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En un documento de 350 páginas, el superintendente delegado para la protección de la competencia, Germán Enrique Bacca, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), luego de exponer entre otras cosas los antecedentes y las pruebas, recomienda al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo –quien deberá decidir-, sancionar a un supuesto cartel del azúcar conformado por 12 ingenios, el gremio Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), las firmas CI Azúcares y Mieles (Ciamsa) y Desarrollos Industriales y Comerciales (Dicsa), y en el que serían responsables 16 personas naturales.
Los acuerdos anticompetitivos, según las pruebas suministradas, dan cuenta de la existencia de consenso para la repartición de cuotas de producción y acuerdos entre los ingenios sobre la restricción y obstrucción de la importación de azúcar a Colombia, con estrategias específicas para evitar la importación desde Bolivia. Los ingenios involucrados son Riopaila Castilla, Incauca, Manuelita, Ingenio Providencia, La Cabaña, Ingenio Pichichí, Ingenio Risaralda, Ingenio San Carlos (controlado por Mayagüez), Carmelita, Central Tumaco (disuelta), Ingenio María Luisa y Mayagüez.
El superintendente delegado presenta actas de reuniones a finales de los 90 de la junta directiva de Asocaña, a cuya asamblea general pertenecen los ingenios mencionados, en las que había intercambio de “información sensible entre competidores”. Dice un acta de 1999 que después de severas dificultades para el sector en 1999 hubo recuperación de 'la disciplina sectorial'. “Se logró, además, la concertación con los demás ingenios que no participaban en las disciplinas sectoriales”, muestra el acta.
Aparte de lograr acuerdos sobre un mecanismo de regulación de precios, “se concertaron los acuerdos complementarios a ese Fondo de Estabilización”. En una comunicación del 27 de enero de 1999, por parte de Ricardo Villaveces, en ese momento presidente de Asocaña, a Carmelita decía: “Los ingenios del contrato exportarán en 1998 el 44% de su producción, (…) se propone que los ingenios que hasta ahora han estado por fuera del contrato exporten en 1999 el 10% de su producción (…) el porcentaje máximo de exportación para los nuevos miembros será del 22%, que equivale al porcentaje de exportación que tendrá el sector en 10 años”.
El delegado Bacca concluye que estas “constituyen en sí mismas prácticas idóneas para limitar la libre competencia que contextualizan la conducta que hoy se reprocha: un acuerdo para obstruir la participación del azúcar importada en el mercado colombiano, y de esta forma evitar la caída de los precios del producto”. Dice además que “la delegatura encontró que incluso el comité directivo del FEPA (Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar) ha servido como escenario común para la concertación de temas que afectan la libre competencia en el mercado del azúcar en Colombia”.
La investigación partió de denuncias que llegaron sobre supuestas cuotas de producción, distribución del azúcar, estabilidad del precio y el reducido margen de negociación frente a los precios ofrecidos a los industriales, señalamientos que fueron hechos por Coca Cola Femsa, Bavaria, Nestle, Bimbo, la Compañía Nacional de Chocolates, Galletas Noel, Casa Luker, entre otros. En 2010, por ejemplo, la Asociación de Agroindustriales del Bocadillo Veleño hizo su denuncia por el sobrecostos del 45% en los precios del bulto de azúcar en cinco meses. Después de visitas administrativas realizadas a los involucrados entre 2009 y 2010, la investigación se abrió formalmente en 2012.