Después de que estallara el escándalo de corrupción en Brasil donde se vinculaba a funcionarios de Petrobrás con actos de corrupción ligados a pagos ilegales que habrían hecho otras grandes compañías, entre ellas Odebrecht, para quedarse con contratos otorgados por la petrolera, un juez federal de ese país decidió condenar a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, el jerarca de la mayor constructora de obras civiles en América Latina. Pero ahí no paró todo. Ahí comenzó la desconfianza y el sinsabor empresarial en los demás países donde opera la constructora. Y Colombia no fue la excepción.
Algunos hablaron de crisis en la organización, se especuló sobre el futuro de los proyectos que tienen en el país, tanto de los que ya están ejecutando como de los que están por poner en marcha. Pusieron nervioso al sector. Por eso, tras la incertidumbre, la organización decidió romper su silencio y en un comunicado de prensa aclararon punto por punto.
“Odebrecht Colombia actúa jurídica, financiera y administrativamente, de forma independiente de los negocios y operaciones que se celebren en Brasil, y por tanto no existe relación, ni vinculación con las actividades que empresas del Grupo realicen fuera del territorio colombiano”, detallaron.
Acto seguido, sobre la acción de la justicia brasilera, advirtieron que “conceptos de los más prestigiosos abogados del país, que analizaron la normatividad vigente y el concepto del Honorable Consejo de Estado de agosto de 2015, concluyeron que la condena judicial en primera instancia, de exdirectivos de la empresa en Brasil, no tienen ningún impacto legal en su operación en Colombia. Dichos conceptos ya fueron socializados con todas las autoridades y entidades públicas a quienes interesan”.
La organización, quien hoy tiene proyectos como la Ruta del Sol sector 2 y lleva más de 20 años operando en Colombia, también fue enfática en que “no podemos desconocer que los hechos acaecidos en Brasil nos afectan reputacionalmente, pero eso no significa que legalmente nuestras empresas en Colombia se verán afectadas, ni que el nivel de riesgos de cumplimiento de nuestros contratos por esta razón haya aumentado, por lo que seguiremos de cara al país, a través del cumplimiento oportuno de nuestros compromisos”.
Y sobre el proyecto de recuperación del Río Magdalena, del cual se ha dicho que estaría en riesgo por no cumplir con el cierre financiero, aclararon que la concesionaria Navelena “presentó a Cormagdalena el 11 de marzo de 2016, conforme a los procedimientos contractuales, la información relativa a la estructuración financiera propuesta, sobre la cual Cormagdalena formuló solicitudes de complementación de la información, que a su juicio consideró necesarias para la aprobación del cierre, entrando ahora en una etapa de revisiones y complementaciones que podrá extenderse hasta el 11 de junio, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Asociación”.
Y aunque la organización aclara una y otra vez que “seguiremos cumpliendo con todos nuestros compromisos contractuales en los proyectos, como siempre hemos hecho en más de 24 años de actuación en el beneficio de todos colombianos”, en los pasillos de la industria se dice que hay tensión en las aseguradoras que tienen relación con sus negocios y que en los bancos están desconfiando, incluso, de prestarles recursos por el tamaño del escándalo en Brasil.