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La industria de la telefonía móvil, tal y como se conoce en Colombia, sufrirá un cambio profundo en 2014. Y el primer paso se dará aproximadamente en un mes, la fecha límite para que Claro y Movistar, los líderes de la industria (según cifras oficiales, concentraron el 81,71% del mercado en diciembre de 2013), confirmen su intención de seguir operando en el país. Eso les significará un desembolso conjunto de $4,13 billones.
Ese día, cada uno tendrá que realizar un primer pago de $286.000 millones para confirmar la renovación de su permiso para operar el espectro que han venido operando desde 1994, monto que podrá cancelarse en dos fases: la mitad en efectivo y la otra parte en obligaciones sociales, como expandir la cobertura a las zonas de frontera y las rurales apartadas, establecer zonas de internet inalámbrico gratuito o, entre otras, un sistema de información de desastres a través de mensajes de texto.
El resto del dinero se divide en dos componentes. El primero es el precio por usar el espectro radioeléctrico para comercializar sus servicios (ambos cuentan con 50 megahertz), que consiste en una cuota del 0,7% de los ingresos brutos; el segundo, que abarca el 2,2% de los ingresos, corresponde al valor propio del permiso de operación. Dichos valores implican que Movistar tendrá que cancelar alrededor de $1,3 billones, mientras que la ‘factura’ de Claro ascenderá a poco más de $2,7 billones. Si no están de acuerdo con los valores liquidados, los operadores pueden presentar un recurso de oposición dentro de 10 días y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene hasta dos meses para responder.
El segundo paso significará un salto de calidad. Los propios operadores tendrán que garantizar el buen servicio de su señal telefónica en todo el territorio a través de microzonas (puntos específicos en una ciudad o una población, como un barrio o una comuna). En su identificación jugarán un papel central los usuarios, quienes podrán identificarlas a través de la aplicación móvil promovida por el Gobierno, que puede descargarse en la página web calidadcelular.co.
“Esas zonas se intervendrán a través de planes de acción. Los operadores tendrán un plazo de hasta 30 días para presentarlos y otros 30 días para solucionar los inconvenientes, so pena de aplicárseles sanciones”, explicó Diego Molano, ministro de las TIC, quien explicó que, de darse esa situación, se les prohibiría seguir comercializando sus servicios. Incluso, los funcionarios de la cartera se conectarán a los sistemas de la compañía para evaluar los progresos.
Y el tercer paso fue revelado ayer por El Espectador: a partir del primero de julio se eliminarán las cláusulas de permanencia mínima de los contratos. De hecho, el usuario contará con uno para contratar el servicio de telefonía móvil y otro para adquirir dispositivos, que además podrán comprarse en lugares distintos a las tiendas de los operadores, como almacenes de cadena.
La medida está soportada en un estudio a cargo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre el comportamiento de los precios de los equipos, realizado desde noviembre de 2013. “Revisamos la experiencia de otros países que tomaron medidas similares. Y, como resultados, encontramos reducciones en los precios de los planes ofrecidos por los operadores y una apertura mayor en el mercado de celulares. En el mediano plazo, el valor de los equipos se acercaría a su costo de fabricación”, comentó Juan Manuel Wilches, comisionado de la entidad.
“Se logró el objetivo de que el usuario finalmente tenga libertad, que no esté amarrado a un operador en un tiempo específico sin condiciones de calidad en la prestación del servicio. También es positivo el fomento de mayor competencia en la industria”, declaró Eugenio Prieto, senador liberal y ponente de un proyecto de ley en el Congreso sobre la materia.
La medida, sin embargo, no tendrá retroactividad. Por eso, quien tenga un contrato con una cláusula de permanencia vigente, tendrá que cumplirla.
dmayorga@elespectador.com