:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/daNVdf4mAolvEdLBO6tziqjucpU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/A4LODXYUSNCHJN3GBIXXJLH2XA.jpg)
El presidente Juan Manuel Santos dijo que respaldará las inversiones mineras extranjeras en Colombia que cumplan con los estándares ambientales y sociales, que no dejará que se satanicen las empresas que cumplan estos requisitos y comentó que esto no significa que se permitirá esta actividad a cualquier precio.
Además aseveró que estas firmas han aportado $31,2 billones en regalías, recursos con los cuales se financiará el 80% de los programas de educación, salud, transporte, familias en acción y Red Unidos.
El anuncio del mandatario, durante el IX Congreso de Cinmipetrol en Cartagena, dejó tranquilos a los empresarios, quienes se comprometieron con el Gobierno en la práctica de una minería de talla mundial.
Santos recalcó que su gobierno mantiene el compromiso de “mano dura contra la minería ilegal” y prueba de ello es que durante su administración se han capturado a más de 4.000 personas que la practicaban en Antioquia, Bolívar, Caldas y Córdoba.
Por su parte, el ministro de Minas, Federico Renjifo, recalcó que el Gobierno está haciendo su tarea y está trabajando en un nuevo Código de Minas que garantice las reglas de juego para el sector. “Nunca hemos estado sin una ley que garantice el desarrollo minero-energético y prueba de ello es que se expidieron cuatro decretos reglamentarios para garantizar la estabilidad”.
Si bien los dirigentes calificaron la posición del presidente como un espaldarazo al sector, el reciente informe de la Contraloría tiene en alerta a las compañías, que ven cómo la industria formalizada es satanizada y perseguida por expertos que miden con el mismo rasero a compañías de minería a gran escala con mineros informales o ilegales.
El director de la Cámara Colombiana de Minería (CCM), César Díaz, explicó que hay preocupación por los proyectos que hacen curso en el Congreso de la República para gravar más a la industria, lo que sacaría a Colombia del radar de los inversionistas. “Este es un mal mensaje para empresarios de la comunidad internacional que ven que Colombia sigue siendo un potencial importante”, explicó.
Frente a esta preocupación, el exministro de Hacienda Guillermo Perry señaló que si bien Colombia ha venido ordenando la casa, puede estar cometiendo errores al querer incrementar la carga tributaria a las empresas, ya que esto alejará la inversión, como ya ocurrió en el pasado.
“Si bien la modificación a la Ley de Regalías le permitirá al país repartir la mermelada en toda la tostada, el diseño de este modelo es muy atrasado y debería aplicarse un sistema de acuerdo con la variación del precio de los commodities y al índice de rentabilidad de las empresas, lo cual beneficiaría tanto a la comunidad y al Gobierno como a las compañías”, explicó.
Perry considera que un error del Gobierno es distribuir los recursos para los proyectos de innovación por municipios, cuando debería existir una gran iniciativa que se pueda poner en marcha aunando recursos y esfuerzos, pero no granearlos en pequeñas iniciativas.
Pese a la caída de los precios del carbón y a la producción del primer trimestre del año, el ministro Renjifo mantiene su meta para 2013 en 94 millones de toneladas.
“Estamos esperando el ingreso de nuevos proyectos, como P40 del Cerrejón (40 millones de toneladas), Prodeco y otras iniciativas, así como el compromiso de las empresas es recuperar lo perdido en el primer trimestre del año”. Asimismo, indicó que se tiene proyectado aumentar la producción en 23 millones de toneladas para 2018.
Adicional a esto, Renjifo anunció que el próximo 2 de julio se reabrirá la recepción de solicitudes de títulos mineros, luego de dos años de su cierre, tras la denuncia del entonces ministro Carlos Rodado Noriega, sobre la forma como se adjudicaban los predios, a lo cual se llamó en su momento como la ‘piñata de los títulos mineros’.
Pero mientras el Gobierno y los empresarios discutían por el futuro minero, un grupo de ONG’s sentó su desacuerdo porque, de acuerdo con una carta enviada a Santos, aseguraron que la sociedad civil no fue invitada. Un escenario donde se discuten, entre otros temas, “los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”, manifestaron.