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Este miércoles se realizará en el Congreso de la República el cuarto debate del proyecto de ley que busca subir los impuestos de las bebidas alcohólicas. Mientras que el Gobierno califica esta iniciativa como una política de salud pública, y que a su vez aumentará el recaudo de los departamentos, los gremios de licores nacionales e importados denuncian que será un fuerte golpe al sector. Y una de los más afectados sería la industria del vino, incluso podría haber cientos de empleos en peligro. (Ver Industria del vino, ¿amenazada por los impuestos?)
El proyecto de ley propone modificar el estatuto actual, el de la Ley 1393 de 2010, que dice que los licores de menos de 35° pagarán $256 por cada grado de alcohol que tenga la bebida, y los más fuertes pagarán $420 por grado. Además, el marco regulatorio actual fija impuestos ad valorem diferenciados entre cada tipo de licor: el vino paga 20 % y el aguardiente 34 %. La reforma propone una tarifa única de $200 por grado de alcohol y un impuesto general de 25 % sobre el valor comercial.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que “la motivación central del proyecto de ley es la salud. Debido a que son bebidas alcohólicas deben ser gravadas para desincentivar su consumo. Al determinar tarifas fijas por grados de alcohol, y al cobrar un impuesto ad valorem, aumentaremos la equidad y nos permitirá conseguir más recursos para las regiones. Consideramos que el recaudo subirá en 20 %, de $1,5 billones a $1,8 billones, y son recursos que no van para el Gobierno central, sino para los departamentos”.
Aunque de ser aprobada se vería un impacto generalizado en la mayoría de los licores, el vino es el gran damnificado de la nueva regulación: el impuesto para las marcas nacionales pasaría de 20% a 29%, y el importado subiría de 12,8% a 26%. Por esto, algunos gremios como Fenalco consideran que podría ser el fin de la industria del vino como se conoce en Colombia.
Frente a esto Nelson Izaciga, presidente de la Asociación Colombiana de Vinos (Asovinos), explicó: “Reconocemos que hay un rezago tributario en los vinos y estamos dispuestos a pagar más, pero no podemos soportar tal incremento en los impuestos. Podríamos tolerar un aumento del 50 %, pero en esta reforma los gravámenes aumentan en 150 % para las marcas importadas y en 92 % para las nacionales. En tan solo un semestre el panorama para nuestra industria se oscurecerá tremendamente. Los productores locales ya advirtieron que, en caso de pasar este proyecto de ley, mandarán solicitudes para despidos masivos ante el Ministerio del Trabajo. Estamos hablando de que podría haber 970 empleos en peligro. El Gobierno debe entender que al aumentar los impuestos no necesariamente sube el recaudo. De hecho, consideramos que esta industria podría dejar de pagar $123.000 millones de los $177.000 millones que tributa cada año”.
El dirigente gremial también señaló que “el vino no es como cualquier otro licor, su proceso es mucho más complejo y más riesgoso. Las lluvias, las sequias, y las plagas son un drama con el que viven todo el tiempo. Además estamos gravando este licor de uvas como si fuera una bebida hiperalcohólica, y el mismo ministro de Hacienda ha reconocido que es una falla dentro del proyecto de ley pero de todas formas está a punto de aprobarse. Además, el documento se torna aún más drástico cada vez que sale de una discusión en el congreso, al documento original le sumaron que los productos deben tener etiqueta de origen. Lo cual es como si de una vez se esperara que esta ley aumentará el contrabando y que se están tomando correctivos desde el comienzo”.
Respecto a las críticas de que esta reforma aumentará la ilegalidad, Cárdenas indicó: “No aceptamos la tesis de que no podemos aumentar los impuestos a productos que le hacen daño a la salud pública con el argumento de que esto va a estimular el contrabando, porque lo tenemos que combatir junto al abuso en el consumo de alcohol, estos dos objetivos son compatibles. La iniciativa contempla mecanismos para combatir la ilegalidad, como por ejemplo las etiquetas de origen, y los licores solo pueden ser almacenados en bodegas autorizadas en cada departamento. Asimismo, por medio de la ley anticontrabando se incluirá a las bebidas alcohólicas como producto sensible, para así aumentar las penas para los que infrinjan las normas”.
Desde el retail, o ventas al por menor, también existe preocupaciones. Luis Emmanuel, director de Expovinos, explicó que “el impacto del proyecto de ley se sentiría en todo el sector, pero algunas marcas sentirán más el impacto que otras. Incluso algunas categorías podrían desaparecer. Por ejemplo en las gamas media alta se espera un incremento de cerca del 15% como mínimo. Y aunque en menor proporción, cerca del 10%, también se verán afectados productos de menor calidad pero que son de alto consumo dentro de los colombianos. Por ejemplo El Cariñoso podría pasar de $10.000 a $11.000 la botella, y aunque sean solo $1.000 afectará tremendamente el consumo de este nicho de mercado pues son consumidores de bajos ingresos. Lo otro es que este tipo de restricciones hace aún más difícil comerciar en este mercado, además de tener que pedir 33 permisos, uno por cada departamento, tenemos que sujetarnos a la nueva regulación que ahora nos pide por ejemplo etiquetas de origen”.
Los demás licores también se verían afectados. Por ejemplo, el ron nacional pasaría de pagar un impuesto agregado de 29,5 % a 34 % de su valor comercial, por lo que el recaudo por botella pasaría de $10.324 a $12.918. En cambio el mismo licor, pero importado, vería su gravamen bajar de 30,3 a 30 % y su impuesto por unidad bajaría de $19.487 a $18.993. Asimismo el aguardiente vería su precio de venta subir de $28.300 a $30.663 como resultado de 6 puntos básicos en el que aumentaría su tributo tras la reforma.