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Un semestre después de que terminara el paro agropecuario que mantuvo en alerta al país durante varias semanas, la discusión de los altos precios de los agroinsumos en Colombia no ha salido del radar del Gobierno y tampoco del de los industriales y productores agropecuarios. Aunque en medio de los recientes reclamos de algunos sectores del agro el presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de un precio máximo de referencia para estos productos, con el propósito de reducir el margen de intermediación, importadores y fabricantes sostienen que el problema va más allá y que radica en factores como los elevados costos de importación, en la atomización de algunos cultivos y en la oferta de fertilizantes básicos como úrea, potasio y fósforo concentrada en pocas manos.
María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), le contó a este diario que pese a los recientes anuncios, desde 2006 el Gobierno vigila el costo de los plaguicidas y de los fertilizantes. “Estamos en un nivel de vigilancia permanente. Las cifras muestran que el tema no es de precios, porque las empresas venden en el país a valores internacionales. El asunto acá pasa por fletes y puertos. Esto les suma un costo país a los productos. El Estado ha hecho su inspección en la puerta de las empresas”. Sumado a esto, recordó que en Colombia existen 14 fábricas de estos insumos que exportan a 50 países.
Mientras que un sector como el bananero compra la totalidad de sus insumos directamente a las compañías, evitando intermediarios, cuenta Latorre, otros renglones del agro, como la papa y las hortalizas —que se han caracterizado por su dispersión—, adquieren el 70% de sus productos a través de almacenes y el 30% restante mediante distribuidores. Asimismo, los floricultores, los palmeros y los arroceros también acuden a otros eslabones de la cadena de suministros.
Pese a que la percepción de los campesinos es que los productos para sus cultivos siguen subiendo en los almacenes sin detenerse, Latorre sostuvo que —de acuerdo con los cálculos hechos por la Andi— entre 2006 y el año pasado los nueve principales plaguicidas que se usan en el campo (entre los que se encuentran mancozeb 80%, carbofuran, propineb y glifosato) presentaron reducciones en sus precios que oscilan entre el 13% y el 36%.
En cuanto a fertilizantes, los números de la Cámara muestran que mientras que en el mercado internacional se pagan US$300 por tonelada de úrea, en Colombia el precio por la misma cantidad es de US$400. En el caso del fosfato diamónico, 1.000 kilos valen afuera poco más de US$300, mientras que en el país se negocian en US$600. En cuanto al cloruro de potasio (KCl), la diferencia entre el costo internacional y el nacional es de menos de US$50 por cada tonelada. “El mundo de los fertilizantes tiene seis proveedores de úrea, potasio y fósforo. Los empresarios, cuando tienen que ir a buscar quién les venda, deben someterse a precios internacionales”, agregó Latorre.
Durante el año pasado, según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se importaron cerca de US$719 millones en abonos de países como Rusia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Tan sólo en enero de 2014, las compras de plaguicidas y abonos llegaron a US$74 millones.
“En las mesas de trabajo que ha convocado el Gobierno, la preocupación de los agricultores radica en el precio final de los insumos y en lo que se les paga en el mercado por sus cosechas. Se está viendo de manera miope la situación. Nos llamó la atención que algunas medidas para eliminar aranceles enfocadas en la importación de agroinsumos ya se habían tomado”, comentó Richard Franklin, presidente para la región andina de Croplife Latinoamérica (esta agremiación agrupa a nueve productores de plaguicidas, como Bayer, Syngenta y Monsanto).
“Nos cuesta ver que hay un problema de precios desmesurados, ya que existen muchos productos y oferentes. Sin embargo, la intermediación puede ser un motivo por el que el producto puede aumentar de precio. No hay que mirar con malos ojos a los almacenes, ya que los campesinos dependen de ellos”, manifestó el directivo, quien cree que en medio del debate puede lucir preocupante la intervención del Gobierno en el comportamiento del valor de los agroinsumos.
Tras los anuncios del presidente Santos de poner un techo a los insumos, dijo Latorre, los empresarios e importadores temen que se pueda generar un desabastecimiento de estos productos como el que vivió el país en el año 2008, cuando se dispararon los precios internacionales y el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, tomó acciones buscando blindaje contra las fluctuaciones . “El Gobierno tiene temor de decir que en el precio de insumos no tiene mayor cosa qué hacer. Menos mal las empresas están vigiladas”.
“El grave problema en el tema de los insumos radica en la excesiva intermediación entre la casa productora e importadora y el campesino. Hay como cuatro pasos. El ejercicio nuestro, además de la toma de las medidas, es precisamente adelgazar esa intermediación. Si lo logramos, estamos entregando un producto con un 30% menos de costo”, dijo a El Espectador el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde Montoya.
Sin embargo, no todo termina allí ya que, agregó, el segundo tema que impacta mucho el costo de estos productos es el financiamiento. Actualmente, de acuerdo con Lizarralde, algunas casas comerciales les están prestando dinero a los agricultores a tasas más elevadas que las que tiene el sistema financiero y recalcó que el Gobierno puso en marcha una tarjeta de crédito del Banco Agrario para facilitar al agricultor la adquisición de fertilizantes y plaguicidas con tasas de interés menores a las del mercado.
Asimismo, recordó que en febrero pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a 52 empresas que venden insumos agrícolas y que abastecen el 80% del mercado, ya que presuntamente no reportaron al Gobierno la información completa de precios y ventas. Si el ente de vigilancia prueba que se violó el régimen de control de precios, las sanciones a las personas jurídicas podrían llegar hasta $1.232 millones. Por ahora, según la Andi, no se han impuesto multas a los actores de la cadena de suministros agropecuarios.
“El precio que recibe un agricultor si compra en el último eslabón de la cadena, tiene que pasar por cinco pasos. Así, le sale carísimo. El problema está en la diferencia que existe entre el precio en puerta de fábrica y en puerta de finca”, comentó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López.
Hasta el momento, según un documento del Gobierno —que muestra avances en poco más de 70 de 183 compromisos adquiridos entre el Estado y las organizaciones campesinas tras los paros—, en materia de agroinsumos se ha cumplido con la eliminación de aranceles para la importación de productos (esto quedó consignado en el decreto 1989 de 2013) y se creó una comisión intersectorial para monitorear el precio de los insumos.