Ya se conoció una propuesta más consistente para el transporte de las 200 mil toneladas de carbón que quedaron represadas luego del cierre de la frontera con Venezuela. Según la ministra de Transporte, Natalia Abello, tan pronto como se reglamente la próxima semana el decreto de emergencia económica ordenada por el presidente de la República, se podrá dar inicio a la evacuación del mineral y la viabilidad de la operación del transporte definitivo por Colombia y no por Venezuela hasta el Lago de Maracaibo, por donde hasta antes de la decisión del presidente del país vecino, Nicolás Maduro, se estaba llevando a cabo. Los costos y la cercanía con el departamento lo hacían más viable.
Abello adelantó algunas medidas que se van a adoptar: “Los peajes sobre la Ruta del Sol tendrían tarifa especial con un descuento cercano al 50%. De igual manera, el combustible quedará al precio de frontera, para garantizar que el sector tenga las facilidades que se tenían en la zona”.
El Gobierno propone tres rutas con las que se espera llevar el producto desde Cúcuta hasta el puerto de Barranquilla. Si bien todas requieren de un tramo de carga por carretera, una se combina con transporte fluvial y otra con el férreo. La menos viable, sin embargo, es la del recorrido en camión hasta la capital de Atlántico, por los altos costos operativos, peajes y combustible que implicaría y por el largo recorrido de más de 600 kilómetros.
Por esta razón, hasta ahora la opción más favorable es la de trasladar el mineral desde Norte de Santander hasta Puerto Capulco, en Gamarra, Cesar, de donde será despachado hacia el puerto de Barranquilla vía río Magdalena. Según el presidente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, Jaime Rodríguez, el problema con esta opción es que son necesarias unas modificaciones a la infraestructura del puerto. Primero se debe aumentar el ritmo de carga, pues actualmente se puede hacer a 200 toneladas por hora. El compromiso sería que en los próximos cuatro meses esa capacidad se aumente a 500 toneladas en el mismo tiempo.
Asimismo, sería necesario el empaquetamiento del carbón para evitar un efecto adverso en el medio ambiente y, no menos importante, acondicionar las barcazas en las que se transportaría el carbón y contar con la flota necesaria para enviar la mayor cantidad de carbón posible.
“Los propietarios de las barcazas plantearon que se pueden dedicar por períodos, en unos casos a bajar sólo carbón y en otras sólo granos (para evitar problemas con las mercancías). El otro problema es la cantidad de barcazas, pero los empresarios manifiestan tener una flota capaz de movilizar 30 mil toneladas/mes”, dijo Rodríguez.
Entre tanto, el transporte combinado entre carretera y férreo no es viable financieramente para los exportadores de carbón. Aseguran que para utilizarlo sería necesario que Ferrocarriles del Norte (Fenoco) ayude a “a apretar mucho más el sistema de costos”. También sería necesario el levantamiento de las restricciones de transporte de la locomotora impuestas por la Corte Constitucional.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, gracias a estos corredores logísticos —carretera, carretera-fluvial y carretera-férreo— se podrían movilizar 120 mil toneladas mensuales y generar más de 2.600 empleos directos e indirectos.
“No solo es transportar el carbón, sino compensar el recorrido del regreso, para que los gastos no absorban el precio. Se habló de la posibilidad, no oficializada, de disminuir el galón de acpm, que hoy está en $5.019, pero no se ha dicho cuánto. La otra es hacer unas tarifas diferenciales y el Gobierno está planteando una reducción del 50% del costo. Hay un ofrecimiento, en el caso de Gamarra, de $55 mil por tonelada, y si la llevamos hasta Barranquilla, $75 mil por tonelada”, manifestó el presidente de la Federación Colombiana de Transporte de Carga (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez.
Del éxito de estas medidas dependen más de siete mil trabajadores directos y unos 24 mil indirectos. Como están las cosas, solamente el 15 % de los puestos de trabajo son estables, pues están relacionados directamente con la producción para satisfacer la demanda local, mientras más de 4.800 empleados están en riesgo, a no ser el que sea acogido para algún puesto que generará el Gobierno para atender la emergencia.