El presidente Juan Manuel Santos se comprometió a mantener la estabilidad jurídica en las reglas de juego del sector minero, con miras a dinamizar esta locomotora y, de paso, espantar el fantasma que está asustando a las empresas que invierten en el país.
En un mensaje enviado a las directivas de la Asociación de Minería a Gran Escala (MGE), que realiza en Cartagena el segundo congreso sobre la materia, el mandatario recalcó que las grandes fricciones en torno a la minería no son ciertas, pero que han hecho carrera. “Que es un sector parásito, que no da sino que sólo pide, que no contribuye al mejoramiento de la calidad de la vida de las regiones donde opera... Cuán lejos de la verdad. Este sector no sólo dinamiza la economía nacional, no sólo nos genera enormes ingresos provenientes de las exportaciones, no sólo atrae importante inversión extranjera que impulsa nuestro crecimiento... Este sector es mucho más que eso: es el gran financiador de los programas sociales en el país”, explicó.
Si bien el mensaje fue bien recibido por los asambleístas, la realidad es que hay más de 10 proyectos de carácter legislativo que, según Claudia Jiménez, directora de MGE, podrían cambiar las reglas de juego y espantar la inversión. Pero no es sólo esta la preocupación del sector; hay otros elementos que impiden que la potencialidad minera se convierta en un proyecto de talla mundial.
La demora en la expedición de las licencias ambientales, la eliminación de la minería ilegal, la falta de control a la actividad y de compromiso de algunas empresas, así como la dualidad en la toma de decisiones por parte del Gobierno, están minando el sector, explicó César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de la Minería (CCM).
El ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, señaló que este es un proceso que viene avanzando, que se están creando las herramientas para atender como se requiere al sector y que en el corto plazo se alcanzarán resultados positivos. Asimismo explicó que una de las tareas que están en desarrollo es pedir más plazo para que el proyecto del Código de Minas pueda tener la aprobación de las comunidades con el desarrollo de las consultas previas.
Por su parte, el representante a la Cámara Miguel Gómez denunció la existencia de agendas paralelas que no permiten que exista una toma de decisiones unificada. Mientras que el Gobierno apoya el desarrollo minero, en algunos municipios se está prohibiendo la actividad (ver página 14). Gómez no ve con buenos ojos que el Gobierno esté preparando un proyecto para dinamitar las retroexcavadoras que están haciendo minería ilegal, cuando lo que debe hacer es mejorar la efectividad de control en el territorio nacional.