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El 19 de julio de este año Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien había sido el primer funcionario de alto nivel ratificado en su cargo por Juan Manuel Santos, aseguró en entrevista con El Espectador que lo que se venía para el segundo gobierno no era una reforma, sino unos “ajustes” tributarios. Cuatro meses después, con un documento de 104 páginas, comienza el debate formal en el Congreso con opiniones divididas. La más fuerte, la de los industriales y empresarios, quienes advierten que atenta contra la productividad y la inversión.
El texto, que modifica el Estatuto Tributario y crea mecanismos de lucha contra la evasión, básicamente propone la creación de un impuesto a la riqueza que deberán pagar quienes tengan un patrimonio superior a los $1.000 millones. Para las personas naturales la tarifa máxima será del 1,5%, para las empresas comienza en 1,3% y se reducirá cada año hasta llegar a 2018. Fabio Alonso Arroyave, representante a la Cámara y uno de los ponentes, deja claro que “el impuesto a la riqueza es temporal hasta 2018 y en ese momento se cambiará por un mayor impuesto al CREE”.
Detalla la ponencia que se propone una disminución gradual de la tarifa del impuesto a la riqueza para las personas jurídicas entre los años 2015 y 2017, “empezando con una tarifa marginal máxima de 1,3%, pero que disminuye en el 2016 al 1,0% y en 2017 al 0,75%, para posteriormente llevar a una desaparición definitiva” de ese tributo en el año 2018.
En “el caso de las personas naturales, la estructura del impuesto se mantiene igual a la presentada inicialmente entre los años 2015 y 2018, es decir, con una tarifa marginal máxima de 1,5%, debido a que las personas naturales no son objeto del CREE ni de su sobretasa. Sin embargo, para darles un alivio a los contribuyentes del impuesto a la riqueza que forman parte del primer rango, la tarifa marginal para los primeros $2.000 millones de base gravable se disminuye de 0,2 al 0,125%”, reza el texto.
Acto seguido, detalla que “se propone que la sobretasa del CREE para los rangos de base gravable, que sean iguales o superiores al límite de $800 millones, tenga una tarifa marginal del 4% en el período 2015; la tarifa incrementa a 6% en el año 2016, a 7% en el año 2017 y a 9% en el año 2018”. Explica que “la modificación aquí propuesta incrementa de manera escalonada las tarifas de la sobretasa al CREE, permitiendo y siendo consecuente con el plan de eliminación del impuesto a la riqueza, el cual perderá su vigencia para personas jurídicas en el año 2018”.
El objetivo del Gobierno con esta reforma tributaria es que se puedan financiar los gastos e inversiones del Estado al momento de aumentar los ingresos corrientes de la Nación. Lo harían entonces mediante “una sobretasa a las utilidades empresariales sin destinación específica que no distorsione las decisiones de inversión de los contribuyentes ni genere un incentivo al endeudamiento”.
- Improvisación
Y aunque para la elaboración del texto se reunieron representantes del Ejecutivo, congresistas y hasta los mismos empresarios, hay fuertes críticos que consideran que la reforma está más enredada que el mismo proceso de paz. “Esto es una improvisación clara del Gobierno, está tratando de financiar el hueco de $12,5 billones que tiene en el presupuesto con una reforma que ya parece de fondo y esto no se puede discutir a la carrera. Ya habían incluido 28 artículos nuevos, se están metiendo incluso con el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) cuando no tenía nada que ver. Eso genera un trámite diferente. No se da el espacio para que el país, los gremios, la academia y todos los interesados puedan debatir”, manifestó Fernando Araújo Rumie, senador y también ponente del documento.
Araújo, que forma parte del Centro Democrático, fue enfático en afirmar que esta “reforma va a acabar con el sector productivo porque limita la inversión, graba el ahorro, a la clase media. Todo eso sumado a un ambiente económico más hostil, caída del precio del petróleo, de los commodities, desaceleración de América Latina, Colombia va a recorrer el camino del desempleo de dos dígitos. Ese es el riesgo mayor. Esta es una reforma que parece de fondo camuflada en una ley de financiamiento”.
Por eso, el Consejo Gremial Nacional, que reúne a los 21 más importantes gremios del país, fue concreto y sacó sus propias conclusiones frente a la propuesta del Gobierno: “El patrimonio es la principal fuente de generación de utilidades y sobre ellas se tributa. Gravar el patrimonio no solamente afecta la productividad y la inversión, sino que también pone en riesgo el recaudo en el mediano plazo”. Le recordaron al Ejecutivo que extender el 4x1.000 por cuatro años adicionales “es un incentivo a la informalidad, facilita la evasión y la comisión de delitos como el contrabando”. Y, ya en números concretos, hablaron de que “el sector empresarial está dispuesto a realizar un esfuerzo y financiar el faltante de $12,5 billones que ha pedido el Gobierno”.
El texto de la reforma incluye también un articulado que habla de la omisión de activos y las acciones penales que de allí se desencadenarían. “El contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con éstos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 12.966 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($8.000 millones), y con lo anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios, su impuesto sobre la renta para la equidad CREE, o su impuesto a la riqueza y complementario, será sancionado con pena privativa de libertad de 36 a 96 meses y multa del 20% del valor del activo omitido”. Pero “si los legitiman, se les baja el impuesto”, explicó Arroyave.
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@EdwinBohorquezA