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Los 73 días del paro judicial que se cumplieron entre septiembre de 2014 y enero de este año, excluyendo los días de vacancia judicial, le costaron presupuestalmente al país un poco más de 944.445 millones de pesos, el equivalente al 0.5% del PIB (producto interno bruto) del tercer trimestre de 2014, precisa un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
El estudio remarca que este reciente paro ha sido el más costoso respecto a los cese de actividades anteriores celebrados en 2008-2009 que tuvo un valor para el país de 365.834 millones de pesos y el de 2012-2013 representó un costo de 698.745 millones de pesos.
El acumulado de estos repetidos paros judiciales significa un “sacrificio presupuestal” superior a los dos billones de pesos (días pagados y no laborados) equivalentes a 1.1% del PIB del momento en que ocurrieron los ceses de actividad en la justicia, destaca el informe.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura había tasado el costo de la cesación de actividades (2012-2013) sobre la actividad económica en
cerca de 0.05% del PIB trimestral. El informe destaca que si extra-polamos esos cálculo a lo que ello pudo implicar el cese de actividades entre 2014-2015, se tendría un costo indirecto adicional de otro 0.09% del PIB (del último trimestre del 2014), alrededor de 113.118 millones de pesos.
El “descuaderne institucional” causado por paros repetidos del sector justicia tiene graves repercusiones sobre el bienestar del país, advierte el informe de ANIF. Los daños en materia de credibilidad del sector justicia, de sus Altas Cortes, de sus juzgados y del sector carcelario son muy grandes y difícilmente cuantificables.
Para el centro de estudios académicos del sector financiero es claro que después de la tradicional y bajísima credibilidad que históricamente ha tenido el Congreso, ahora el desgreño administrativo y hasta la corrupción del sector justicia lo han hecho escalar a la segunda entidad con peor reputación en el país.