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Dada la alta informalidad que existe en Colombia, que hoy es de alrededor de 65%, así como la mayor expectativa de vida de los colombianos, hacen que el régimen de pensiones público, tal como está diseñado, no sea sostenible, advierte el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. “Vemos un gasto altísimo de $38 billones para cubrir las pensiones de solo 2 millones de personas en el sistema público pensional”, cifra que equivale a casi seis veces el costo de Isagén, a dos veces y medio el de la ampliación del canal de Panamá, o al doble del presupuesto de Bogotá para el año entrante. Dice que hay que eliminar los subsidios a las pensiones altas.
La revelación fue hecha en el seminario temático Anif y Asofondos “Desempeño Pensional y Laboral en Colombia”. En este seminario se plantearon las mayores dificultades para que haya más personas pensionadas y a la vez se propusieron soluciones en distintos frentes. Asofondo es el gremio que reúne a las administradoras de fondos de pensiones, Colfondos, OldMutual, Protección y Porvenir.
Antes de aumentar la edad de pensión, Colombia deberá introducir cambios institucionales en el sistema pensional, concentrar subsidios a la población mayor más pobre y reformar el mercado laboral dada la alta informalidad. Como prioridad, el gremio ve la necesidad de complementar los regímenes existentes, público y privado, dice el presidente de Asofondos.
Montenegro explicó que en la práctica, implicaría que el pilar de reparto (el público) se dirija hacia los más pobres como complemento a cuentas individuales, que pueden ser fondeadas. También se plantea que el sistema de reparto se debe acabar. “Las pensiones deben ser proporcionales a la historia de las cotizaciones”
El dirigente gremial destacó la bondad de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que son en teoría un sistema de ahorro individual, para proteger a más personas de bajos recursos en la vejez, pero propuso ajustes: que no sean focalizados a Sisben I, II, III (como sucede hoy) para darle más alcance al programa, y que sean obligatorios, es decir, que en lugar de entregar una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva, permitir el acceso a un BEP para garantizar un mínimo de protección en la vejez.
Montenegro reiteró la necesidad de adoptar reformas en materia laboral como paso esencial en el frente pensional.