Esta será una semana definitiva para el futuro de las telecomunicaciones en Colombia. Y en especial para las industrias de la telefonía móvil e internet, pues, en los próximos días, el Gobierno, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) decidirá los términos bajo los cuales se realizará la subasta más grande de la historia en el sector de telecomunicaciones, con la cual se busca masificar la tecnología LTE (conocida como cuarta generación de comunicaciones o 4G), la misma que permite navegar a la más alta velocidad en el mercado.
Se trata de la concesión de 225 megahertz (MHz) de espectro radioeléctrico, la materia prima por la cual se mueven las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos, las imágenes, los videos, entre muchos otros recursos, utilizados a diario por los colombianos para comunicarse con sus conocidos. Una cifra de gran trascendencia, si se tiene en cuenta que desde lo años 90, cuando la industria empezó, hasta hoy se han licenciado 190 MHz.
Ha sido gracias a su explotación que el país cuenta con 46,8 líneas de telefonía móvil, 5,5 millones de conexiones de internet de banda ancha y 6,4 millones de suscriptores de internet. De acuerdo con las cifras oficiales, el sector reportó ingresos superiores a $18,1 billones en 2011.
Pero, tal como era de esperarse, ha sido un proceso en el que la tranquilidad ha durado muy poco. Para saberlo basta con ver el cronograma inicial publicado por el Ministerio de las TIC en marzo pasado y el estado actual de las cosas: para estos momentos, el país ya debería saber quién salió triunfante de la subasta y con cuánto espectro, pero es algo que sólo se conocerá en diciembre, pues los funcionarios apenas se disponen a definir los lineamientos que regirán el primer borrador del pliego de peticiones.
El retraso obedece a las múltiples críticas, peticiones de aplazamiento y acusaciones de favorecimiento al principal jugador de la industria: Claro. De hecho, las definiciones del proceso han girado en torno a su presencia o posible exclusión de la sala de oferentes. “La postura de 90% del sector es que esta es la última oportunidad para controlar la dominancia en el mercado de las telecomunicaciones”, asegura Marc Eichmann, presidente de Une, único operador con 4G en el país.
Claro es hoy por hoy el punto de referencia de la industria: es dueño del 46,1% del mercado de televisión por suscripción, el 61,9% del de telefonía móvil y controla el 85% de la transmisión de datos en este segmento. Registró ingresos por $8,4 billones el año pasado y fue declarado por las autoridades regulatorias como el operador dominante en 2010.
Desde el primer momento manifestó su interés de tomar parte en la subasta, algo que no molestó entonces porque el proceso contaba con dos garantías para fomentar la competencia: la reserva de 70 MHz, los cuales debían subastarse entre las empresas “interesadas ”entrantes” (aquellas dispuestas a invertir por primera vez en el país).
Pero esa característica se desdibujó en el camino ante el lobby que los “incumbentes” (las compañías ya instaladas) hicieron por todos los medios disponibles, en nombre propio y a través de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), el gremio que los reúne.
Es así como el Gobierno se dispone hoy a decidir entre seis escenarios que modelarán los pliegos definitivos (ver infografía), con sus propios defensores y críticos. “Van de un extremo a otro, desde la participación de todos los actores posibles a la exclusión del más grande”, opina Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), órgano consultivo del Gobierno en el proceso.
Hasta el momento sólo cuatro sillas tienen puesto: Claro, Movistar y Tigo, los operadores incumbentes, los mismos que han ejercido la presión más fuerte por la eliminación de las reservas de espectro. Y Directv, compañía que ve a la internet 4G, de altísima velocidad, como el complemento perfecto a su propuesta de televisión paga. “Todo nuestro plan de negocios lo hemos sustentado sobre esta combinación. Por cuestión de costos, no pensamos aún en telefonía móvil, pero esta decisión no es definitiva”, comenta Roque Lombardo, su presidente.
Otras tres sillas se encuentran en duda: las de Avantel (considerado como entrante debido a que cuenta hoy en día con una operación en bandas de baja frecuencia), Azteca Comunicaciones y Une, que han supeditado su participación a la exclusión de Claro y la presencia de reservas.
“Destaco a Avantel, que necesita mudar a sus clientes a una red de mayor capacidad, y Directv, que busca ofrecer servicios empaquetados. No creo que el resto de posibles participantes —Nextel, ETB, Entel Chile, etc.— oferten por cuestiones de montos de inversión para el despliegue y la adquisición de clientes en el mercado”, señala José Otero, presidente de la consultora Signals.
La decisión se dará a conocer en el transcurso de la semana. Y para entonces se sabrá si un nuevo competidor buscará disputarle el dominio del sector no sólo a Claro, sino a los tres incumbentes que buscan seguir expandiendo sus negocios. Las ofertas comenzarán a escucharse, de acuerdo con el nuevo cronograma, en diciembre próximo.
El factor Brasil jugaría en contra
Aunque la subasta de espectro colombiana ha llamado la atención de diversos jugadores de la industria, no es el único proceso que se adelanta en la región.
La alta concentración de mercado en manos de Claro, un jugador sumamente agresivo, influiría para que ese interés se decantara por el mercado brasileño, de mayor número de usuarios potenciales y con una urgencia inmediata de nuevas inversiones de cara a los dos eventos mundiales de los que será anfitrión en los próximos años: el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.
Según la revista The Economist, el país necesita inversiones superiores a US$117.000 millones de cara a la inmensa demanda de tráfico de datos que, se calcula, se presentará durante ambos certámenes.
Aunque el 87% de los brasileños cuentan con una línea de telefonía móvil, la pésima calidad del servicio obligó al Gobierno a imponer sanciones y a abrir licitaciones de espectro en cada una de las ciudades sedes.
A pesar de las altas necesidades de inversión en el sector, los operadores han ofrecido desembolsar sólo US$9.700 millones.