Porque si yo tengo que llegar a que la decisión es que tengo que sacar un decreto para definir el precio de un producto, es porque antes no hicimos lo que debíamos hacer para impedir que se cartelizaran, que se volvieran un monopolio y que pudieran abusar de los precios como hoy lo hacen. Si hubiéramos tomado las decisiones de fondo previas a esto, donde hubiera competencia real, donde se mataran por los clientes y les ofrecieran tarifas a la baja y no como hoy, no estaríamos pensando en el control de precios y en intervenir la economía. Cuando uno interviene la economía quiere decir que fracasó en el intento de que las cosas funcionaran con la libre competencia.

Usted menciona la palabra “cartel”, eso me da pie para preguntarle: ¿Usted cree que las empresas cementeras del país se han cartelizado?

En la investigación que recientemente se inició, después de algunas denuncias, hay serios indicios de que los señores de esta industria se pusieron de acuerdo en el precio del producto. O si no, dígame qué significan esos correos electrónicos que tenemos, es evidente lo que está pasando.

¿Esos correos y reuniones de los que habla es información que tiene la SIC?

¡Así es! Y hace parte de la investigación actual que se acaba de abrir, en la página de la SIC. Usted lo puede encontrar.

¿Ha oído los argumentos de los cementeros en donde niegan todo esto que usted menciona?

Sí, pero los hechos son contundentes. Mire, cuando aumenta la demanda de cemento en Colombia, uno creería que el precio aumenta, pero lo que aquí ha sucedido es que han bajado los precios. Lo que sucede es que todos se ponen de acuerdo al tiempo para bajar el precio y lo hacen porque en el momento en que el negocio es muy rentable pueden surgir nuevos competidores y quieren impedir su entrada. Con esos precios es imposible entrar porque no es rentable, ya que los precios los han bajado a tal punto que es imposible competir. En cambio, cuando baja la demanda del cemento, los señores suben significativamente el precio. Los hechos están básicamente probados. Cuando uno ve que el precio del cemento aquí en Colombia es de 25.000 pesos y en países como Nicaragua vale 10.500, se pone a pensar que si no estuviéramos en este pleito con ellos, casi que podríamos importar y nos saldría mucho más barato. Las cifras no mienten.

Ese es otro de los argumentos que presentan los vendedores de cemento y es que si fueran tan rentable se estaría importando. ¿Por qué no se importa cemento en el país?

No es tan fácil, porque ellos tienen un control hoy del mercado. Las empresas cementeras que están en el país tienen en producción sólo el 50% de su capacidad instalada, lo que significa que si llegan a tener cualquier riesgo de competencia, con hundir el botón sacan al mercado más bultos de cemento y con eso pueden impedir que cualquiera pueda montar un negocio.

¿Qué pudo averiguar usted sobre por qué venden más barato en otros países que en Colombia?

Como ellos tienen un control del mercado en Colombia, lo que han hecho es descremar el negocio. A nosotros nos venden caro y afuera sí venden barato, porque allá el producto es más económico, porque si no lo hacen así, no hay posibilidad alguna de que sean competitivos y puedan vender.

¿Por qué los constructores, que uno pensaría son los directamente afectados por los precios, no han levantado la mano en todo este asunto?

Sí lo han dicho, lo que pasa es que no se atreven a decirlo en voz muy alta. Eso es un reflejo más de que aquí se están controlando los precios.

Si usted habla con los representantes de los gremios de la infraestructura le dicen que no, que aquí todo está bien…

Lo que pasa es que hay líderes de gremios que también son representantes de las cementeras. Cualquier constructor en Colombia le va a decir en volumen bajito que aquí hay un abuso significativo.

Usted ha hablado de que sacan a la competencia. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que les vendieron, están libres de culpa?

¡No, claro que no! Tenemos indicios de que lo que hicieron en muchas oportunidades es tener precios más bajos del cemento para que les compraran.

¿Cuánto les cuesta a las empresas cementeras producir un bulto en Colombia?

Según las investigaciones que hemos hecho, les cuesta 9.500 pesos y lo venden en alrededor de 25.000 pesos, eso es un horror. Y que no me vengan con el cuento que viven repitiendo, de que transportar un contenedor de la China a Colombia vale lo mismo que transportarlo de Buenaventura a Bogotá. Si eso es así, entonces ¿por qué la ciudad que tiene la empresa produciendo a 20 km vende al mismo precio que en la ciudad donde la fábrica queda a 200 km?

Su debate también es sobre los insumos agrícolas. ¿Qué pasa con la competencia en la venta de estos productos?

Lo que pasa en esa industria no es menos grave, tenemos probado que en muchos de los productos más representativos en dos de las empresas más grandes, Avocol y Monómeros, que tienen el 50% del mercado en la úrea y el glifosato, el precio no era parecido sino idéntico. Y por períodos de hasta un año. Y cuando la una bajaba, a los tres días la otra bajaba también el precio y no hay ninguna sanción ni medida sobre ellos.

Cuando uno les consulta a las autoridades sobre por qué está pasando esto, ellos inmediatamente dicen que es responsabilidad del ministro de Agricultura. ¿Es así?

Este es un debate de Estado y no es para lavarse las manos. El ministro de Agricultura es quien debe prender las alarmas y hacer las denuncias, pero quien debe actuar en esa materia es la autoridad de competencia, pues para eso está creada.

¿Y no ha habido por parte de la SIC investigaciones para Monómeros y Avocol?

Hay investigaciones desde 2006 que se cerraron con la figura perversa del acuerdo de garantías de 2007. Hay un hecho aterrador en 2011 de una investigación a Monómeros por acuerdo de precios, donde fue la SIC a sus oficinas y no dejaron que la autoridad tomara las copias de los computadores y demás. ¡Prefirieron dejarse meter la multa de 1.400 millones de pesos! A lo que uno, obviamente, se pregunta: ¿Qué es lo que esconden? Y ya sabemos qué: el acuerdo de los precios.

Y ya que es un debate de Estado, ¿al Gobierno en este caso de los insumos no le cabe ninguna responsabilidad?

Mire, el Gobierno ha tratado de hacer algo con el tema. Incluso yo colaboré cuando aprobamos que se les bajaran los aranceles, y en la reforma tributaria les bajamos el IVA, y eso no les llegó a los campesinos porque hay poder de mercado y monopolio.

¿Lo que ratifica esto que usted dice es que esas medidas fiscales no tuvieron ningún efecto?

Pues sí, pero a la inversa: que les ahorramos una plata a estos señores, el Estado colombiano deja de recibir impuestos y el campesino sigue pagando lo mismo o a veces hasta más.

Usted ha sido un gran opositor del impuesto del 4x1.000, ¿Qué opina de la propuesta del Gobierno de sostenerlo para salvar el agro?

Ese impuesto le hace daño a la gente y a los más pobres de Colombia, es antitécnico, regresivo, perverso y aleja a los pobres de la formalidad. ¿Quién va a querer tener una cuenta en un banco con ese impuesto sumado a los altos costos de la banca? En el país tenemos usos de efectivo igual a los de hace 30 años, eso es sinónimo de economía informal. Eso les hace daño a los más pobres, porque los empujamos al crédito gota a gota.

Pero no me ha respondido…

Ya decía yo hace un año que algo iba a surgir y no iban a cumplir con el desmonte progresivo de ese impuesto. Yo apoyo el agro, pero esa no es la solución. Primero porque el daño es también para los campesinos, que cuando piden un crédito agropecuario también pagan 4x1.000. El impuesto se le debe poner es a quien se ha beneficiado de la política económica del Estado. Es decir, que a quien hay que cobrarle hoy los impuestos para solucionar esta crisis, es a los dividendos. Yo he propuesto que se cobre el 5% a los dividendos, ahí está el sector servicios, que incluye a los bancos.

Además del sector servicios, según usted ¿a qué otro sector se debería gravar?

Al minero energético. ¿Usted sabía que ellos deducen de su declaración de renta lo que pagan en regalías? Si impedimos que lo deduzcan, como pasa en muchos países del mundo, ahí tenemos una caja de 2 billones de pesos. Además, hay que abrir el debate de los parafiscales, que hoy se utiliza para financiar las cajas de compensación y en muchos casos todos sabemos para qué los han usado: para hacer hoteles que utilizan los ricos y la clase media. Hay que hacer el debate, hoy lo requiere el agro colombiano. No sigamos con el mismo discurso de que tendremos el 4x1.000 por un año, ¿qué va a pasar entonces dentro de un año? ¿Piensa el Gobierno que dentro de un año se acaba la crisis del agro? Esa es la maña que tenemos en Colombia, de querer apagar los incendios con medidas a corto plazo y no a profundidad.