Después de 15 años, el Gobierno Nacional expedirá la próxima semana el nuevo Estatuto Aduanero, que sufrió grandes modificaciones y quedará a tono con las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le hizo al país. Luego de cinco años de discusiones entre los gremios empresariales y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la principal modificación que tendrá el decreto es que habrá menos controles y más facilitación en el trámite de las exportaciones y las importaciones.
Algo que suena contradictorio ante el último informe de “aprehensiones en la lucha contra el contrabando en Colombia” entregado por la entidad aduanera. El año pasado se registraron 47.237, que en plata equivalen a $347.178 millones, es decir, un incremento de $51.268 millones frente a la cifra de 2014, que fue de $295.610 millones en retención de mercancías. Sin embargo, las importaciones ilegales le siguen costando al país más de US$6 millones, o sea, cerca del 10% de la mercancía legal que ingresa al territorio nacional.
Esto es justamente lo que intenta perfeccionar el nuevo estatuto. De acuerdo con el documento, que está en la oficina jurídica de la Presidencia de la República, la propuesta de menos control y más inteligencia no es otra cosa que activar la gestión del riesgo, como explica Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
Un modelo adoptado del que implementó Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001: el C-TPAT. Es decir, una iniciativa antiterrorista que exige a la industria tomar medidas para evitar que la carga comercial sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas, como armas, drogas o explosivos. En el caso de Colombia, la figura se llamará Operador Económico Autorizado (OEA), traída de los estatutos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Actualmente, en las 21 aduanas que tiene el país se inspecciona físicamente el 35% de los contenedores. No obstante, dice Díaz, Inglaterra revisa el 1,5% y tiene más efectividad, porque trabaja con perfiles de riesgo. “Yo no le disparo a todo lo que pasa, sino a aquello que es más sospechoso. Pero esto no se determina por la mercancía, sino al establecer quién es la empresa. Si es tradicional o nueva, si cambió de producto o de país. Ahí es donde se van a poner los ojos”.
Según el borrador de decreto que conoció este diario, la DIAN dejará de sancionar a las empresas con el decomiso de la mercancía por meros asuntos formales, como ocurre hoy. Según el presidente de Analdex, actualmente el 7,4% de las aprehensiones que hace la Policía Antinarcóticos corresponden a errores en la descripción de algunos productos que traen los contenedores. Por eso, con el nuevo estatuto, las empresas tendrán entre 5 y 15 días para corregir esas operaciones y explicar por qué llegó más o menos de lo que tenían previsto.
“Con eso se busca estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Si me doy cuenta de que cometí un error, pago y arreglo. Lo único que no se puede permitir es que declaren una mercancía diferente a la registrada desde el país de origen”, recalca Javier Díaz.
Los costos por inspecciones también bajarán radicalmente. Hoy una empresa está pagando entre US$200 y US$400 por contenedor inspeccionado. La medida consiste en que se inspecciona menos, se cobra más barato, pero el compromiso de los puertos es que, a partir del primer trimestre de este año, se instalen varios escáneres para no abrir todos los contenedores y revisar sólo aquellos sobre los que existan sospechas.
¿Qué ganará el país?
Uno de los objetivos que persigue el Gobierno con el nuevo estatuto es cumplir con las obligaciones que adquirió en la última década al firmar 50 tratados de libre comercio, principalmente el de Estados Unidos y el de la Unión Europea.
Por eso, con la nueva reglamentación, las operaciones serán más ágiles, pues se busca reducir las horas que se demora un barco en desaduanar la mercancía, es decir, pasar de 216 a 48, resultado que se logrará si la mayoría de empresas ingresan a la figura OEA.
Según Camilo Reyes, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia, “el nuevo estatuto les abre más oportunidades de mercado a los productos colombianos en más de 1.500 millones de consumidores de países con los que se firmó TLC. Nada más Estados Unidos pone 320 millones, los cuales tienen una enorme capacidad de compra”.
Nuevas modalidades de exportación
Según la abogada Karla Curé, asociada a la firma Posse Herrera Ruiz, especializada en planeación tributaria, las nuevas modalidades de exportación intentan incentivar e incrementar las exportaciones del país. En 2015 fueron de US$35.690 millones, mientras las importaciones ascendieron a más de US$54.057 millones.
Es decir, el país sigue importando más de lo que exporta. Por ejemplo, lo que más importa son manufacturas. El año pasado, el monto fue de US$38.837 millones, pero sólo exportó US$8.361 millones en materias primas.
Una nueva modalidad es la suscripción de acuerdos con otros países para utilizar los ductos, redes y tuberías de ese territorio con el fin de transportar petróleo, combustibles líquidos derivados del crudo, gas y energía eléctrica, y enviarlos a un tercer país.
Asimismo habrá otro incentivo para los exportadores: ya no tendrán el límite de exportar mercancía hasta por un valor de US$10.000, sino que se aumenta hasta US$30.000.
Con la expedición del decreto, que tiene más de 300 páginas, las disposiciones generales entrarán en vigencia 15 días después de su publicación, luego de 180 días el nuevo régimen sancionatorio y, en los siguientes cuatro años, otras reglamentaciones como la homologación de requisitos a las empresas que se inscriban como la OEA ante la DIAN.