Para una ley antimonopolio de 90 años de antigüedad, las gigantescas agroempresas estadounidenses son poco más que humildes cooperativas de productores a la hora de juzgar casos de manipulación del mercado.
Pero recientes causas judiciales están limitando las protecciones para pequeñas empresas que pueden invocar los grandes productores.
En junio, un juez federal aprobó un acuerdo de US$5,5 millones ofrecido por agricultores acusados de formar la “opep de las papas”. Productores de huevos entre los que se contaban Hillandale Farms Inc. y NuCal Foods Inc. este año aceptaron pagar más de US$8 millones para llegar a una conciliación tras ser acusados de complicidad para aumentar los precios.
Y se espera que en octubre un juez dicte sentencia en un juicio en el que se plantea que la Federación Nacional de Productores de Leche, responsable del 70 por ciento del suministro de leche de los EE.UU., subsidió la matanza prematura de medio millón de vacas para hacer subir artificialmente los precios.
En todos los casos, los productores negaron haber cometido actos indebidos.
La ley antimonopolio fue sancionada en la década de 1920 para ayudar a los productores afectados por la caída de la demanda luego de la I Guerra Mundial. El Congreso los autorizó a asociarse para comercializar sus productos y exigir precios justos.
Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero la ley no. Soportó la transformación de la industria alimenticia estadounidense de empresas en su mayoría familiares a gigantescos conglomerados. En los años 20, alrededor del 8% de la población del país trabajaba en establecimientos rurales. Hoy ese porcentaje es inferior al 1%. Las cuatro principales compañías de cada sector controlan el 85% de la industria de la carne vacuna, el 64% de la industria de la carne de cerdo, el 57% del procesamiento de aves de corral y el 30% de las gallinas ponedoras, según Food Water Watch, un grupo de defensa de los derechos.
Cartel de las papas
“La idea de que estos pequeños productores independientes puedan asociarse para evitar que los compradores abusen de ellos se ha visto eclipsada por el tiempo y las fusiones masivas”, dijo Thomas Horton, profesor de derecho de la Universidad de Dakota del Sur. “Por eso tenemos una ley anticuada y ahora los tribunales están tratando de decir: ‘Hey, esto no es carta blanca para todo tipo de comportamientos anticompetitivos’”.
Las tiendas de comestibles y los consumidores acusaron a United Potato Growers of America de formar un cartel, basado en el modelo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para inflar los precios sembrando una superficie más chica y destruyendo cultivos. Se prevé que la causa se definirá este año.
“Pese a negociar una conciliación, los productores de papas niegan rotundamente haber participado en actividades ilegales o acciones indebidas”, dijo la agrupación en una declaración.