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Los dilemas de una fusión

El operador, que tendrá que devolver 50 MHz de espectro, está a la expectativa de una decisión del ente regulador que le ordenaría congelar la venta de servicios en esas frecuencias. La industria espera que el veredicto se dé antes de julio.

David Mayorga
04 de abril de 2014 - 03:31 a. m.
De darse la fusión, Une devolvería los 50 Mhz que posee en frecuencias altas, los cuales se consideran más onerosos que los de Millicom (Tigo). / Óscar Pérez
De darse la fusión, Une devolvería los 50 Mhz que posee en frecuencias altas, los cuales se consideran más onerosos que los de Millicom (Tigo). / Óscar Pérez

El futuro inmediato de la industria colombiana de las telecomunicaciones se está definiendo por estos días en las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la entidad que decide en estos momentos si avala o no la fusión de Une (principal proveedor de internet 4G en el país) con la firma luxemburguesa Millicom (opera en el mercado local la marca Tigo, el tercer operador de telefonía móvil).

Se trata de una definición vital, toda vez que su aprobación depende de un delicado análisis sobre el impacto que tendría en la competencia en los segmentos de televisión por suscripción, internet, telefonía fija y, especialmente, telefonía móvil. De contar con luz verde, se daría paso a la consolidación del segundo conglomerado más grande del país en materia de telecomunicaciones, por detrás de Claro.

Precisamente, es por la naturaleza de esa decisión que los principales ejecutivos de Une aterrizaron esta semana en Bogotá para tener mayores luces sobre el avance del proceso y los ajustes administrativos que tendrían que realizar cuando la entidad adopte una decisión que también puede contener limitaciones.

Este, como cualquier otro proceso de su naturaleza en el país, se rige por la Ley 1340 de 2009, que le concede a la SIC atribuciones especiales para la protección de la competencia. “Las decisiones pueden variar dependiendo del análisis de la entidad. Si determina que la afectación es muy grande, puede prohibirla, tal como se hizo con la integración entre Phillip Morris y Protabaco. También puede ordenar otros mecanismos para proteger el mercado, como las desinversiones o el compartimiento de servicios con terceros”, explica Gustavo Valbuena, quien fuera superintendente de Industria y Comercio entre 2007 y 2011.

Sin embargo, la fusión entre Une y Millicom adquiere un significado especial por cuenta del espectro que ambas utilizan para ofrecer sus servicios. El uso de este recurso está regulado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el cual establece un tope de acumulación de 85 megahertz (MHz) por operador; en el evento de una fusión, la compañía quedaría con 135 MHz.

El año pasado, en los meses previos a la subasta de 4G, el Ministerio señaló que el operador resultante tendría que devolver el espectro excedente (50 MHz), lo cual tendrá serias consecuencias en la operación de Une. “Por recomendación ministerial, la SIC propone que se congele la comercialización de servicios en ese recurso. No hay ninguna justificación del porqué. Sin embargo, si la condición se confirma, hemos solicitado que nos den un tiempo considerable de adaptación del servicio, en especial porque estaremos bajo ley de garantías hasta el final de la segunda vuelta presidencial”, comenta Marc Eichmann, su presidente.

Dicho período sería de un año, pues, por regulación, ni Une ni Millicom pueden presentar en estos momentos un plan de negocio en conjunto para actuar en esa contingencia, cuyo diseño se tomaría seis meses. En la segunda mitad de ese plazo se estima que la compañía tendría que sortear una dificultad mayor: encontrarles un nuevo operador a cerca de 300.000 clientes que hoy tienen contratados sus servicios y se benefician del espectro a entregar.

Al ser consultada por El Espectador, la SIC se reservó cualquier pronunciamiento oficial porque el tema está siendo analizado por la Delegatura para la Protección de la Competencia. Pero al plantearle el caso a Valbuena, expresó: “Me parece una medida cuestionable, porque sería un mensaje contradictorio para el consumidor que adquirió un servicio. No obstante, el congelamiento de la comercialización puede aplicarse si garantiza la competencia”.

Se espera que la entidad regulatoria tome una decisión sobre este caso antes de finalizar el primer semestre y defina las condiciones de una integración que podría generar ingresos y sinergias por cerca de $1,8 billones.

 

 

 

dmayorga@elespectador.com

Por David Mayorga

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