La Fiscalía General de la Nación estudia una decisión relacionada al litigio que existe entre la ETB y la compañía de telecomunicaciones Claro, propiedad de Carlos Slim, por el dinero que la ETB reclama le devuelva Claro. El monto que demanda la empresa colombiana supera los $300.000 millones.
“El proceso de la referencia, actualmente se encuentra al Despacho a fin de tomar la decisión que en derecho corresponda”, dijo Claudia Leonor Meneses Espinosa, fiscal dieciocho Anticorrupción, a quien le fue asignado el caso por parte del fiscal general, Eduardo Montealegre, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por el abogado independientemente a favor de la ETB, Augusto Ocampo Camacho.
Ocampo dijo que “no puede ser que por el capricho del reconocido empresario mexicano a la fecha y pese a existir orden de varias autoridades judiciales, la multinacional de comunicaciones Claro evada el pago a la ETB de más de 200 mil millones de pesos. Con un agravante, la pasividad e inercia de la actual administración, preocupada por feriar la empresa de los bogotanos a cambio de obrar con diligencia en pos de cobrar los dineros antes mencionados”.
Claro (o Comcel), sin embargo, ha tenido otra versión al respecto en el proceso civil y mercantil. En diálogo con este medio, Juan Carlos Archila, quien se venía desempeñando como presidente de Claro desde 2009 y quien hace pocos días pasó a ocupar un cargo de relaciones internacionales en América Móvil, la compañía mexicana dueña de Claro, respondió sobre el caso. (Lea: En medio de posible demanda del magnate mexicano contra Colombia, saliente presidente de Claro manejará relaciones internacionales de compañía de Slim).
“Los tribunales (de arbitramento) se declararon incompetentes en algunos casos, lo que hizo que dichas pretensiones volvieran al Consejo de Estado, que determinó que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones la que tendrá que definir de fondo ese conflicto. Somos muy optimistas de que al regresar adonde se iniciaron esos conflictos hace 17 años, en donde Comcel tuvo la razón, regresaríamos a la misma instancia en la que se le daría la razón a Comcel y se demostraría que ETB efectivamente debía ese dinero, el que hoy reclama que se le devuelva”, afirmó Archila.
El abogado Ocampo Camacho, por su parte, expresó su preocupación ante la demora en el trámite del caso, debido a que el fiscal general de la Nación fue quien decidió designar de manera especial a un funcionario de la Unidad Anticorrupción del ente acusador en 2013.
“Urge determinar si la renuencia en el pago de la suma que la multinacional adeuda a la ciudad de Bogotá está determinada por orden del citado multimillonario, evento en el cual debe ser vinculado al proceso penal como posible responsable del delito de Fraude a Resolución Judicial, tal y como se pidió al momento de formular la denuncia penal”, expresó Ocampo Camacho.
El abogado aseguró además que pondrá la situación en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de “que se investigue disciplinariamente a la funcionaria que luego de más de tres años mantiene engavetada la denuncia penal”.
El proceso civil y mercantil entre ambas compañías comenzó a finales de los noventa debido a un vacío en la regulación que había en un contrato de prestación de servicios de larga distancia internacional que firmó ETB con Comcel entre 1998 y 2002, por el que Claro asegura que la empresa de telefonía no pagó la cifra acordada.
Por su parte, la ETB ha dicho que Comcel le adeuda casi $300.000 millones que le habrían sido pagados a Comcel “como consecuencia de la anulación de los laudos por el Consejo de Estado y que esta compañía multinacional se niega a hacer”.
En el transcurso del pleito, ambas compañías se han acusado mutuamente de desinformar a la opinión pública. El pasado 4 de septiembre, por ejemplo, mientras ETB celebraba que el Consejo de Estado había confirmado “la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre el decreto de medidas cautelares de embargo y secuestro solicitadas por ETB contra la multinacional”, Comcel argumentaba que “por el contrario el Consejo de Estado ordena suspender las medidas cautelares impuestas (…). No existe ningún embargo ni secuestre y no es cierto que Comcel esté obligado a pagar ninguna suma, puesto que no hay una decisión en firme ni definitiva sobre el caso con la ETB”.
Finalmente fue el Consejo de Estado el que ratificó que deberá ser la Comisión de Regulación de Comunicaciones quien tome una decisión de fondo en el proceso entre Comcel y ETB, tras corroborar que los tribunales de arbitramento no tienen competencia para resolver el proceso.