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El año comenzó con una buena noticia para los confeccionistas, los zapateros y marroquineros: debido a los grandes volúmenes de importaciones de calzado y confecciones, el Gobierno expidió el decreto 0074 con el que imponía un arancel del 10% del valor declarado más otro de US$5 a las compras internacionales provenientes de los países que no cuentan con un acuerdo comercial con Colombia. Una medida que respondía a las quejas constantes de los gremios industriales, quienes, argumentando caídas en las ventas, instaron al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto.
La medida, que entró en vigencia en el mes de marzo, se adoptó bajo la afirmación de la industria de que un gran porcentaje del calzado importado lo hacía a precios por debajo de los reportados, y en muchas ocasiones inferiores a un dólar, afectando la producción nacional que se daba a costos mayores. Por eso muchos mostraron su satisfacción cuando los primeros resultados saltaron a la vista: los 6,93 millones de pares de calzado que entraron al país ese mes se convirtieron en 2,63 millones de pares al cabo de dos meses. Sin embargo, esa reducción también habría implicado una distorsión dentro del mercado interno.
Pero no todos los analistas creen que la medida ha tenido la eficacia esperada. Uno de ellos es Carlos Ronderos, exministro de Comercio y catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, quien presentó hoy un estudio de 36 páginas sobre las circunstancias que llevaron al Gobierno a adoptar esta medida y su impacto tanto en la industria como en el consumo. Y su primera afirmación es que la situación económica del calzado y las confecciones era muy diferente a la preginada por los empresarios: “En los años 2011 y 2012 ambos sectores tuvieron un crecimiento muy saludable. No había ninguna razón de fondo, en ninguna de las estadísticas disponibles (ni en términos de empleo ni producción), que condujera a una medida extraordinaria para protegerlos”.
Según la Encuesta Anual Manufacturera, un estudio sobre la evolución del sector elaborado por el Dane, la participación de las confecciones en la industria total pasó de 11% en 2008 a 9,6% en 2012, un comportamiento afectado principalmente por el cierre del mercado venezolano en 2010, el cual obedeció al enfrentamiento diplomático sostenido por Caracas con el gobierno de Álvaro Uribe; una situación similar ocurrió con el sector de cuero y calzado, cuya participación, durante esos cinco años, pasó de 1,7% a 1,8%.
“No hubo ni un solo indicador de que los sectores se encontraban en una crisis especial”, afirma Ronderos, quien encontró, no obstante, un proceso de desinversión por cuenta de los industriales ante el cierre del mercado binacional. Sin embargo, esto no afectó las cuentas generales porque las empresas ocuparon capacidad ociosa al tiempo de que el Gobierno, por medio de macrorruedas de negocios y misiones comerciales, abrió nuevas oportunidades en los países de Centro y Suramérica para el sector. Para Ronderos, este es un indicador de que el decreto 0074 de 2013 “es una decisión producto del looby y del trámite de quejas y no de una crisis real”.
El exministro también discute los efectos de la medida en las importaciones, pues entre febrero y marzo se registraron crecimientos superiores al 40% en las compras de calzado. Ese comportamiento obedeció a una estrategia del comercio para contar con el inventario suficiente para evitar compras a un precio mayor en el segundo trimestre del año. Con la carga adicional que el peso de los sectores de calzado y confecciones aumentó dentro del Índice de Precios al Consumidor de abril y mayo para caer en los meses siguientes; no se ha establecido si por cuenta de un posible aumento en el contrabando. “es un flagelo que no se enfrenta con aranceles, todo lo contrario: entre más cara sea una mercancía, más posibilidades hay de que se dispare”.
La medida tiene un riesgo adicional: que Colombia sea demandada ante un tribunal de arbitramento por esta distorsión al comercio internacional y a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues el arancel fijado vía decreto supera en 85,6% el valor consolidado de todas las partidas arancelarias. “Lo procedente es desmontarlo. Tenemos un ejemplo cercano como es el de México, donde una medida similar generó mayor corrupción y un aumento en el contrabando”, resume Ronderos.