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Siguiendo con el interés del Gobierno de formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los países ricos, ayer se conocieron los resultados de la “Revisión de las políticas agrícolas: Colombia 2015”. Se trata de una serie de recomendaciones basadas en problemáticas del sector, como la falta de competitividad, innovación, desarrollo y empleo, obstáculos que tienen su origen en el conflicto armado en el que ha estado involucrado el país desde hace más de 50 años.
Aun cuando la agricultura ha sido muy importante para la economía nacional, según la evaluación, “el peso de la agricultura primaria en el PIB ha descendido del 16,5 en 1990 a 5,2% en 2013 (...), mientras que en materia de empleo hace 25 años ocupaba al 26% de los trabajadores y en 2013 se había reducido al 17,5%”.
Asimismo, advierte la OCDE, que aunque el Gobierno reconoce la importancia de la competitividad, “el sistema de innovación agrícola afronta imperfecciones en su mercado, que dan como resultado una escasa inversión privada, una baja oferta de conocimientos adaptados a la demanda e importantes deficiencias en materia de capacidad y gobernanza”.
Ante esta situación, Ken Ash, director de la Dirección de Comercio y Agricultura del organismo, habló de cinco puntos fundamentales a tener en cuenta, a largo plazo, para la recuperación del agro. Entre ellos la antiquísima petición de una política pública que se ejecute independiente de los funcionarios que estén a cargo.
El incremento de la inversión en infraestructura (riego y de transporte) y su regulación, una política de “inclusión del acceso a la tierra”, actualizar el sistema catastral (acelerar el registro de los derechos sobre la tierra y reforzar el sistema de tributación de la tierra) y mejorar la integración de los productos a los mercados agroalimentarios, son los otros puntos. Pero en lo que más insistieron fue en que la reforma agraria debe ser un hecho, dijo la OCDE.
“Nuestro mensaje es que hay dos tipos de apoyo por parte del Gobierno, uno es el de transferir la riqueza al sector y el otro es estimular la inversión privada, y para ello hay que garantizar las condiciones para atraerla”, dijo Ash.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, aseguró que coincidían en las observaciones hechas por la organización y aclaró que muchos de estos problemas estaban siendo atendidos por la cartera.
Si bien las recomendaciones fueron aceptadas, la reforma estructural del sector parece no estar dentro de los planes. Al igual que la pensional, el Gobierno prefiere mantener en su discurso la idea de hacer transformaciones, pero a largo plazo y, por así decirlo, dosificadas.
Iragorri recordó que la inversión en lo rural ha crecido tres veces, se han ido eliminando las inversiones por convocatoria porque “dejan por fuera a los municipios más productivos y a los más pobres”, la entrega de semillas por parte de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) que duplican la producción de los resultados y la creación de 42 cadenas de valor a las que se les hace un seguimiento permanente, entre otros.
Como en el caso de las pensiones y la minería, el ministro también dijo que muchas de las medidas para fortalecer el campo están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que regirá durante los próximos cuatro años.
Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, uno de los puntos destacables de las recomendaciones es que “se hiciera énfasis en que esto no es sólo cuestión del Ministerio de Agricultura, sino que, en línea con lo que ha dicho la SAC desde hace mucho tiempo, los demás ministerios y entidades del Gobierno deben intervenir si queremos tener un sector rural que salga adelante”.
No está de más explicar, en palabras de Mejía, que los problemas de la población rural y, por ende, la productividad del sector, están fuertemente influenciados por deficiencias en infraestructura, no sólo en transporte sino productiva, ciencia, tecnología, educación, salud, vivienda y acceso al agua, y las soluciones dependen de más de una de las carteras y entidades del Gobierno.