En momentos en que el presupuesto general de la Nación (PGN) para el próximo año entra en su recta final y debe ser aprobado por el Congreso de la República antes del 20 de octubre, varias proposiciones empiezan a sonar como las discusiones centrales dentro de los últimos debates en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.
Este presupuesto, que fue aprobado por $215,9 billones en las comisiones económicas conjuntas, sufrió algunas modificaciones que, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondieron a la petición de los ponentes de incrementar los recursos para la agricultura y el sector de la educación, los cuales aumentaron en $750.000 millones cada uno.
En el curso de las discusiones en las comisiones económicas el congresista Alexánder López Maya, del partido Polo Democrático, radicó un artículo nuevo que pretende priorizar la inversión presupuestal hacia iniciativas en programas de generación de capacitación de personal para escenarios del posconflicto y sustento de la paz.
“La inversión de recursos de la Nación en estos programas con destino a la Fuerza Pública corresponderá a un valor proporcional en relación con el mismo valor del aumento de los ingresos del Ministerio de Defensa con respecto del 2015, el cual será de $1,16 billones”, cita el congresista en su proposición.
De igual manera, el senador Antonio Navarro (Partido Verde) propuso incluir en el articulado del PGN 2016 que, de lograrse la firma de acuerdos de paz, el Gobierno deberá dar prioridad a la ejecución de los programas y subprogramas destinados a garantizar la presencia efectiva del Estado, “especialmente en las zonas rurales de los municipios que tengan o hayan tenido presencia de grupos armados o cultivos ilícitos o minería ilegal, debiendo realizar las reducciones o aplazamientos que considere necesarios, en otras apropiaciones presupuestales”, señala el congresista.
Para el próximo año se contemplan recursos para la inclusión social y reconciliación por $10,7 billones, representados en 1,2 % del PIB; este presupuesto en 2015 fue de $10,5 billones.
Otro artículo nuevo intenta que el Gobierno Nacional priorice la inversión presupuestal hacia créditos, subsidios e incentivos a pequeños y medianos campesinos, enfocado esencialmente en el fortalecimiento de la economía rural. De esta manera, la inversión de recursos para estos programas sería de $1,77 billones vinculados al Ministerio de Agricultura.
En lo aprobado en el primer debate del PGN, las carteras que más ganan son Agricultura y Educación, con $750.000 millones más cada uno. Para el Departamento para la Prosperidad Social van $600.000 millones adicionales; para el Ministerio de Ambiente se le agregan $150.000 mi llones; la cartera de Salud va en $150.000 millones más y para el Ministerio de Minas van, en total, $280.000 millones. La DIAN, Coldeportes, el Ministerio de Cultura y Colciencias recibirán adicionales $100.000 millones, $80.000 millones, $31.000 millones y $50.000 millones, respectivamente. Este último monto va para centros de investigación, mientras que para los Juegos Centroamericanos y del Caribe irán $70.000 millones.
En el nuevo plan del Gobierno, el presupuesto de inversión no decrece 10,7 %, como estaba inicialmente, sino que cae 4,8 % y queda en $43,3 billones. Los recursos para tal fin provienen de un recorte en gastos de funcionamiento del orden de $2,3 billones, es decir, que ese rubro no crece 7,4 % como estaba plasmado en un inicio con $126,7 billones, sino 5,4 %. El presupuesto de inversión se amplió también al recortar $400.000 millones en amortizaciones.
La senadora María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático, criticó este presupuesto del Ejecutivo diciendo que está basado en unos estimativos de recaudos inciertos, agregando además que aunque se aumentó el presupuesto a agricultura y educación, este último “está muy por debajo de países como Rumania, Perú o Ecuador”.
La senadora añadió que “el gobierno Santos ha derrochado el presupuesto como si fuera un nuevo rico y ya tenemos cerca de $90 billones de vigencias futuras entre el 2016 y el 2042. Estamos hablando de que tenemos una inflexibilidad fiscal que compromete el presupuesto sin deuda de los próximos dos gobiernos y las solas vigencias futuras de este gobierno entre 2016 y 2018 suman $22,7 billones. Se está dejando maniatados a los gobiernos venideros”.