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La aprobación de la Ley Anticontrabando fue recibida por los comerciantes de los sanandresitos de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta con marchas de protesta, con el argumento de que está criminalizando a más de cuatro millones y medio de comerciantes del país.
“Si usted lee el proyecto de ley, el espectro es tan grande que genera preocupación. Dice que el que descargue, venda, modifique, enajene o resguarde mercancía, entre otras, será investigado y detenido. Incluso si usted tiene un local arrendado, podría perderlo”, dijo Albeiro Camacho, presidente de la Federación de Sanandresitos de Colombia.
El director de la DIAN, Santiago Rojas, salió al paso de las críticas explicando, a modo de ejemplo, que si un pequeño comerciante alquila un local y allí se comete el delito de contrabando deberá demostrársele el delito de dolo para que sea judicializado. Agregó que a los comerciantes se les consultó sobre el proyecto y que “si hoy no han ido a la cárcel por contrabando, cuando entre en vigencia la ley tampoco”.
Camacho reconoció que deben existir medidas para controlar el contrabando en los puertos “e incluso podríamos poner de nuestra parte. Pero no tienen por qué poner tras las rejas a los comerciantes ni quitarles el local, que tal vez es su único patrimonio”.
Para Guillermo Botero, presidente de Fenalco, la Ley Anticontrabando no es ideal por un asunto eminentemente técnico: “Hay demasiados verbos rectores sobre conductas que pueden ser típicas. La tipicidad de las conductas fue una de las observaciones que hicimos”.
En cuanto a la protesta manifestó que la gente tiene que someterse a la ley. “El comercio formal no resiste la competencia de los ilegales, que no pagan IVA, prediales, impuesto de industria y comercio”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también entró a mediar en las protestas diciendo que “la ley afecta y persigue a los grandes contrabandistas y no debería preocupar a los comerciantes informales”.