Luego de que el presidente Juan M. Santos denunciara el despojo de 187.700 hectáreas de tierra a los campesinos en San Martín (Meta), la Superintendencia de Notariado y Registro reveló que presentará nuevos hallazgos relacionados con el robo de predios a manos de privados y grupos al margen de la ley en Norte de Santander, Antioquia y otra zona del Meta.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le dijo a El Espectador que “con registradores del país estamos revisando resoluciones del Incora y el Incoder. Se comprometieron 192 registradores”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que gran parte de los despojos se efectúan falsificando no sólo dichas resoluciones, sino los certificados de tradición de los predios.
Vélez contó, además, que la Superintendencia está terminando un estudio sobre el despojo de 20.000 hectáreas en el Meta, adicionales a las 187.700 de San Martín. En varios de estos casos están vinculadas algunas sociedades.
Recalcó que en este departamento los hallazgos —parecidos a los vistos hace seis meses en la zona de alias Cuchillo— tienen los mismos problemas, como compras masivas de terrenos, falsificación de las firmas de los desplazados de los comités para vender predios, aclaración de linderos, falsas tradiciones, uso de documentos falsificados del Incora y otras modalidades para agilizar el despojo.
Según cálculos del Gobierno, el 70% de los predios despojados en el país corresponden a robos realizados al Estado y el 30% restante está relacionado con el desplazamiento de campesinos por grupos al margen de la ley.
Y al tema del despojo se une otra situación compleja que tiene en la mira de los violentos a los líderes de la sustitución de tierras en Colombia, ya que desde 2008 van más de 50 voceros de los desplazados asesinados.
En relación con la propuesta del presidente Santos, de ponerle un impuesto a la tierra improductiva en la próxima reforma tributaria que el Gobierno presentaría en marzo de 2012, Vélez dijo que apoya la propuesta: “Es necesario hacer una gran cruzada para recuperar el campo en un país eminentemente rural”, dijo.
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, señaló que la valoración de las tierras rurales —que actualmente asciende sólo a $70 billones— “es absurda”. Además, aseguró que este fenómeno ha permitido “tener grandes depósitos de dinero guardados sin que produzcan. Esto tiene un enorme costo para la sociedad, porque no se genera empleo”.
Absalón Machado, director académico del estudio sobre desarrollo rural presentado al Gobierno por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), aseveró que no será fácil imponer el impuesto. “Debe haber un acuerdo entre el Gobierno y los municipios, que tienen facultad para poner estos impuestos hasta el 16 por mil”.