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“El Gobierno Nacional, en un diálogo abierto y público, acogió la propuesta de los empresarios para desmontar el Impuesto a la Riqueza gradualmente hasta derogarlo en 2018, reemplazándolo por la sobretasa al impuesto CREE que grava las utilidades buscando mantener el apoyo y el impulso a la industria nacional”, fueron las palabras del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, minutos después de que el Senado aprobara la iniciativa del Gobierno que busca los recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal de $12.5 billones proyectados en el 2015 y los adicionales para el 2016, 2017 y 2018 en temas sociales.
Por eso, fue enfático en que de esta forma “se busca un equilibrio entre los gravámenes a la riqueza y a las utilidades, sin afectar a la clase media ni a las Pyme, que son el fundamento de la economía nacional”. En palabras exactas, con el documento que avaló el Senado y al que le falta el debate de la Cámara de Representantes y la conciliación, se crea el Impuesto a la Riqueza para quienes posean patrimonios netos superiores a los $1.000 millones con una tarifa máxima de 1,15% en 2015, 1% en 2016 y 0,4% en 2017. Desaparece en el 2018. A su lado, dieron vía libre a la sobretasa al impuesto sobre la renta y la equidad, CREE, que grava las utilidades superiores a $800 millones con un 5% en el 2015, 6% en el 2016, 8% en el 2017 y 9% en el 2018.
Pero los contradictores del Gobierno piensan otra cosa y advierten que ni ha habido debate y que tampoco resulta tan equilibrada como la vende el Ejecutivo. Mario Valencia, subdirector de Cedetrabajo y miembro de la Red por la Justicia Tributaria, asegura que los ganadores son los importadores, lo que provocará una crisis económica y, mientras tanto, los beneficios al sector financiero y minero, que superan los $3,2 billones al año, se mantienen. “Mantener el impuesto al patrimonio afecta a los pequeños y medianos productores del país, quienes tienen activos fijos que se vuelven precisamente patrimonio, y de esa forma se castiga tenerlos. Entonces les resultará más barato no tener máquinas, instalaciones de trabajo y mucho menos empleados porque será más barato importar”.
Sin embargo, y ante las críticas, el mismo ministro de Hacienda fue claro en que “esta ley no tiene micos o artículos sin lógica. Todos fueron objeto de estudio, de análisis y discusión con los empresarios y los congresistas. Cada artículo se explicó para eliminar cualquier duda”. Y en eso tiene razón. Por lo menos con los empresarios fue pública la concertación y en el debate con los senadores hizo una presentación con cada uno, precisamente, de los artículos.
Recordó, en diálogo con Blu Radio que “la reforma no afecta en lo más mínimo a la clase media colombiana. El impuesto al patrimonio, ahora impuesto a la riqueza, lo pagan capitales superiores a $1.000 millones, afecta a 50.000 colombianos, no son propiamente de la clase media. En el caso de las empresas, afecta a las que tienen patrimonio superior a $1.000 millones o con utilidades superiores a los $800 millones y ahí no estás las pymes del país”.
La senadora Claudia López, le dijo a El Espectador, que desde su partido se ha concluido que la reforma “sí afecta a las medianas y grandes empresas porque mantiene el impuesto al patrimonio y aumenta el CREE (renta) hasta 2018. Por eso en la Alianza Verde decimos que esta reforma es antitécnica, pues grava alto a empresas que producen inversión y empleo. Pero la reforma también es progresiva porque grava fundamentalmente a los más pudientes y adinerados. Se grava más en renta a personas jurídicas con más de $800 millones de utilidades y a las jurídicas y naturales de más de $1.000 millones de patrimonio”.
El proyecto de reforma tributaria que ya pasó por las comisiones económicas, también por la plenaria del Senado y ahora va para la plenaria de la Cámara de Representantes, estaba citada para este jueves, sin embargo varios representantes a la Cámara aseguraron que no tienen afán y por eso esperarán hasta las sesiones de la próxima semana para hacer el correspondiente debate.
Pero Valencia insiste en que el texto “va a pasar derecho. No ha tenido ni un sólo debate. La “pupitrearon” en las comisiones y en el Senado. Las otras propuestas ni siquiera las han considerado, como el impuesto a los dividendos o el tener más transparencia en la información de cuántos pagan los grandes capitales”. López, crítica del Gobierno, fue concreta en que “la reforma sí fue ampliamente debatida y no aprobada a pupitrazo”.