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Economía 27 Nov 2012 - 10:20 am

Pobreza e indigencia

Pese a bajar la pobreza, en América Latina afecta a 167 millones de personas

El aumento de los ingresos laborales ha sido determinante en la reducción de la pobreza, explica el organismo de las Naciones Unidas.

Por: Elespectador.com
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció que proyecta que la región finalizará este año con 167 millones de personas en situación de pobreza, un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los habitantes.

El número de personas en extrema pobreza o indigencia se mantendrá estable en 2012, sumando 66 millones, la misma cifra que en 2011, dice el informe de prensa.

La pobreza en América Latina continuaría su tendencia a la baja, aunque a un ritmo algo menor al observado en los últimos años, gracias a las proyecciones de crecimiento económico positivo e inflación moderada para 2012 en la región, resume el informe Panorama social de América Latina 2012, presentado el martes en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, destaca el informe de prensa.

De acuerdo con el estudio, 168 millones de latinoamericanos se encontraban bajo la línea de pobreza en 2011, es decir, 29,4% de la población de la región. Ese año se registró una baja de 1,6 puntos porcentuales con respecto a 2010.

Al igual que en años anteriores, el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres fue el factor más determinante en la reducción de la pobreza. Las transferencias (tanto públicas como privadas) y el resto de los ingresos contribuyeron, pero en menor grado, a este descenso.

Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países. El desafío es generar empleos de calidad en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental”, dijo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Según el informe, en la última década se redujo la desigualdad en materia de distribución del ingreso, aunque este tema sigue siendo uno de los principales retos de la región. Las últimas estadísticas disponibles para 18 países indican que en promedio el 10% más rico de la población latinoamericana recibe 32% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe solo 15%.

Según el informe, la CEPAL advierte un cambio en la tendencia del gasto público social en la región. Hasta el año 2010 este seguía al alza en América Latina, tanto en montos absolutos como en proporción al gasto público total y al producto interno bruto (PIB), mostrando un carácter contracíclico durante la crisis internacional. Sin embargo, datos parciales de 2011 indican que habría una tendencia a la contracción relativa del gasto social para robustecer las finanzas públicas, lo cual no significa necesariamente una reducción de los montos absolutos destinados a los sectores sociales.

En la edición 2012 del Panorama social también se abordan algunos aspectos relativos al tema del cuidado en América Latina. Este “es un asunto fundamental en torno al cual existen profundas desigualdades y discriminaciones de género que afectan negativamente a la mujer, quien lleva la carga del cuidado en calidad de trabajo no remunerado y poco reconocido”, dice el informe. Para las mujeres es difícil “conciliar el trabajo no remunerado del cuidado en el hogar con el trabajo remunerado fuera del hogar”, agrega.

Específicamente el documento examina el empleo remunerado en actividades de cuidado, así como los gastos de los hogares en estos servicios, y propone una serie de recomendaciones de política.

De acuerdo con la publicación, 6,7% del total de ocupados en América Latina (con datos para 14 países) trabaja en el sector del cuidado y alrededor de tres cuartas partes de estos trabajadores están empleados en el servicio doméstico en hogares. Las mujeres ocupan 94% de los trabajos asociados a este sector: 71% en el servicio doméstico y 23% en servicios educativos y de salud. El 6% restante corresponde a hombres empleados en el servicio doméstico y en otras ocupaciones del ámbito del cuidado.

Entre los trabajadores del cuidado se observa una mayor incidencia de la pobreza que entre el resto de los ocupados (24,1% frente a 20,2% en 2010). El empleo doméstico, en particular, combina escasa regulación, bajos salarios, poco acceso a protección social, discriminación y condiciones laborales extremadamente precarias, indica el Panorama social 2012.

El informe señala, por otra parte, que un porcentaje bajo de hogares efectúa algún gasto en servicios de cuidado (15%). En promedio, solo 7,6% de los hogares del quintil más pobre efectúa gastos en este ámbito, frente al 32% en el quintil más rico. Entre quienes gastan en cuidado, dicho gasto es notoriamente más alto en los hogares con presencia de adultos mayores.

La CEPAL también examina la situación de las personas con discapacidad en la región, sus necesidades en materia de cuidado y los desafíos que se plantean para las políticas públicas. Según los últimos datos disponibles de distintas fuentes, todavía muy diversas en la captación de información al comparar entre países, alrededor de 12% de la población de América Latina y el Caribe viviría al menos con una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas.

La Comisión plantea que “se requiere un nuevo balance respecto del rol del Estado, del mercado, de las familias y la comunidad en la provisión del cuidado”. Urge un nuevo contrato social que establezca una distribución más equitativa de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno de las familias y de la sociedad, y que potencie un nuevo vínculo entre la esfera pública y privada del trabajo con efectos positivos en el desarrollo productivo, dice el organismo, en el informe de prensa.

En cuanto al rol del Estado, resulta indispensable conformar sistemas nacionales de cuidado, que estén dotados de una institucionalidad pública capaz de integrar políticas y servicios, de articular organizaciones y recursos públicos, privados y de la sociedad civil, y de velar por la pertinencia, integralidad y calidad de los servicios.

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