Más espectro para servicios móviles

Así como los carriles en una autopista son un recurso fundamental pero finito para el tráfico de automóviles, el espectro radioeléctrico también lo es para los servicios de telefonía, internet, televisión, entre otros.

Tal y como a los servicios de transporte y a los ciudadanos les viene bien que haya más vías para circular, a las empresas de telefonía les es útil tener más espectro para que sus datos puedan transmitirse.

Por esa razón, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la entidad que controla y vigila el espectro radioeléctrico colombiano, decidió subastar la porción restante de dos bandas, una de las llamadas “altas” y otra de las “bajas”.

Las primeras son aquellas con una frecuencia mayor a 1 GHz, y las segundas, con una menor. Por las altas circulan datos a gran velocidad, mientras por las segundas se alcanza mayor cobertura en los servicios móviles.

Según dijo Óscar León Suárez, director general de la ANE, lo que se estará subastando a mediados del próximo año es la porción restante en la banda alta de 1.900 MHz y en la baja de 900 MHz. El ancho que se asignará a los que resulten ganadores será de 5 MHz y 20 MHz, en ese orden.

Las firmas que podrán participar en la puja por la banda alta serán Claro, Movistar, Directv, Avantel y ETB. Une y Tigo están inhabilitados, pues luego de su fusión incluso exceden el límite permitido por la norma para operar en bandas altas. La devolución o paso a un tercero de esa operación de Tigo-Une “se incluirá en la siguiente subasta”, según dijo el director de la ANE. Por otro lado, a la puja por la banda baja podrán entrar Tigo-Une, Directv, Avantel y nuevos operadores.

Las condiciones que tendrán que cumplir quienes se les asignen serán, entre otras, apoyar a la red nacional de emergencias, priorizar el tráfico de voz, desplegar red en 90 localidades de difícil acceso —aún por determinar— en todo el país, resintonizar, en caso de que el gobierno lo pida, y pagar de contado un mes después de la subasta.

Si bien el monto base no se ha hecho público, lo que al Estado le dejó la pasada subasta de 4G fueron $770.000 millones. Esta licitación está planeada para el segundo trimestre de 2015, mientras se ajustan aspectos técnicos y se decide, por ejemplo, qué localidades de difícil acceso serán las beneficiadas.

El objetivo de esta nueva asignación, que se dará por 10 años a los ganadores, es dar herramientas para un cumplimiento del Plan Vive Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), que, según se ha dicho, busca masificar el acceso a la banda ancha. Según el Banco Mundial, un incremento del 10% en la penetración de banda ancha significa un crecimiento de 1,38 puntos porcentuales en el PIB de las economías en desarrollo.

Para José Otero, director de 4G Americas para América Latina y el Caribe, “todo proceso dirigido a una mayor asignación de espectro radioeléctrico para la oferta de servicios móviles es una buena noticia para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones de Colombia”. Otero aseguró que si bien Colombia está en buena posición a nivel Latinoamérica, pues después de Brasil y Chile es la que más espectro ha asignado para servicios móviles (395 MHz), aún está lejos de las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, según las que se deben destinar, para 2015, 1.300 MHz para tal fin.

Por su parte, Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), aseguró que la iniciativa es positiva, pero que, no obstante, hay que agilizar las adjudicaciones. “Estas bandas que se están anunciando para el próximo año se debieron haber asignado durante 2014, así como la adjudicación de la banda de 700 MHz”, dijo. Además, frente a que en el borrador de la resolución se establezca que el objetivo es masificar el acceso a internet 4G, Cardona cree que se debería aprovechar la oportunidad para exigir específicamente tecnología LTE.

Es de recordar que LTE es sólo una de las tecnologías, y la más rápida (100 Mbps de bajada), de la cuarta generación (4G). Según Cardona, el que la resolución no estipule que lo que se debe implementar es LTE da cabida a que se desplieguen tecnologías 4G de velocidades hasta 10 veces menores. “El estado pierde la oportunidad”. Es claro, además, que implementar LTE significaría más costos para las empresas. Ante esto, el presidente de Aciem llama la atención respecto a que lo que se está cediendo es un bien del Estado. “Lo que queremos todos es que al país lo doten con la mejor tecnología”, concluyó.