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Un crédito por $120.000 millones otorgado por el Banco Agrario de Colombia a Navelena, encargada de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, ha generado todo tipo de suspicacias sobre la forma de actuar del único banco público del país. El rechazo de quienes se oponen a que esa operación se haya realizado radica, en parte, en que se trata de una entidad cuya actividad se debe enfocar sobre todo en el sector agropecuario. Pero, más aún, radica en que el beneficiario del préstamo está compuesto en un 87 % por la brasileña Odebrecht, que en Colombia habría entregado desde 2009 unos US$11 millones en sobornos para hacerse a millonarios contratos en el sector de la construcción.
Al paso salió el actual presidente del Banco, Luis Enrique Dussán, a explicar que la operación fue aprobada por la junta directiva de la entidad en noviembre de 2015, en condiciones “normales”, luego de un estudio jurídico, para un proyecto que previó ingresos por $2,5 billones, con el respaldo de una fiduciaria (la de Occidente, del Grupo Aval) y que, además, el Banagrario al fin y al cabo es un banco comercial que debe cumplir el requisito de tener mínimo el 70 % de la cartera en el sector rural y agropecuario. Es decir, hay un 30 % que puede ir a otros sectores de la economía.
Sin embargo, Dussán no era el presidente de la entidad cuando el crédito llegó a la junta, en agosto de 2015, ni cuando se aprobó, en noviembre del mismo año. A la cabeza se encontraba Francisco Solano, quien, en diálogo con La República, defendió la operación y aseguró, de igual forma, que ésta fue aprobada por la junta directiva. Consultados por este diario, miembros de la junta que dio el visto bueno al crédito coincidieron en que no recibieron ningún tipo de recomendación o presión para aprobar el préstamo.
Por otro lado, aseguraron que las condiciones eran las adecuadas, como la garantía de la fiducia, en la que, de acuerdo con Dussán, hoy hay cerca de $150.000 millones, que servirían para pagar las acreencias con el Banco Agrario una vez se dé el cierre financiero del proyecto del río Magdalena o, “en el peor de los casos”, se liquide el contrato tras una caducidad. Además, sería un pago con prioridad, según Dussán, debido a que el Banco Agrario prestó el dinero para la etapa de la preconstrucción. En todo caso, Navelena, dijo el presidente del banco, ya incumplió los dos pagos que debió hacer en diciembre, y la entidad inició el proceso del cobro de la garantía.
Los miembros de la junta consultados, asimismo, advirtieron que al momento de la aprobación aún no había ninguna alerta sobre las operaciones de Odebrecht en Colombia. Fue días después, el 4 de diciembre de 2015, que la Superintendencia de Sociedades “determinó que la sociedad con estados financieros a junio 30 de 2015 cuenta con unos activos por valor de $25.494 millones y unos pasivos de $29.399 millones, lo que refleja que ha quedado en causal de disolución”, como se lee en una carta enviada por el ente de vigilancia al representante legal de Norberto Odebrecht Colombia, Luis Antonio Mameri, y su revisora fiscal, Diana Paola Ortegón.
El Espectador recogió otras participaciones que el Banco Agrario ha tenido en el sector de la construcción. Son cinco garantías bancarias otorgadas para tres proyectos: Conexión Pacífico 3 (entre La Virginia y La Pintada), Alto Magdalena (Girardot-Honda-Puerto Salgar) y Costera (Cartagena-Barranquilla). Estos respaldos fueron aprobados entre febrero y julio de 2016, por un plazo de 12 meses renovables, a las compañías Constructora Meco S. A. (de Costa Rica) y MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, y suman un total de $462.000 millones.
El proyecto Girardot-Honda-Puerto Salgar, de 190 kilómetros, fue adjudicado en 2014 a MHC y Meco, y contempló una inversión por $902.743 millones, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Pacífico 3 está compuesto, además de MHC y Meco, por Construcciones El Cóndor, y contempla 146 kilómetros de vía intervenida, 74 puentes, 2 túneles, 8 intersecciones, 4 peajes y 30,8 km de carriles de adelantamiento, con una inversión estimada en $1,86 billones.
Finalmente, el proyecto de 146,6 kilómetros de Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, con una inversión estimada en $1 billón, fue contratado con la Concesión Costera (MHC y Meco), en 2014. La Agencia Nacional de Infraestructura aseguró a este diario que los tres proyectos de cuarta generación mencionados avanzan con normalidad: Alto Magdalena, de un 22 % que debería llevar ejecutado, lleva 21,5 %; Pacífico 3 va en 9,5 %, de un 6,5 % programado, y Cartagena-Barranquilla va en 18,8, de un 24,8 %.
El monto en garantía dado a estos constructores representa casi cuatro veces los recursos prestados a Navelena y cerca del 3,5 % de lo que el Banco Agrario reportó en cartera total en 2016. Sin embargo, estos respaldos no se cuentan dentro del 30 % de operaciones que el banco puede hacer en sectores distintos al agropecuario, a menos que se desembolsen. En los documentos conocidos por este diario se reportan también las contragarantías que ambas empresas privadas contrataron con Fiduagraria.
Un experto del sector bancario, que prefirió no ser citado, aseguró que un banco comercial, como el Banco Agrario, puede verse inclinado, por la competencia del mercado, a estar presente con productos como las garantías bancarias. El Banco Agrario estableció la política y las normas que rigen la expedición de este tipo de garantías por parte de su entidad en 2015, y el procedimiento fue reglamentado en 2016, mismo año en que se dieron los respaldos a los dos constructores mencionados.