La Unión Europea reservará el fondo de rescate permanente (MEDE) a los países que ratifiquen el pacto fiscal y se comprometan a mantener el equilibrio presupuestario, como quería Alemania, según la última versión del borrador al que ha tenido acceso el jueves.
Los países que incumplan el tratado podrán ser llevados ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podrá imponer en última instancia una multa de hasta el 0,1 % del PIB del Estado afectado, que será abonada al MEDE.
El nuevo borrador del acuerdo que negocian todos los Estados miembros de la UE excepto Reino Unido, con fecha del jueves, no sólo refleja las demandas de la canciller alemana, Angela Merkel, sino que también incluye algunas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.
El Ejecutivo comunitario elaborará ahora informes sobre la correcta introducción de la "regla de oro" o freno de deuda en las legislaciones vinculantes o constituciones por parte de cada país, y si persiste el incumplimiento, uno o más firmantes del acuerdo podrán llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Los países podrán además, con independencia de los análisis de la Comisión Europea, denunciar a otro país ante esa corte.
El texto aclara además qué tipo de sanciones podrá dictarse para un continuo incumplimiento, al especificar que se puede, en última instancia, imponer una suma global o una sanción que se ajuste a las circunstancias y que no deberá exceder el 0,1 % del PIB.
Otro de los aspectos que refuerza este último documento es la cooperación entre los parlamentos nacionales y la Eurocámara, que ahora celebrarán conferencias conjuntas a las que asistirán los presidentes de sus respectivas comisiones de presupuesto.
El borrador se hace eco de una exigencia de los eurodiputados, puesto que ahora el presidente del Parlamento Europeo puede ser invitado a las cumbres de líderes del euro que se celebrarán al menos dos veces al año.
También podrán unirse a la cita, cuando se considere oportuno y al menos una vez al año, los socios que no forman parte del euro, pero que hayan ratificado el pacto fiscal, una petición explícita de países como Polonia y Dinamarca, entre otros.
El acuerdo para reforzar la disciplina fiscal quedará abierto a todos los miembros de la UE que quieran unirse y no lo firmen en un primer momento, según el borrador.
Su entrada en vigor se producirá una vez lo hayan ratificado 12 países, que además sólo podrán desvincularse de sus compromisos en "circunstancias excepcionales", y su contenido deberá ser trasladado a la legislación comunitaria en un plazo máximo de 5 años.