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La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que a partir de este viernes vigilará el uso de datos personales en Colombia, a través de su Delegatura para la Protección de Datos Personales, contenida en Hábeas Data.
El informe de la entidad de vigilancia explica que esta labor se suma a la que viene cumpliendo la entidad desde 2008 frente al cumplimiento de los deberes de los operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera y crediticia, en lo que se conoce como Hábeas Data.
Las nuevas funciones de la entidad de control entran en vigencia después de vencerse el periodo de transición de seis meses, establecido por la Ley 1581 de 2012, tiempo en el cual las entidades públicas y privadas que manejan bases de datos con información personal, debieron adecuar sus procedimientos a los deberes que les impone el Nuevo Régimen de Protección de Datos en Colombia, precisa el informe de la superintendencia.
Dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, está la posibilidad de adelantar investigaciones, ordenar medidas correctivas para proteger el derecho de hábeas data de los ciudadanos, ordenar el bloqueo temporal de los datos, ordenar la eliminación o corrección de información en una base de datos y administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos. Este último se encuentra en proceso de reglamentación por parte del Gobierno Nacional, aclara el informe de prensa.
Es importante resaltar que a partir de este viernes 19 de abril de 2013, una vez vencido el periodo de transición, la Superintendencia está plenamente autorizada para ejercer sus facultades de autoridad de vigilancia, y en consecuencia podrá tramitar reclamos de los ciudadanos y adelantar investigaciones por el incumplimiento de los deberes de los responsables y encargados del tratamiento.
Advierte la superintendencia en su informe que en caso de comprobarse la comisión de una infracción a dichos deberes, la Delegatura para la Protección de Datos Personales podrá imponer multas de hasta de 2.000 salario mínimos vigentes, ordenar la suspensión de actividades o el cierre temporal o definitivo de las operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales.