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Casi quince días después de que el Gobierno Nacional presentara el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que contiene la política pública y planes de inversión para los próximos cuatro años, en todos los sectores se han alzado voces contra el proyecto, por la alta inversión en seguridad y por tratarse de un plan enfocado en un eventual proceso de paz, pero que no contempla ese escenario, entre otros cuestionamientos.
A instancias del representante a la Cámara por Bogotá Alirio Uribe Muñoz, ayer fue convocada una audiencia pública en la que se debatieron aspectos como la participación de los campesinos en el presupuesto, el conflicto armado y la financiación del PND.
Aunque en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el gabinete ministerial se argumente que el plan tiene tres pilares fundamentales que cubren la realidad nacional: paz, equidad y educación, las personas que viven en las zonas rurales del país se sienten amenazadas por el proyecto y no comulgan con él.
Principalmente porque, a pesar de que se realiza en una coyuntura en la que se adelantan diálogos de paz con las Farc, los representantes de los campesinos consideran que no se les reconoce como víctimas del conflicto armado, cuyos actores también incursionaron en sus territorios, sino como trabajadores agrarios, y tampoco se tiene en cuenta el modelo de economía campesina sino que se promueve la agroindustria, favoreciendo a la gran empresa, según explicó en su intervención el presidente del Coordinador Nacional Agrario, Robert Daza.
A propósito de los señalamientos sobre la carencia de un enfoque basado en un eventual posconflicto, Lina García, coordinadora de proyectos del DNP, le dijo a El Espectador que el PND “sí contempla un escenario de posconflicto, pero no habla explícitamente de él porque la firma de los acuerdos aún no se ha dado. Poner el PND en clave de construcción de paz es precisamente generar los escenarios necesarios desde todos los frentes para que después sea fácil incorporar los acuerdos en la realización de la política pública”.
Sin embargo, en concepto de Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, el acceso a la tierra y la titulación de baldíos por parte de los labriegos queda restringida en este proyecto por cuenta del artículo 97, que establece un marco especial sobre la administración de la tierra por parte de la Nación, y porque no se define quién es realmente un trabajador agrario: un campesino que tiene como única fuente de subsistencia la tierra o cualquiera que quiera invertir en ella.
Otra problemática que el Gobierno queda en deuda de solucionar es la participación de la mujer campesina en el desarrollo del sector rural. Según las cifras presentadas por Matilde Mora, representante delegada por la Mesa de Incidencia de las Mujeres Rurales Colombianas, más de cinco millones de mujeres ejercen actividades en el campo, la mitad de ellas viven en condiciones de pobreza y son las más afectadas por el desempleo.
Por esta razón consideran que dentro de la aprobación del PND se debe tener en cuenta un viceministerio de la mujer rural en el Ministerio de Agricultura, adecuar los horarios de cursos del Sena a las labores que ellas ejercen a diario y que el 40% de la distribución de baldíos y subsidios integrales de tierra se haga a hogares donde la mujer sea la cabeza del hogar.
Si bien centros de estudio y observatorios laborales del país aplauden la intención de invertir en la reducción del desempleo en casi dos dígitos en los próximos cuatro años, así como la informalidad, el coordinador del Observatorio de DD.HH., Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Alberto Yepes, puso de relieve la crisis laboral que se podría generar ante una eventual firma de la paz.
“Del medio millón de personas que hacen parte de la Fuerza Pública, cerca de 300.000 quedarían sin trabajo si se firma la paz y no hay planes laborales contemplados para ellos (…) hay que articular iniciativas que integren a la economía a quienes hicieron parte del conflicto”.
Desde esta óptica, Yepes agrega que los roles que podría asumir la Fuerza Pública “estarán determinados por la OTAN y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos”. Los militares colombianos podrían hacer tareas de asistencia en seguridad en otros países, según explicó.
Aunque el debate que se llevó a cabo ayer evidentemente se hizo sobre unos supuestos acuerdos de paz que aún no han concluido, de darse, comenta Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los próximos dos años “se necesitaría un nuevo Plan Nacional de Desarrollo”.
Sin duda alguna, este Plan dejará a más de uno inconforme, pero lo importante es que no queden dudas de cómo se ejecutará el presupuesto de los próximos cuatro años, pues por ahora el DNP atribuye tanta confusión a que a veces el lenguaje usado por quienes lo redactaron es muy técnico y la gente cree que hay cosas que no están.