Colombia tiene hoy 450.000 hectáreas sembradas con cerca de 23 especies forestales con fines comerciales, tanto nativas como introducidas, que aportan menos del 0,2% al PIB nacional. Esa es una cantidad considerablemente menor que el potencial de 24 millones de hectáreas que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha detectado en el país. Potencial que, al igual que en otros sectores, se desaprovecha por falta de condiciones favorables para los productores, entre las que está la falta de información.
Por cerca de dos años, la UPRA, adscrita al Minagricultura, estructuró un sistema de datos cuyos resultados se consignaron en un informe y una plataforma virtual, y que incluye un mapa en el que se puede ver el potencial forestal de la geografía colombiana. La principal conclusión es que Colombia, en diez años, puede pasar a tener un millón de hectáreas sembradas, y que de esos 24 millones de hectáreas, 29% tienen una aptitud alta para el cultivo, 25% cuentan con aptitud media y 46% con baja.
Casi la totalidad de la Amazonia, la Orinoquia, la Costa Pacífica y La Guajira fueron declaradas como no aptas, mientras que las zonas de mayor potencial y que cumplen todas las condiciones físicas, socioecosistémicas y socioeconómicas se encuentran en las tres cordilleras. Con aptitud baja, es decir, que hay que adelantar proyectos para asegurar las condiciones óptimas, está la Altillanura, región que se está tratando de intervenir con el proyecto de ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Esta se encuentra en debate en el Congreso y ha sido criticada por ONG y los partidos Alianza Verde y Polo porque permitiría, según ellos, la transferencia de dominio de tierras con antecedente de baldíos, lo que podría derivar en que tierras que son para campesinos pobres sean dominadas por agroindustriales.
Felipe Fonseca, director de la UPRA, explicó que la zonificación que se presentó ayer es sólo una primera etapa para la planificación de plantaciones forestales, pues el mapa provee información aún muy general, por lo que hay que ahondar en estudios más detallados. En últimas, con esto se pretende impulsar y dirigir una eventual política forestal para el país, acompañada de instrumentos de financiación para que quienes apuesten por las plantaciones forestales lo hagan con éxito. Para él, la Ley de Zidres propone un esquema de asociatividad que podría desarrollar los cultivos forestales.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las plantaciones forestales con fines comerciales generan cerca de 13 millones de empleos en el mundo. Hoy en Colombia apenas se llega a poco más de 70.000. Con este sistema de información se espera que esa cifra, por lo menos, se duplique a 2025, así como el aporte al PIB. En el mundo, las exportaciones del sector han pasado de 86.000 a 230.000 toneladas entre 2012 y 2014. El Espectador intentó comunicarse con el gremio Fedemaderas para conocer su posición respecto a la zonificación hecha por la UPRA, pero al cierre de esta edición no fue posible.
Alberto Leguízamo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, aseguró que esta es una herramienta que se había esperado por años y que ayudará a estructurar una ley general forestal que, por demás, en varias ocasiones ha sido declarada inexequible por falta de consulta previa. Leguízamo agregó que el desarrollo de infraestructura tiene que ir de la mano con el desarrollo forestal y que no hay que perder de vista que la seguridad alimentaria debe ser complementaria a estas iniciativas, como tampoco se puede dejar al margen la educación rural en un escenario de posconflicto. “La gente tse va a estudiar ingeniería a las ciudades, pero luego no quiere volver a trabajar en su tierra”.
Para Luis Enrique Dussán, presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), la plataforma es un instrumento para empoderar al sector productivo colombiano. Durante el evento de presentación de la zonificación, uno de los asistentes en el público recordó el fracaso de un proyecto forestal en el Huila, que se venía adelantando con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif), y que se vio interrumpido porque las tierras fueron declaradas de interés para sacar adelante el proyecto hidroeléctrico de El Quimbo.
Ante eso, Dussán, quien fue representante a la Cámara por el Huila entre 2002 y 2014, recordó que durante la discusión de la puesta en marcha de la represa se intentó que el proyecto no fuera sólo hidroeléctrico, sino multipropósito, para que sirviera para el riego de la región y hasta para deportes acuáticos. Al final, el gobierno de Álvaro Uribe decidió que sería sólo para la generación de energía. “Este (la zonificación para plantaciones forestales) es el tipo de instrumento para llevar al sector y que tenga elementos para las discusiones”, dijo Dussán.
La luz verde que se le dio a El Quimbo estuvo acompañada de la habilitación de 5.200 hectáreas en compensación, que tal vez con el sistema de información puedan ser planificadas un poco mejor, pues de la UPRA echan mano instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, los planes de ordenamiento de los municipios y, por supuesto, el Ministerio de Agricultura.