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Dicen que la innovación es varias veces producto de un sentido de urgencia, de angustia. “Innova o muere” es la consigna de muchos. Pero más que moda, la frase fue real para Rafael Salcedo, un costeño economista de 75 años que desde que tiene uso de razón está metido en el negocio editorial, el negocio de su familia.
En su imprenta producía 1.000 ejemplares trimestrales de la revista de don José Consuegra Higgins, fundador de la Universidad Simón Bolívar, llamada Desarrollo Indoamericano. Por la publicación, don José ganó un premio en Estados Unidos en 2001 y volvió ávido de más ejemplares: 12.000. Tras la petición, Rafael sintió desespero puro.
El problema no era imprimir, porque sus máquinas son rápidas, sino juntar las hojas, un proceso que hace con las manos. Lo máximo que podía lograr era unir 1.000 ejemplares de 200 páginas cada uno. El reto que le había puesto Consuegra Higgins era uno de 1’200.000 hojas.
Un día de ese mismo año llegó del gimnasio a ver el noticiero de las 7 de la noche. Se quedó dormido y a las 11:30 p.m. se despertó. Le brotó una idea: “¿Y si uno los pliegos sin cortar, qué pasaría?”. Levantó a su esposa, cogió lápiz, papel, regla y tijeras, y estuvo hasta las 5 a.m. probando diferentes combinaciones. Lo que resultó fue una fórmula matemática que sirve para armar los libros sin cortar los pliegos y ahorrarse el 90% del tiempo.
Apenas pudo, don Rafael empezó a averiguar si realmente había inventado algo. Consultó cuánto le costaría la asesoría jurídica para tramitar una patente. Le dijeron que no bajaba de $40 millones. En 2005, por fin, alguien le dijo que fuera a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde le dijeron que con $480.000 empezarían el proceso para determinar si su proceso era patentable.
Al final, su “Método simplificado de recogida de libros”, como se llama, cumplía con los requisitos: era novedoso, nadie en el mundo lo había inventado y tenía aplicación industrial. Luego de lo que él llama un “viacrucis”, consiguió su patente de invención en 2011 (2010, según el registro de la SIC).
Patentar es sinónimo de innovación. Un país como China lo tiene claro. De acuerdo con un reporte de la firma Thomson Reuters, la potencia mundial pasó de tener poco más de 300.000 patentes en 2010, una cifra cercana a la reportada por Estados Unidos, a más de 600.000 en 2013. La meta es que para 2015 se soliciten dos millones de patentes, por lo que existe un plan de incentivos económicos.
Durante 2014, en Colombia se presentaron 2.158 patentes de invención y se concedieron 1.028. De esas, 928 fueron para no residentes. Por eso el caso de don Rafael es casi excepcional, sobre todo en 2010, cuando su método fue una de las 26 patentes que se dieron a residentes. Es tan raro lo que logró que tal vez por eso lo llamaron loco. “Me decían: ‘eso no se puede hacer’”.
Si bien las invenciones o las innovaciones en los modelos de utilidad son la razón de ser de muchos centros de investigación, también pueden provenir de quienes, al final, las aplican: el sector empresarial, que en Colombia está compuesto en un 90% por pymes.
Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre pymes innovadoras en Chile, México y Colombia concluyó que, en general, en la región hay desconocimiento de conceptos sobre protección de los derechos de propiedad intelectual y que no es un elemento que se tenga en cuenta en las estrategias de negocios.
El BID no especifica cuántas pymes colombianas participaron en el estudio y la SIC tampoco dio cuenta de cuántas de las patentes provienen de pymes. Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), asegura, sin embargo, que son “muy pocas” las pymes que innovan.
De acuerdo con Santiago Márquez, socio de Márquez Robledo Abogados, especialistas en propiedad intelectual, “el problema está en educación y cultura”. Dice: “Como Colombia no crea mucho, el sistema se desconoce”. La falta de cultura de innovación en el país es la razón, según Márquez, de que otros, no residentes, vengan a patentar.
Para don Rafael, no es que en el país no haya inventores. De hecho, mientras buscaba su patente se inscribió en un concurso cuyo premio eran $3 millones y asesoría jurídica gratis para conseguir la patente. Compitió con 385 inventores y quedó entre los finalistas.
Para Angélica González, de la junta directiva de Acopi, los procesos de patentes son muy costosos para los pequeños empresarios. “Están en un rango de $500.000 a $6 millones”. En el caso de don Rafael, la patente ante la SIC fue costeada con los ingresos de pensión de su esposa.
La SIC, por su parte, ha lanzado programas como el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), para capacitar a miembros de la academia y de gremios y que así se creen puentes entre los sectores con el fin de “facilitar el acceso de los innovadores a servicios de información sobre tecnología”.
mmedina@elespectador.com