La "troika" -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- regresará a España la última semana de septiembre para la cuarta de las cinco revisiones del sector bancario previstas en el Memorándum de Entendimiento de ayuda a la banca.
Según explicaron fuentes comunitarias, es la penúltima misión de la "troika" antes de que concluya en diciembre el programa de ayudas concedido en julio de 2012 a España para sanear su sector bancario, dotado con hasta 100 mil millones de euros y de los que se han utilizado poco más de 60.000 millones.
En concreto y según informó el pasado lunes el Banco de España, estas ayudas suman en total 61.366 millones de euros y comprenden distintos tipos de instrumentos que computan como capital prestado a las entidades.
En esa cantidad no están incluidos los avales del Estado a las emisiones de deuda efectuadas por entidades de crédito ni los apoyos privados a los procesos de recapitalización o reestructuración, señaló el Banco de España.
Tras la tercera visita en mayo pasado, la Comisión Europea (CE) afirmó que no era el momento de discutir sobre una posible prórroga de las citadas ayudas ante los riesgos existentes, pero tampoco descartó de entrada esta opción e indicó que evaluará la situación en otoño.
En su último informe sobre la tercera revisión del proceso, la CE descartó que la banca española necesite, de momento, ayudas adicionales a los citados 61.366 millones de euros ya desembolsados, pero alertó de que existen importantes desafíos y riesgos para el sector.
Entre ellos, la Comisión citó el decreto del gobierno regional andaluz contra los desahucios, suspendido de forma cautelar el pasado 11 de julio por el Tribunal Constitucional, o las llamadas "cláusulas suelo" de las hipotecas, que impiden a los firmantes beneficiarse de bajadas del euríbor superiores al tope fijado en esas cláusulas.
Pese a que la solvencia de los bancos españoles ha aumentado tras la recapitalización y la transferencia de activos a la Sareb (el denominado "banco malo"), con ratios por encima de los requisitos europeos, la Comisión considera que España ha de vigilar "continuamente" la evolución de la calidad de los activos y los balances.
Bruselas mostró su satisfacción por las reclasificaciones de los préstamos refinanciados por la banca que solicitó el Banco de España, pero dejó entrever cierta preocupación por el "elevado volumen de activos por impuestos diferidos" presente en los balances de varios bancos españoles.
Los activos fiscales diferidos o DTA son, básicamente, el resultado del anticipo del pago de impuestos por parte de los bancos por determinados gastos como las provisiones genéricas, que no pueden deducirse inmediatamente y que con la nueva regulación financiera, Basilea III, ya no contarán como capital.
En su última visita, del 21 al 31 de mayo, los expertos de Bruselas, Fráncfort y Washington determinaron en sus reuniones con la banca y las autoridades españolas que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el memorando de entendimiento "casi se ha completado".