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Cada año por esta época, el sector eléctrico, los usuarios de los estratos de menores ingresos y los ordenadores de gasto del Gobierno tienen una preocupación: los subsidios eléctricos. Esas ayudas, que favorecen a los habitantes de los estratos bajos, tienen un costo anual de $2 billones y su componente es un porcentaje alto de los recursos del presupuesto general de la Nación y la porción restante proviene de las contribuciones de los estratos altos de la población.
La alarma fue encendida durante el noveno encuentro anual del sector energético colombiano que organiza Acolgen. El anuncio de que el sector de Minas y Energía va a sufrir un fuerte recorte por lo menos de $1 billón en el proyecto de presupuesto para 2017, aforado en $224,4 billones, hizo evidente esta preocupación. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, admitió que hay un recorte para todos y “para el sector (de Minas y Energía) ha sido particularmente alto”. Todos los subsidios pasan por el presupuesto de inversión del sector y “yo creo que una responsabilidad que tenemos es seguir garantizando los subsidios, sobre todo para los más necesitados de los estratos uno y dos. Que les permitamos seguir subsidiando parte de la tarifa a esos usuarios y eso será parte de la discusión en el Congreso”. En 2014, el costo de los subsidios eléctricos era de $2,3 billones; las contribuciones fueron de $965.595 millones y el déficit era de $1,3 billones.
Los recursos del Ministerio de Minas y Energía en el proyecto del presupuesto nacional que comenzará a ser discutido en el Congreso, son inferiores en un poco más de $1 billón para 2017 frente a lo aprobado para 2016. La iniciativa presentada el viernes pasado contempla que el sector de minas y energía tendrá unos recursos por $2,2 billones, con una caída de 33 % frente a lo invertido en 2016, de $3,3 billones.
Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios de hasta el 60 %, 50 % y 15 % sobre el Costo Unitario de Prestación del Servicio. Los clientes de los estratos 5, así como el sector comercial, pagan una contribución del 20 % sobre el Costo Unitario de Prestación del Servicio, con destino a cubrir los subsidios otorgados a los clientes de los estratos 1, 2 y 3.
Los clientes del estrato 4, así como los servicios especiales como hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no pagan contribuciones ni reciben subsidio. Los acueductos pagan contribución del 10 % sobre el Costo Unitario de Prestación del Servicio. A partir de 2013, los industriales cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario (RUT) podrán solicitar la exención del pago de contribución de solidaridad. Una vez concedida ésta, deberán actualizar la información cada seis meses.
Un informe de la Contraloría General advierte que los recursos de los subsidios del sector eléctrico aportados por el Estado crecieron significativamente en los últimos años. “Hoy representan el 63 % del total de los subsidios, pasando de $436.505 millones en 2010 a $1,360 billones en 2014, como consecuencia principalmente de la eliminación de la contribución del 20 % del valor facturado a los usuarios industriales”. Camilo Manzur, director de Asocodis, gremio que agrupa a las empresas que manejan el 99 % de los usuarios en Colombia, indicó que las empresas asociadas a su gremio van a tener un déficit de subsidios para 2017 de $1,6 billones. A esta cifra se suma el faltante de 2016, que no fue apropiado en este presupuesto, por un monto de $2 billones. “A eso hay que adicionarle los déficits de las zonas no interconectadas, que pudieran ser cercanos a los $300.000 millones”.
En esta dirección, Eduardo Pizano, presidente de Naturgás, alertó sobre la afectación de los subsidios para los estratos bajos en el servicio de gas natural por la no apropiación de recursos del Fondo Cuota de Fomento. Estos dineros son recolectados para conectar los estratos más bajos de la población. “Eso hace que toda la expansión de los estratos populares vaya a quedar paralizada”. Los recursos son del orden de los $30.000 millones, que no fueron ejecutados en su debido momento. La presidenta de Asoenergía –gremio que reúne a los consumidores del país–, María Luisa Chiappe, dijo que llegó la hora de bajar las tarifas eléctricas haciendo más eficiente el servicio. Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, insistió en que se requiere revisar el precio de escasez de la energía, pero aclaró que esa revisión no se reflejará en la tarifa final para el usuario.