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La petrolera española Repsol empezó los sondeos destinados a buscar hidrocarburos en aguas cercanas a las islas Canarias (Atlántico), según anunció la compañía.
Se trata de una iniciativa que cuenta con el rechazo de las autoridades locales y de grupos ecologistas y que la empresa defiende porque estima que se podrían hallar reservas de hidrocarburos suficientes como para satisfacer el diez por ciento del consumo de crudo en España.
Las prospecciones se llevan a cabo al este de las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son las más cercanas al litoral de Marruecos.
El barco que las realiza perfora a una profundidad de 3.100 metros y trabajará unos dos meses.
A finales de enero o principios de febrero, cuando se sepan los resultados de estos primeros sondeos, Repsol decidirá si acomete una segunda perforación en otro sector a unos 3.000 metros de profundidad.
La empresa española obtuvo en 2001 los primeros permisos para explorar posibles hallazgos petrolíferos en los fondos marinos de las islas, pero el Tribunal Supremo español los anuló porque no observaban las normas ambientales exigidas por la ley.
En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy dio licencia a la petrolera para hacer sondeos en la zona con tal de cumplir el procedimiento de impacto ambiental.
Los nuevos recursos presentados a continuación por grupos ecologistas y por el Ejecutivo de la región de Canarias fueron resueltos en junio de este año por el Tribunal Supremo español, que falló a favor de las exploraciones petrolíferas.
Para empezar estas prospecciones la petrolera ha contratado un seguro de responsabilidad civil con un mínimo de 40 millones de euros para hacer frente a eventuales daños, y otra garantía financiera de 20 millones de euros para cubrir responsabilidades ambientales.
Un portavoz de Repsol explicó que la exploración se está llevando a cabo "manteniendo todas las medidas de seguridad".
En contra de las opiniones del gobierno central, el de las Islas Canarias, presidido por el nacionalista Paulino Rivero ha rechazado las extracciones de petróleo e incluso propuso una consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas que iba a celebrarse en los próximos días y finalmente fue suspendida por el Tribunal Constitucional español.
Los ecologistas tampoco ven con buenos ojos el inicio de las prospecciones por el impacto medioambiental que estas puedan tener.
En una economía cuyo motor principal es el turismo, la ciudadanía se divide entre los que consideran inasumible el riesgo de un derrame de petróleo y los que defienden los beneficios de esa actividad sobre la economía local, donde el desempleo se sitúa en el 33 por ciento.