Réquiem por Golden EPS

Antes de tomar el caso de Saludcoop, Luis Martín Leguizamón Cepeda dirigió la liquidación de esta Entidad Prestadora de Salud.

Camilo Vega Barbosa
13 de febrero de 2016 - 10:11 p. m.

El pasado 25 de noviembre de 2015 Luis Martín Leguizamón Cepeda fue nombrado como liquidador de Saludcoop, la EPS privada más grande del país. La Superintendencia de Salud explicó que fue elegido debido a que cumplía con los requisitos establecidos para la designación, acreditaba experiencia en procesos liquidatarios y no registraba antecedentes. Además, según la entidad, fue escogido después de estudiar a varios candidatos idóneos.

Uno de esos procesos, con el que acredita experiencia Leguizamón, fue la liquidación que dirigió de Golden Group EPS (Golden). Se trataba de una EPS, de capital chileno, que nació el 19 de marzo de 2008 y que fue intervenida por la Superintendencia de Salud el 23 de enero de 2015, justificando patrimonio técnico negativo debido a sus serios problemas financieros.

Hasta hace poco la liquidación de Golden no distaba mucho del típico caso de una EPS que quebró y que no dejó dinero suficiente como para pagar las indemnizaciones de sus empleados, obligando al liquidador a cerrar el proceso. Sin embargo, a finales del mes de enero de 2016, poco más de un año después de la intervención, cinco trabajadores de los 244 que había en la EPS se acercaron a las oficinas de El Espectador con el fin de exponer una serie de anomalías e inconformidades sobre cómo Leguizamón, y su equipo, llevó a cabo la liquidación de su antigua empresa. Con el fin de proteger la identidad de estos cinco ciudadanos se les llamará Los Denunciantes.

Cuando Leguizamón declaró el desequilibrio financiero y cerró el proceso de liquidación, en julio de 2015, los trabajadores de Golden fueron notificados de que no había dinero suficiente para pagar los más de $1.541 millones que se les debía en indemnizaciones (acreencias). Aunque es trágico, las fuentes consultadas por este diario indican que es un fenómeno común entre las empresas intervenidas. Sin embargo, lo que reclaman los denunciantes es el manejo que se les dio a los gastos administrativos, pues según ellos fueron elevados y perjudicaron el pago de las acreencias.

Por ejemplo, les parece inaudito que en el informe de la liquidación aparezca un egreso de $1.044 millones justificados como gasto de archivo. Los Denunciantes no entienden por qué se recurrió en este gasto que pudo cubrir el 67,7% de las indemnizaciones, aun cuando los archivos de Golden se encontraban todos digitalizados y en buen estado. Además, les parece increíble que un trámite de desempastado y repastado costara dicha cantidad de dinero.

Este diario habló con Luis Martín Leguizamón y le preguntó por los $1.044 millones. El liquidador contó que “la ley indica que en los procesos de liquidación los gastos administrativos tienen prioridad sobre las deudas con los trabajadores, pues sin éstos la liquidación no puede andar. El gasto en el que se incurrió se debió a que los registros de Golden no cumplían con las exigencias metodológicas que exige el Archivo General de la Nación, un requisito que está en las normas colombianas, por lo que no se puede incumplir. Asimismo, antes de devengar este dinero se hicieron cotizaciones con cinco proveedores, con el fin de encontrar el más viable económicamente”.

El otro reclamo va dirigido al gasto para pagar la nómina del equipo que estuvo a cargo del proceso de Golden. En la primera etapa de la intervención, a comienzos de febrero de 2015, Leguizamón contrató a varios trabajadores de la EPS para que le ayudaran, pues eran personas con experiencia en el sector salud. En total se seleccionaron a 20 empleados que trabajaron durante los meses que duró la liquidación, y según Los Denunciantes, a todos se les habría incrementado el sueldo. En varios casos se les duplicó.

Los Denunciantes cuentan que tienen información de primera mano sobre este gasto, pues tres de ellos hicieron parte de un grupo previo a los 20 que contrató Leguizamón. Sobre lo cual también reclaman que no recibieron el pago de los honorarios por trabajar esos días bajo el mando del liquidador.

Para Leguizamón como tal no hubo un incremento salarial, sino que simplemente estos trabajadores pasaron de un contrato laboral a otro con una mejor remuneración, cuyo criterio fue basado en los sueldos que se aprecian en otras EPS similares. Además, “el sueldo está justificado porque estos empleados tuvieron que trabajar exhaustivamente por varios meses, quedándose hasta la madrugada e incluso laborando fines de semana completos. De manera que la carga era mucho mayor”.

De esas 20 personas que trabajaron al mando de Leguizamón hay un caso que sobresale de todos: el de Leidy Johana Rodríguez Martínez, quien trabajaba como la coordinadora administrativa de Golden y pasó a ser la gerente del proceso de liquidación.

Cuando El Espectador le preguntó sobre su nuevo sueldo, Rodríguez se defendió con argumentos similares con los que Leguizamón justificó los demás salarios. Ella señaló que “si bien mi remuneración pasó de $3’500.000 a cerca de $8’000.000, es bajo si se le compara con lo que ganaban los gerentes de Golden. El gerente general se ganaba más de $13’000.000, por lo que en realidad lo que hizo el liquidador fue bajar el salario en este cargo. Además, mi carga laboral y responsabilidades aumentaron considerablemente”.

El sueldo de esta trabajadora no es lo que más inquieta a Los Denunciantes, sino el hecho de que sea la representante legal de la empresa que actualmente tiene el mandato de los recursos de Golden. Cuando Leguizamón terminó con el proceso liquidador utilizó su derecho legal para designarle a una persona jurídica la administración de $1.816 millones en remanentes de la EPS. Y en este caso la compañía seleccionada fue registrada por Leidy Johana Rodriguez Martínez en la Cámara de Comercio de Bogotá, el pasado 9 de marzo de 2015, bajó el nombre Visión Estratégica.

De manera que cuando se cerró la liquidación la empresa que se eligió para terminar con el proceso de Golden llevaba menos de cinco meses de existencia. A Los Denunciantes les inquieta que prácticamente al mes de haber entrado a trabajar con Leguizamón ella tomó la decisión de crear esta empresa, como si hubiera sido planeado que Visión Estratégica terminaría administrando los remanentes.

Cuando se contactó a Rodríguez el 4 de febrero de 2016, de manera separada de Leguizamón, ella explicó que “la decisión de crear la empresa fue personal y no fue consentida con el liquidador. Opté por esto porque sabía que la gerencia del proceso de liquidación, que se adelantaba en ese momento, se realizaría mejor si lo hacía a título de persona jurídica y no natural. Pero sólo fue hasta mayo de 2015 que le notifiqué al doctor Leguizamón que había conformado esta sociedad”.

Sin embargo, por su parte Leguizamón contó: “Yo les dije a los empleados que conformaran una empresa para que administrara el mandato”.

Asimismo, cuando se le preguntó a Rodríguez sobre cuál fue la razón de que su empresa terminara con la administración de los remanentes de Golden, ella respondió: “Fue una decisión que se tomó debido a que yo había estado a cargo de todo el proceso y estaba al tanto del estado de la liquidación. De manera que para evitar traer a alguien que tuviera que estudiar todo el caso de nuevo se optó porque Visión Estratégica siguiera con los trámites”.

Por su parte, Leguizamón explicó que “la principal razón por la que se eligió a Visión Estratégica para darle el mandato de los remanentes fue para reducir costos. Y segundo, porque la representante legal de la empresa es alguien que acompañó el proceso de liquidación desde el comienzo, entonces conocía el caso. Además, contratar otra empresa con más experiencia costaba mucha plata, y no había”.

El último movimiento del caso de Golden se dio durante esta investigación. El pasado 6 de febrero de 2016 la empresa Visión Estratégica mandó un comunicado a los trabajadores en el que se les notificaba que realizaría el pago de cerca del 18% de las acreencias que se les debe a los trabajadores.

Tras conocer esta noticia, Los Denunciantes sintieron una mezcla de emociones. Por un lado se alegraron por recuperar algo de lo que les debían y a los otros 239 trabajadores de Golden. Pero no entendieron por qué si durante todo el último año en los varios recursos legales y derechos de petición que interpusieron siempre se les dijo que no había plata para pagar las indemnizaciones, a los dos días que El Espectador habló por primera vez con Leidy Johana Rodríguez se les avisó que sí les iban a pagar parte de las acreencias.

Al hablar por segunda vez con Rodríguez y al preguntarle qué había cambiado en los últimos días, ella respondió: “No es que haya cambiado algo en específico, sólo fue el resultado de una gestión que veníamos tratando con el Fosyga desde hace tiempo, pues ya llevamos ocho reuniones con ellos y el Ministerio, y la Superintendencia de Salud tiene conocimiento de ello. Y cuando el pasado 5 de febrero liberaron unos recursos que nos tenían retenidos procedimos inmediatamente a distribuirlos para pagar acreencias. Afortunadamente todo se prestó para que fuera en ese momento. El resto de acreencias se pagarán dependiendo de los recursos que nos sigan liberando, pero la meta es pagar todo lo que se les debe a los trabajadores de Golden”

Los Denunciantes reclaman que la mayoría de los más de 244 exempleados de Golden se encuentran en una posición difícil por la falta de su indemnización completa, ya que la mayor parte sigue sin trabajo. Y señalan que entre los afectados se encuentran madres cabezas de hogar. Además, temen que el caso de la EPS en la que trabajaban se olvide debido a que ahora Leguizamón es el liquidador de Saludcoop, un proceso que apoya actualmente Rodríguez bajo título de persona natural y no con Visión Estratégica.

El último reclamo que hacen los cinco trabajadores que llegaron a las oficinas de este diario no es en contra del liquidador de Golden, sino contra el Estado colombiano. Indican que el caso que se ha expuesto fue denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Y en todos los casos estas entidades se limitaron a remitir los recursos legales al mismo Leguizamón, quien “respondió casi todas las veces con el mismo formato. Prácticamente fotocopiaba la respuesta, que siempre decía que no había dinero para pagarle a los trabajadores”, indicaron Los Denunciantes.

Por Camilo Vega Barbosa

 

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