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Tras 45 días de paro camionero, el Gobierno Nacional y el gremio de los transportadores llegaron a un acuerdo para darle fin a la manifestación. El acuerdo se firmó alrededor de las tres de la mañana de este viernes, por lo que lo líderes camioneros han impartido la orden de levantar los bloqueos y las protestas en las vías del país.
El primer punto acordado fue la confirmación del esquema de libertad vigilada para el transporte de carga, es decir, no se revivió el sistema de tabla de fletes. ¿Qué significa esto? Que los actores de la cadena de transporte puede pactar libremente los precios dentro de unas tarifas de referencia y de un marco de vigilancia. En caso de que haya distorsiones en una ruta determinada, el Gobierno Nacional podrá intervenir para establecer nuevamente el equilibrio comercial, incluso, fijar de manera temporal los precios hasta que se corrija la distorsión.
El otro acuerdo se refiere al esquema de chatarrización. En este punto se mantiene el esquema uno a uno de cambio del parque automotor como mecanismo para renovar parque automotor, reducir la sobre oferta y modernizar los vehículos y, de este modo, eliminar la ilegalidad y la corrupción.
De acuerdo a declaraciones de Luis Guillermo Vélez, ministro de Presidencia, a Blu Radio, este esquema se mantendrá hasta que se agoten los recursos dispuestos, que sería unos $800'000.000. Se chatarrariazarían unos 14.000 vehículos de carga pesada (de más de 10.5 toneladas), es decir, alrededor del 60 % de la sobreoferta en un período corto de tiempo.
Lo acordado "permite hacer una reforma estructural de la política de transporte de carga pesada, que se venía diseñando a punta de paros y tenía una cantidad de desequilibrios en la cadena productiva, producto de los paros", dijo Vélez a la emisora en la mañana de este viernes.
Por su parte, Luis Orlando Ramírez, director de la Asociación de Transportadores de Carga, (ATC), señaló: "Quisimos hacer una puesta clara de las necesidades de los camioneros, decirle a la opinión pública que valores a sus camioneros en todo momento, cada día, porque hoy que ya cesamos la inmovilizar, que queda formalmente levantada, lo hacemos porque hemos logrado a un acuerdo que satisface las necesidades". El Gobierno y la cruzada por la dignidad camionera insisten en que se puede lograr con todos los actores en la cadena del transporte de carga una cadena eficiente y competitiva que responda a las necesidades que tiene el sector para el desarrollo del país.
A pesar de que el Gobierno siempre dijo que había hasta un 50% de acuerdo entre las partes, al final no pasaba nada y cada uno se levantaba de la mesa inconforme y sin un final feliz. Pero con el aval de Santos, Rojas tenía la directriz clara de lograr que el paro de mes y medio se levantara.
El paro camionero que dejó millonarias pérdidas, incluso calculadas en más de un billón de pesos. No sólo por los alimentos perdidos, las cosechas que se quedaron sin recoger, los animales que estaban a tiempo de ser sacrificados o aquellos a los que no les llegó el concentrado, también por las obras que tuvieron que parar porque no llegaron los materiales, empezando por el cemento, pues las plantas de Boyacá alcanzaron a contar más de 20 días en los que no salió ni un bulto de cemento. (Lea: Ahuyama, repollo y cebolla, lo que más ha subido en Bogotá por el paro camionero)
Al unísono todos los gremios de la producción habían dejado claro que entendían la protesta, pero no estaban de acuerdo con las vías de hecho y menos con el bloqueo de las carreteras, con las que se impidió que los camioneros que sí querían trabajar, lo hicieran por miedo a ser atacados por sus colegas.
La única forma de mantener el abastecimiento de alimentos en las principales centrales de alimentos del país, fue con caravanas seguras ofrecidas por el Gobierno, en donde escoltas de la Policía y el Ejército tuvieron que viajar acompañando a los camioneros y sus vehículos. O, por ejemplo, el tren de carga ANI – Dracol, que fue acondicionado para transportar cientos de toneladas de cemento hacia Bogotá.
El director ejecutivo de la ATC y miembro de la Cruzada Camionera, le había dicho esta semana a El Espectador que no era verdad que estuvieran pidiendo aumentos del 30%. “La estructura de costos de transporte tiene un 40 % por debajo del costo operativo. Lo que estamos pidiendo es que se nos nivele. No pedimos incrementos de fletes: pedimos nivelación de los costos operativos. Ese 8,5 % que ofrece el Gobierno no asiste a nuestra realidad”.
Y había sido enfático en que no darían el brazo a torcer porque “declinar sería ceder el terreno al Gobierno para que entregue el transporte a las multinacionales y desplace el camionerismo colombiano”.
Dos días antes el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, también en entrevista con este medio, fue enfático en que “desde un principio, desde el día 1, los avances fueron de más del 50%. Y deberíamos haber logrado el cierre hace mucho tiempo, pero hay momentos de la negociación que uno siente regresa al principio”.
Y sobre los temas de fondo, también sentó una propuesta frente a las empresas de transporte: “Proponemos hacer una revisión juiciosa de cómo les hacen los descuentos, no dejar que se den descuentos no permitidos, hacer un control en puertos para que a ellos se les pague lo que debe ser. Propusimos una resolución normativa para el control en los sitios de cargue y descargue, para controlar las ineficiencias del generador y no solo las del transportador. Lo hemos propuesto”.