'No podemos competir contra el contrabando'

Los US$16.000 millones que mueve el comercio ilegal está asfixiando a la industria. Por eso el gremio de empresarios propone cambios radicales, como quitarle a la DIAN el manejo de las aduanas.

David Mayorga
20 de septiembre de 2014 - 09:00 p. m.
Bruce Mac Master asumió la presidencia de la Andi en noviembre del año pasado. / Archivo
Bruce Mac Master asumió la presidencia de la Andi en noviembre del año pasado. / Archivo

La industria se está quedando sin tiempo. Ese es el mensaje que Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), le envía al Gobierno. Se trata de un llamado urgente, casi como un pedido de auxilio, ante el gigantesco embate del contrabando y las multimillonarias cifras que mueve, las mismas que vienen ahogando lentamente al sector.

Más allá de la frágil realidad, que en el primer semestre del año tan sólo creció 0,9% frente al mismo período de 2013, el gremio le pide al Gobierno que no siga aplazando la necesidad de formular una política industrial, un objetivo que cobra vigencia cuando el sector hidrocarburos, que entre 2007 y 2013 jalonó la economía, se ha desacelerado.

¿Cómo ve el gremio el estado actual de la industria?

Las cifras de crecimiento del PIB le parecen buenas a todo el mundo. Vemos avances del 6% en el primer trimestre y de 4,3% en el segundo, más cercano al 4,5% que habíamos proyectado. Pero donde el país no arranca es en el tema industrial, que ha estado significativamente por debajo de esos indicadores. Ahí lo vimos en julio, un mes de 1,6%, que es malo. No observamos que se consolide el crecimiento en la industria y no tendría por qué hacerlo, porque los problemas estructurales no se han solucionado. No es sorprendente que el sector no crezca a las tasas del resto de la economía. Nos falta una gran cantidad de cosas en competitividad, en política industrial y en defensa de prácticas de comercio desleal de otros países. En realidad, es una agenda gigantesca.

¿Cuáles son los puntos más críticos?

Hay algunos que son más sensibles. Por supuesto está el contrabando, que tiene unas cifras escandalosas. Los industriales, que les toca asumir toda la carga laboral, tributaria y formal en los municipios, se enfrentan a unos jugadores que, además de no cumplir con nada de eso, traen mercancía con orígenes de recursos bastante dudosos. Está confirmado que el contrabando está permeado por el lavado de dinero. Otro problema es la informalidad a través de todas las operaciones que se hacen sin pagar impuestos. A pesar de que sean productos colombianos no pagan tributos, no contratan gente bajo los estándares laborales requeridos. Se trata de un universo gigantesco: cerca del 60% de los colombianos empleados están en la informalidad y eso algo nos tiene que decir.

Luego viene la agenda un poco más obvia: la infraestructura, los trámites, la certidumbre jurídica, las medidas de defensa comercial (es un campo donde a Colombia todavía le cuesta mucho trabajo tomar decisiones). No estamos hablando de proteccionismo, sino de no permitir que lleguen al mercado personas que no están cumpliendo con los estándares de comercio competitivo y de la OMC. Nosotros tenemos en este momento más de 100 proyectos, todos con el Gobierno Nacional y mandatarios locales, en búsqueda de la competitividad.

Pero medidas como los aranceles a las importaciones de zapatos y textiles les ha dado un respiro...

Hay que resaltar que ese no es un decreto proteccionista, sino donde se combate el contrabando técnico. Es una norma con un sentido muy claro: en Colombia nos estábamos encontrando con que traían los zapatos, en algunos casos, por las fronteras y las aduanas colombianas donde declaraban valores significativamente más bajos que lo que realmente valían en los mercados internacionales. El Gobierno tomó la decisión de contar esas entradas por el número de zapatos o por los kilos de tela, e imponer un arancel mínimo, porque no podía ser que hubiera precios internos tan baratos. Y si los había, eran producto de una competencia desleal. Es una medida claramente de defensa contra el contrabando técnico.

¿Falta mayor contundencia por parte del Gobierno?

Por supuesto que falta contundencia. En Colombia estamos dejando de controlar el tema del contrabando. Hay cifras de la Uaiaf que nos dicen que este fenómeno puede ser del tamaño de US$16.000 millones. Para la industria nacional competir contra esa cifra es una locura, porque son productos con precios artificiales, sin cargas tributaria y laboral. Es un aspecto en el que queda mucho por hacer.

¿Qué más necesita la industria?

Tenemos que pasar la ley anticontrabando para penalizarlo, trabajar en el fortalecimiento de la Polfa, de la DIAN en su infraestructura aduanera. Le hemos pedido que estudie la posibilidad de extraer esta competencia de la entidad y que acabemos, como en algún momento sucedió con el DAS, la división aduanera de la DIAN y arrancar de cero. Por otra parte, hay que darle instrumentos a la Uiaf para que se le permita el seguimiento de los grandes capitales. Es una gran discusión. En nuestra opinión, el contrabando hoy es tan malo como lo fue el narcotráfico en los años 90.

¿El Gobierno está capacitado para tomar este tipo de decisiones? Porque rechazaron la petición de un Ministerio de Industria...

Esa petición no fue tenida en cuenta. Nos anunciaron que el Ministerio de Comercio se transformará en el Ministerio de Industria y, si esto se cumple, para nosotros sería algo muy bueno. La lucha contra el contrabando es un esfuerzo nacional que requiere voluntad política y ciudadana: que no compremos contrabando, que entendamos que destruye muchas cosas. Se ha convertido en la peor forma de comercio desleal a la que cual nos hemos tenido que enfrentar los industriales y los comerciantes legales de Colombia.

¿Por qué un ministerio? ¿Qué es lo que no les gusta de la actual estructura ministerial?

Es una estructura enfocada en el comercio exterior y con poca profundidad en la política industrial. Lo que pedimos es que haya un ente rector encargado de formular y ejecutar la política industrial del país. Eso en Colombia no existe, no ha existido, no está en los planes de desarrollo. Todo el mundo sabe que la política industrial actual es una colcha de retazos que se ha venido construyendo alrededor de una cantidad de definiciones individuales y aisladas que no responden a una estrategia general. Por eso estamos como estamos, porque no hemos tomado una decisión estratégica.

¿Qué les ha faltado a los empresarios para impulsar esa política industrial?

Para mí ha sido de la mayor importancia apoyar ese objetivo. Así lo he hecho desde que estoy al frente del gremio y lo seguiré haciendo. A veces no es tan importante mirar el retrovisor, porque el país, en su momento, tomó la decisión de dedicarse al tema del comercio exterior y ahora le llegó el momento de dedicarse a la industria. El comercio exterior es una herramienta para el desarrollo del sector.

¿Cómo se está preparando la industria de cara al posconflicto?

La industria está lista desde muchos puntos de vista. Tenemos la campaña Soy Capaz, que lanzaron los industriales, donde se ha invitado a todo el país a participar. Es una campaña de la que se ha apropiado todo el país. Eso está bien y habla de lo importante que para Colombia es tener un proceso de reconciliación. A este país le iría muchísimo mejor si todos estuviéramos remando por el mismo lado.

¿Qué industria le gustaría ver en el posconflicto?

Una industria dinámica, competitiva, abierta a los mercados internacionales, pero con dignidad y defendiéndose de las prácticas desleales. Una industria innovadora, en las regiones, que siempre trabaje junta y que les ofrezca trabajo a los desmovilizados. La industria siempre ha sido el motor de desarrollo de los países. No somos la excepción. Por unos años nos concentramos en la renta petrolera y vemos hoy cómo se está disminuyendo. Este país siempre ha tenido una vocación industrial y agroindustrial. Si progresan, los demás sectores también lo harán.

¿Qué falta construir?

Esa es la agenda de competitividad y la de política industrial. De poner a la industria en los más altos niveles de prioridad del país. La industria es un bien público, a la par de la salud, porque produce desarrollo y reduce la pobreza y la desigualdad, forma talento, genera capital humano y brinda posibilidades de estudio a las personas. Parece que el país se olvidó de eso en los últimos años.

Por David Mayorga

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