Los bloques se adjudicarán en noviembre, y en diciembre se conocerán los porcentajes que deberán pagar las empresas para contribuir con este propósito.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Alejandro Martínez, este tipo de acciones, que las compañías venían ejecutando de manera voluntaria y ahora serán obligatorias, no perjudicará sus finanzas.
El funcionario explicó que, si bien hay incertidumbre en el sector por el deterioro del orden público, siguen confiados en que las Fuerzas Militares contribuirán a mejorar el nivel de seguridad.
Martínez señaló que estos recursos son distintos a los que las empresas destinan para los programas de responsabilidad social.
Con esta nueva estrategia, el Estado busca canalizar los recursos para atacar los problemas más graves que vive la población en las zonas de influencia de los campos petroleros. Para ello se engranarán otras entidades estatales, como la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe)
De ahora en adelante, los contratos que se firmen entre las empresas del sector minero-energético, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) incluirán obligaciones cuantitativas de inversión social.
La idea es articular, coordinar, liderar y focalizar esfuerzos orientados a satisfacer las demandas básicas de protección de las familias menos favorecidas que no tienen posibilidad de salir de esta situación sin programas articulados, como el que se pondrá en marcha.