Miren con cuidado y la foto oficial de la Cumbre de las Américas en Cartagena es inusual. Cristina Fernández, la coqueta y vistosa presidenta de Argentina, está casi invisible en el fondo. Viajó antes del cierre a su país.
Según todas las versiones, estaba furiosa. Había fracasado en su intento por reunir apoyo internacional en torno a sus pretensiones sobre las islas Malvinas. También corrió el rumor de que Argentina podría ser expulsada del G20. Ya de vuelta en Buenos Aires, regresó a la ofensiva. Argentina, dijo ante un público que la vitoreaba, nacionalizaría YPF, la petrolera controlada por españoles.
Fue un despliegue magistral de sus características políticas: nacionalismo virulento mezclado con indignación virtuosa. Vestida en su traje de viuda y ante a una imagen gigante de Eva Perón, la heroína nacional, Cristina se proyectó como alguien que protegería a su país de los depredadores extranjeros. “Debemos tener una empresa de la que los argentinos se sientan de nuevo orgullosos”, tronó.
El resto del mundo lo ve diferente. Para España es una maniobra populista por parte de un gobierno proteccionista con poca credibilidad internacional. El ex poder colonial tiene como empresa bandera a Repsol, cuya participación de 57% en YPF será nacionalizada.
Para muchos, la nacionalización es el descenso más reciente de un largo declive. Hace cien años Argentina era uno de los países más ricos del mundo, con un producto interno bruto per cápita comparable al de Alemania o Francia. Hoy, a pesar de los vastos recursos humanos y naturales, el indicador cayó a la mitad.
El diagnóstico más común que explica este fenómeno es la inestabilidad política. Los liberales culpan al gobierno de Juan Domingo Perón, y los izquierdistas como Fernández, a la dictadura militar (1976-83). También consideran que la visión económica de los militares preparó el camino para el radicalismo de libre mercado de Ménem en la década de los 90. Fue entonces que se privatizó YPF.
El modelo Menem funcionó bien durante muchos años, pero culminó en 2001 con un cese de pagos por US$100.000 millones. En el trauma nacional que le siguió a la crisis, Néstor Kirchner, el esposo de Fernández, pasó de ser un oscuro gobernador de la Patagonia a presidente. Impulsada por los altos precios de los commodities, la economía gozó de tasas de crecimiento como las de China. Esto parecía confirmar la bancarrota intelectual de las políticas neoliberales. Después del cese de pagos, y en un país famoso por su nepotismo, los viejos oligarcas fueron reemplazados por otros nuevos.
Entre estos grupos que fueron invitados al círculo íntimo de la familia presidencial se hallaba el clan Eskenazi, que dirigía el conglomerado de construcción Petersen. Los Kirchner les solicitaron que invirtieran en YPF y compraron una participación de 25,5% en una transacción apalancada de US$3.500 millones.
Lo que entonces pareció un negocio astuto está hoy en el ojo del huracán. Fernández alega que los altos dividendos de YPF implican que evadió inversiones en producción energética y exploración. La ironía es que las políticas de dividendos fueron idea de su esposo.
Fernández lo sucedió en 2007. Una nacionalización sorpresiva de los fondos de pensión privados en 2008 fue muy popular, así como muchos argentinos están satisfechos de ver a YPF de nuevo en manos estatales. Poco antes de su reelección en 2010, apoyó políticas fiscales y monetarias relajadas. Los subsidios energéticos se salieron de control y el excedente comercial cayó por una cuenta de importación de petróleo de US$9.400 millones que es el motivo más claro para la nacionalización.
Su radicalización, que ha culminado con el regreso de YPF al Estado, pone de relieve los temores de que la economía ha entrado en descontrol. Sin los dividendos petroleros, los Eskenazi pueden esforzarse por pagar sus deudas. La familia, que ha mantenido un bajo perfil, prefiere permanecer callada, pero la manera como fueron tratados probablemente sea notada por otros oligarcas.
Así las cosas, algunos analistas consideran que la nacionalización fue una maniobra autodestructiva. El gobierno ya puede contar con las ganancias anuales de US$1.200 millones, pero hará falta muchas veces esta cifra para desarrollar las reservas y los grandes inversionistas obviamente están cautos.
La política impulsiva también aumenta la probabilidad de que haya una dura recesión y una crisis en la balanza de pagos. “Todo se improvisa. No hay un plan”, dijo un exfuncionario. El asunto YPF ha aislado a Fernández internacionalmente, mientras que en casa escucha a pocos que no sean Máximo y Axel Kicillof, un marxista que es el ministro de Hacienda encargado. Es posible que haya más radicalización, aunque probablemente no repita el huracán de expropiaciones de Venezuela.
Se dice que a Jorge Luis Borges una vez le propusieron que entrara a la política nacional. “¿Cuál es el punto si las cosas sólo van a empeorar?”, respondió. Sus amigos dijeron que las cosas estaban tan mal que no había espacio para que pudieran empeorar. “Pero el espacio es infinito”, replicó Borges. Esto parece ser del todo cierto en Argentina.