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La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender el proceso de venta de Isagén, mientras se resuelve la acción popular instaurada por el ex presidente Álvaro Uribe, está lejos de disuadir al Gobierno Santos de la idea de enajenar el 57,6 % de las acciones de la tercera generadora de energía del país.
Si bien la medida del Tribunal tiene una consecuencia lógica e inmediata, que frena el proceso, el ejecutivo advirtió que persiste en su empeño porque los recursos de la privatización se requieren con urgencia para adelantar obras viales que hagan más competitivo al país.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, aseguró “que Isagén no se va a regalar, sino que se va vender, y muy cara, para dotar al país de la infraestructura vial que requiere”. No piensa lo mismo el abogado, Guillermo Rodríguez, designado por Uribe y su ex ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, para litigar en contra del citado negocio.
Cárdenas Santa María dice estar seguro de la necesidad de vender Isagén: “Queremos buenas carreteras, de manera que vamos a seguir nuestro proceso, cumpliendo con todos los trámites y exigencias”, recalcó.
“La acción popular interpuesta para frenar la venta de Isagén, en ninguna de sus partes habla de suspender el proceso”, aclaró Cárdenas.
En medio de esta polémica, que podría agudizarse en las próximas horas, los grandes damnificados son los accionistas de Isagén, ya que la acción, que abrió el mercado a $2.960, al cierre de esta edición caía 3,27%.
El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, se mantuvo apartado del tema, al señalar que no conocía los pormenores de la demanda interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe.
Entre tanto, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (Asocodis), señaló que este es un tema netamente jurídico, en el que considera que su gremio no debe intervenir. Además, recalcó que desconoce los detalles de los motivos de la demanda.
Sin embargo, reiteró que la regulación en Colombia no hace diferencia si una empresa es pública o privada. Lo importante en el sector es que las señales se mantengan claras, como hasta hoy, y que éstas contribuyan a que se dé la expansión en la medida en que lo requiera el país.
Lo cierto de este proceso es que el Gobierno insistirá en vender y los $4,5 billones que obtendrá de esta transacción se destinarán a la financiación de obras de infraestructura de transporte, cuando el país creía que había suficientes recursos para ejecutar estos proyectos.
Sin embargo, hay cierta preocupación entre los empresarios del sector de la ingeniería, quienes ven que los recursos que se deben destinar a la construcción de por lo menos 30 proyectos de la Cuarta Generación de Concesiones (4G) se podrían ver comprometidos con esta situación.
Mientras que la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) espera que el Gobierno mantenga su decisión de sacar adelante el programa 4G, lo que permitirá que el país construya la infraestructura que requiere para ser más competitivo, siguen las discusiones sobre la existencia de un hueco fiscal y el supuesto interés gubernamental de taparlo con los recursos que se obtengan por la venta de Isagén.
Frente a este tema, Cárdenas explicó que los recursos que se obtengan por la venta de la compañía quedarán en una reserva y sólo se tocarán a partir del 7 de agosto de 2014.
Entre tanto, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), recalcó que los planes del Gobierno se mantienen vigentes y que por ahora no tiene ninguna modificación la inversión cercana a los $50 billones que costaría la Cuarta Generación de Concesiones Viales.
Los detractores del Gobierno apoyan la posición del director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, quien sostiene que la venta de Isagén es una decisión netamente fiscal del Gobierno.
jchacon@lespectador.com
@jairochacong