¿Qué es la Misión para la Transformación del Campo y qué propuso?

El informe y las recomendaciones apuntan no sólo a renovar el sector agropecuario sino todo el sector rural.

Maria Alejandra Medina C.
04 de diciembre de 2015 - 03:11 a. m.

Después de casi dos años de haber sido convocada, la Misión para la Transformación del Campo entregó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, su informe final y las recomendaciones para renovar el sector rural. Se trata de un documento para guiar la política pública por los próximos 20 años, realizado por un grupo de 13 expertos y representantes del sector rural, con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeación.

Los resultados del trabajo ya se habían venido conociendo a través de diferentes entregas. (Vea “Recomendaciones para inclusión social”). Esta vez, en la presentación consolidada, finalmente se supo el costo: financiar la transformación del campo podría costar unos $13 billones anuales, es decir 1,2% del PIB, de ahora a 2030.

José Antonio Ocampo, exministro de Agricultura y director de la Misión, en diálogo con este diario, explicó que cerca de 0,7% de esos costos serían nuevos gastos, asociados a las estrategias de inclusión social, vías terciarias para el campo y ciencia, tecnología e innovación. El resto de la financiación provendría de una reasignación presupuestal de los recursos que ya existen.

El anuncio de Santos este jueves, según el cual se creará una Agencia de Tierras y otra para el desarrollo rural, liquidando el Incoder, son hasta ahora las muestras concretas de la materialización de las recomendaciones de la Misión Rural.

¿Qué encontró la Misión?

El informe reafirma que el campo colombiano es heterogéneo, debido a factores como la geografía del país, las conformaciones sociales que han sido legado de las poblaciones indígenas, las formas como históricamente éstas han sido subordinadas, las migraciones y asentamientos de pequeños productores en diferentes zonas del país. “La apertura de la frontera agraria reprodujo estas diferencias a lo largo y ancho del territorio”, dice el documento.

Ha habido concentración de la tierra, algo que ha sido inacabable fuente de conflictos; la expansión de la frontera agraria ha generado deforestación y, en definitiva, hay una pobreza y desigualdad alarmantes. Sin embargo, en inclusión social, pese a que las mayores carencias aún están en educación, acceso a agua y saneamiento y protección laboral, ha habido un gran avance. Mientras que en 1997 64,9% de la población se consideraba excluida, hoy la cifra es 26%.

Pero por otro lado, la inclusión productiva no ha sido efectiva, lo que ha dificultado la lucha contra la pobreza. “El nivel promedio de ingresos por trabajador de la población dispersa es de cerca de un tercio del salario mínimo legal”, dice el informe. “En términos de generación de empleo, el sector agropecuario es el sector más importante (51,1% del empleo en 2013). Existe, sin embargo, una importante generación de empleo en actividades no agropecuarias, en especial el comercio (17,4%) y los servicios sociales (10,6%). Estas actividades son particularmente importantes para las mujeres, que derivan el 73,7% del empleo fuera del sector agropecuario”.

En materia ambiental la Misión Rural asegura que “en Colombia, el desarrollo rural, e inclusive el urbano, se han dado sobre la base de una explotación insostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”. Ha habido contaminación del agua con químicos, particularmente con mercurio para beneficio del oro y plata. Resultados de la insostenibilidad del desarrollo en el campo han sido también la erosión y la deforestación. “Entre 1990 y 2010 el país perdió alrededor de 6 millones de hectáreas de bosques con causas directas y subyacentes que muchas veces escapan al control del ámbito forestal y ambiental debido a que son generadas en otros sectores”. La deforestación se ha concentrado en la Amazonía y los Andes.

En materia de ordenamiento y desarrollo territorial, la Misión analiza el Sistema General de Regalías. Reconoce que su intención fue generar una distribución más equitativa de los recursos. Sin embargo, “no tiene en cuenta ningún criterio de ruralidad, distribución de la población entre cabeceras y el área dispersa, ni el nivel de dispersión en zonas rurales. Por otro lado, el sistema no definió ni orientó a los entes territoriales en la forma como debían distribuirse los recursos entre sectores productivos o entre el mismo territorio, lo que ha llevado en la práctica a una concentración de las inversiones en las cabeceras municipales”.

Sobre la institucionalidad del sector rural, la Misión resalta que la inversión ha ido en declive. A principios de los 90, la participación del campo en el presupuesto de inversión era del 10%, mientras que los 2000 comenzaron con menos del 4%. Hoy la cifra es cercana al 8%. El Ministerio de Agricultura y sus instituciones se han deteriorado y la descentralización de las funciones y la ejecución no ha sido exitosa.

¿Qué propone la Misión?

Para la inclusión social, entre otras cosas, propone dos programas prioritarios de corto plazo para la eliminación de la desnutrición en el campo y una campaña de Analfabetismo cero. Asimismo, sugiere la creación de direcciones permanentes y especializadas en los Ministerios de Educación y Salud para el diseño de una política rural adecuada y diferenciada que se adapte a las particularidades del campo.

Fortalecer la agricultura familiar es clave para la inclusión productiva, así como generar nuevas oportunidades de empleo no agropecuario, como el turismo y los servicios financieros. Para eso es necesaria la inversión pública en activos productivos, generación de capacidades y promoción de la asociatividad. Es fundamental el acceso a la tierra en cantidad y calidad suficientes, así como a activos como la maquinaria y acompañamiento en buenas prácticas agrícolas y empresariales y la comercialización. La financiación se lograría con crédito y a través de proyectos bajo la modalidad asociativa que responda a las visiones locales y regionales de desarrollo productivo. Se propone un registro nacional de agricultores familiares.

Los servicios y bienes públicos desde el principio han sido elementos en los que ha insistido la Misión Rural como punto de partida para la competitividad agropecuaria. “Los bienes y servicios públicos prioritarios serán ciencia, tecnología e innovación, un gran salto en la cantidad y calidad de las vías terciarias, infraestructura de riego y regulación de corrientes de agua, sanidad agropecuaria e información”. El papel de Finagro para la financiación será clave, con particular énfasis en el acceso a crédito para los pequeños productores. Es de recordar que el Censo Agropecuario dio cuenta de que cerca de sólo 10% de los productores han solicitado un crédito.

La Misión propone poner particular atención a la sostenibilidad ambiental en el campo. Propone un plan de deforestación cero a 2030, algo que se lograría en parte deteniendo la expansión de la frontera agraria del país. Se propone un aumento de tasas por uso de agua que promueva su adecuado aprovechamiento.

Con la estrategia para el ordenamiento y desarrollo territorial, la Misión propone “garantizar un apropiado ordenamiento ambiental, social y productivo de los territorios rurales”. Recomienda un programa de formalización masiva de la tierra que se lleve a cabo a través de intervenciones en el territorio por barridos prediales. Propone crear, además, un Fondo de Tierras con fines redistributivos para reducir la concentración de la propiedad y beneficiar agricultores familiares. Para la planeación y ordenamiento, recomienda discriminar los presupuestos de inversión entre las cabeceras municipales y el área rural dispersa.

Como ya había anticipado la Misión, se propone un revolcón a la institucionalidad del sector rural (Vea: “Revolcón al Ministerio de Agricultura”). Propone un Conpes rural y un Confis rural para coordinar las inversiones a largo plazo y asegurar los recursos. Le dice al Ministerio que vuelva a ser el rector de la política y que concentre la ejecución en sus institutos adscritos. Sugiere la creación de la Agencia de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, llamado que el Gobierno parece haber atendido con el anuncio de reforma rural hecho este jueves (Vea: “Reforma integral a sector agrícola”).

La Misión recomienda crear la Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias y Agroindustriales, encargada de incentivar la inversión privada en cadenas y una Unidad Administrativa Especial de Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral enfocada en el acompañamiento integral a los pequeños y medianos productores. Propone, finalmente, “poner en marcha un programa de gran alcance para promover y fortalecer las organizaciones de productores y las organizaciones sociales, así como para ajustar los espacios de participación, empoderarlos y darles instrumentos para que respondan a los principios de transparencia, democracia y planeación participativa”.

¿Quiénes conformaron la Misión y cómo la realizaron?

En febrero de 2014 el presidente Santos convocó a la Misión. Se reunieron para trabajar 13 expertos del sector: el economista y consultor para instituciones como la FAO y el BID Álvaro Balcázar; el mexicano Julio Berdegué, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; Albert Berry, profesor emérito de Economía de la Universidad de Toronto; Henry Eder, representante del sector privado al ser miembro de la junta directiva de Manuelita; Roberto Junguito, exministro de Hacienda y presidente del Cerrejón; José Leibovich, economista, consultor, docente e investigador de asuntos rurales; Cecilia López, exministra de Ambiente y Agricultura; Absalón Machado, profesor de la Universidad Nacional e investigador de temas agrarios y de desarrollo; Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; Santiago Perry, exviceministro de Agricultura y experto en agricultura familiar; Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura; Alejandro Reyes, abogado y sociólogo investigador del conflicto y temas agrarios y de desarrollo, y Jorge Rondón, representante del sector campesino.

El estudio se valió de visita a las regiones, diálogo con el sector privado, particularmente con los gremios del sector agropecuario, y contó con el acompañamiento técnico del Departamento Nacional de Planeacion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Maria Alejandra Medina C.

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