Con el anuncio sobre el inminente acuerdo de paz y la consecuente perspectiva del fin del conflicto armado con las Farc, la difícil coyuntura económica por la que atraviesa Colombia se mezcla inevitablemente con planes de largo aliento, con las ilusiones de construir lo que nunca pudimos por culpa de la guerra. Pero esa mezcla entre la coyuntura y los sueños nos obliga a aterrizar las cuentas de estos últimos y a hacerlos compatibles con aquella.
El presente señala una desaceleración del crecimiento, una inflación que empieza a superar el umbral de dolor del Emisor, un déficit externo preocupante y unas cuentas gubernamentales que se deterioraron con la caída del precio del petróleo. Lo que deja claro el avance en el proceso de paz es que a la coyuntura fiscal hay que colgarle más pronto de lo que muchos creímos los bombillos de la paz, que requerirán inversiones estatales en montos por ahora desconocidos.
Aun sin considerar los bombillos de la paz, la enmendadura de las cuentas del Gobierno hacia adelante requiere sin duda una reforma tributaria. El menor ritmo en el crecimiento del presupuesto de 2016 y la reducción significativa en los gastos de funcionamiento son muy buenas señales para los mercados financieros que compran nuestra deuda, pero no eliminan las necesidades de mayor recaudo futuro. Dado que la comisión de expertos a cargo de repensar el esquema tributario ya envió recomendaciones sobre las entidades sin ánimo de lucro, valdría la pena presentar en esta legislatura ese capítulo y en 2016 los siguientes.
Y por el lado del gasto es necesario empezar a dar el debate sobre el presupuesto militar. Era tabú, pero con paz debe dejar de serlo. Las cifras son elocuentes. Colombia gasta 3,5% de su PIB en defensa; el promedio de América Latina y el Caribe es 1,3%. En nuestro caso, significa que de cada $100 del presupuesto, 18 van a defensa. El personal adscrito a las fuerzas militares es de cerca del 2% de la población económicamente activa, mientras el promedio en la región es de 0,8%.
Además, las experiencias de otros países en la región indican que, tras la firma de la paz, los gastos militares y el tamaño de sus fuerzas armadas se reducen. Por ejemplo, hoy el número de hombres de las fuerzas militares de Guatemala, El Salvador y Nicaragua es respectivamente 25%, 47% y 82% menor del que tenían antes del fin del conflicto armado. Sus gastos militares pesan como porcentaje de sus respectivos PIB 1,2, 4,5 y 3,3 puntos menos que en el pico que alcanzaron antes del fin de sus conflictos.
El hecho de que tengamos unas fuerzas militares desproporcionadas para tiempos de paz, la necesidad de recursos en otras áreas que requieren nuestra atención y el patrón que siguieron otros países de la región en sus posconflictos, indican el camino que habremos de recorrer pronto: a la vuelta de diez años deberíamos haber liberado un par de puntos del PIB que ahora destinamos a temas de seguridad. Empezar desde ya a trazar esa senda ayudará a despejar las preguntas sobre las fuentes de financiación de posconflicto, que ahora se han vuelto más apremiantes.
Corresponderá al Gobierno y al Congreso definir la senda del gasto militar y el tamaño de las FF.MM. que requerimos. El primer paso no debería ser muy difícil de dar: el desmonte del servicio militar obligatorio (que no debería ser reemplazado por otro tipo de servicio; al terminar su colegio, los jóvenes deberían ser libres de perseguir sus sueños en lugar de engrosar la burocracia estatal). Así, la reducción de las fuerzas irá a la par con su profesionalización. De ahí para adelante habrá que pensar en el rediseño de las fuerzas que deberán concentrarse, al fin, en asuntos de seguridad externa. Esto requerirá una clara señal de la sociedad, del Ejecutivo y del Legislativo: los militares no levantarán la mano para pedir un recorte de $15 billones al año. Pero si la transición la planeamos bien, la paz se puede financiar con la paz.
* Profesor asociado, U. de los Andes.Twitter: @mahofste