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En un debate con un ambiente caldeado, en el que fueron derrotados los argumentos contra el nuevo régimen tributario, la Cámara de Representantes aprobó ayer la iniciativa (119 votos a favor y 19 en contra) que regirá a partir de 2015 y con la cual el Gobierno busca recaudar $53 billones durante los próximos cuatro años.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, aseguró que la ponencia con los 72 artículos contenidos en el informe sometido a consideración el miércoles pasado por parte del Senado fue aprobado anoche junto con cinco nuevos artículos. Entre ellos, que los rendimientos que las personas obtengan de las acciones que posean en fondos de pensiones voluntarias no serán computados para el impuesto a la riqueza. Asimismo, dijo Cárdenas, “las cooperativas están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio, pero los aportes sociales hechos por personas naturales no serán gravados”.
En el marco fiscal de mediano plazo, que se debe presentar cada año, se expondrá un informe con todas las exenciones por sectores. Es decir, cuáles son los beneficios tributarios que tienen al igual que en el Presupuesto General de la Nación. Una medida que, según el jefe de esa cartera, otorgará mayor transparencia en estos procesos.
La columna vertebral del estatuto tributario aprobado son la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y el impuesto a la riqueza, que además de gravar a las personas naturales que tengan un patrimonio superior a los $1.000 millones, también lo hará con las personas jurídicas.
Con la nueva norma, las sociedades y personas jurídicas que deben pagar la sobretasa al CREE, las que tengan utilidades superiores a $800 millones anuales, pagarán una tarifa marginal, para 2015, del 5% aumentando a 6% en 2016, en 2017 será de 8% y, finalmente, en 2018 quedará en 9%. Según la norma que está pendiente de sanción presidencial, el presupuesto conseguido con este impuesto no tiene destinación específica.
La permanencia del noveno punto del CREE fue aprobado, pero, a diferencia de cómo estaba planeado, únicamente en 2015 el 60% será destinado para sanear las finanzas del sector salud y el 40% restante para educación superior. Es decir, el porcentaje que había sido adjudicado al sector agropecuario ya no será necesario, pues “el presupuesto de los $5 billones ya fue establecido para el campo”, dijo el ministro Mauricio Cárdenas.
El desmonte del 4x1.000, impuesto que consiste en que por cada mil pesos que una persona retire de una entidad financiera cuatro son recaudados por el Gobierno, fue aplazado hasta 2019, cuando caerá al 3x1.000 y en los dos años siguientes lo hará un punto porcentual cada 12 meses hasta desaparecer en 2022.
La nueva ley también contempla que quienes compren bienes de capital, como maquinaria pesada, utilizados por las empresas para el desarrollo de sus actividades, tendrán derecho a una devolución de dos puntos del IVA sobre el valor de las compras. Finalmente, en caso de haber hechos de ineficiencia por parte de la DIAN, los usuarios podrán conciliar el pago de sus impuestos atrasados.
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