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La justicia española decidió este viernes que Coca-Cola no tiene que devolver a sus empleados de una fábrica cerrada los mismos trabajos que allí tenían embotellando la bebida mientras les mantenga el salario y las condiciones laborales.
Los empleados que fueron despedidos cuando la filial española del gigante estadounidense cerró varias de sus plantas de embotellado acudieron a la justicia para recuperar sus empleos.
Varias decisiones judiciales obligaron entonces a la empresa a anular el despido de 1.000 trabajadores y a readmitir a más de 200 que ya habían perdido sus puestos. El proyecto de cierre de las plantas provocó meses de huelgas y protestas el año pasado.
Un total de 85 empleados volvieron al trabajo en septiembre en un nuevo centro logístico instalado en el emplazamiento de una de las fábricas embotelladoras, en la localidad de Fuenlabrada, al sur de Madrid.
En el caso de los otros 130 trabajadores, la justicia tenía que decidir si podían ser asignados a nuevos puestos en el centro logístico o la empresa debía devolverles su anterior trabajo de embotellado pese a los planes de Coca-Cola de reducir dichas operaciones.
La Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, respaldó este viernes en un fallo escrito la decisión del gigante de las bebidas de mantener la planta de Fuenlabrada como centro logístico.
El tribunal consideró que los trabajadores de Fuenlabrada habían obtenido todas las concesiones "posibles" de Coca-Cola al conservar "los empleos, los salarios y los horarios".
"Aunque se han modificado sus funciones, se ha producido dentro de los límites, según la Sala, de la movilidad funcional ordinaria y constituye la solución 'más razonable' para la liquidación del conflicto", escribieron los magistrados.
La economía española se recupera de cinco años de recesión o estancamiento pero su tasa de desempleo sigue siendo extremadamente alta, superando el 22%.