Durante la dramática crisis eléctrica de California del año 2000, los precios mayoristas aumentaron diez veces. En Colombia, los precios del fluido no han registrado aún aumentos similares, pero existe el riesgo latente. Sin embargo, es interesante considerar las lecciones que ofrece la comparación de las dos crisis.
La causa fundamental de todas las crisis energéticas es que los mercados y la electricidad no se mezclan bien porque, excepto en la forma de almacenamiento con bombeo hidráulico (pumped storage), la electricidad no se puede almacenar a gran escala y al ser un servicio esencial, su demanda es inflexible a corto plazo. Por lo tanto, los choques que afectan la oferta, de inmediato causan una rápida escalada de precios. En el caso de California, una de las causas de fondo era la escasez de capacidad de generación dentro del estado. Una causa coyuntural fue la sequía, pero no afectaba el 17 % de la electricidad que se generaba en la planta hidroeléctrica en el interior de California. Más bien, el impacto fue sobre las importaciones de hidroelectricidad provenientes de los estados del noroeste: California dependía en esa época de las importaciones de otros estados para atender el 20 % de la demanda por electricidad.
Otra causa coyuntural fue el costo creciente de gas natural, insumo para generar el 43 % de la demanda. El propagador de la crisis, lo que le dio su forma y consecuencias específicas, fue un régimen de regulación que prohibía los contratos a largo plazo (con el fin de promover la competencia, toda la electricidad tuvo que ser comprada y vendida en la bolsa) y los controles sobre el traspaso de costos de la electricidad al por mayor a los consumidores de electricidad. Esta contribución del régimen normativo tuvo dos consecuencias. En primer lugar, se generaron más oportunidades para que los comercializadores de fuera del estado pudieran manipular el mercado en su beneficio. En segundo lugar, se trasladó el estrés financiero a los distribuidores del sector privado, quienes tuvieron que enfrentar una escala rápida en el costo de su electricidad sin poder trasladarlo a los usuarios.
La sequía es también una causa importante de la crisis eléctrica de Colombia, pero el contexto la hace diferente. En primer lugar, el sistema colombiano está dominado por la energía hidroeléctrica, que inmediatamente distorsiona el mercado, porque cuando hay agua no hay otra fuente de generación que puede competir contra sus bajos costos. Pero cuando hay menos agua, la falta de energía hidroeléctrica deja un espacio no disputado en el mercado para plantas térmicas de mayor costo y estas plantas, coyunturalmente indispensables por tanto, dictan el diseño del mercado y su comportamiento y no al revés. Esto último se debe a que el mercado por sí solo ofrece pocos incentivos para construir y operar una planta térmica que se va a utilizar por debajo de su nivel de despacho económico óptimo, y que dependería de breves períodos de precios muy altos para ser viable. Por lo tanto, se requieren varios “arreglos” para asumir los costos más altos de estas plantas y pasarlos a los consumidores, con el fin de atraer o retener la inversión requerida. Al nivel de empresa, las más grandes pueden manejar su riesgo de precio mediante la unión de un portafolio de centrales hidroeléctricas y centrales térmicas que permite subsidios cruzados entre ellas. Al nivel regulatorio, un requisito de fondo es lo del traspaso de costos de generación a los consumidores domésticos (quienes terminan asumiendo los riesgos), algo que actualmente ya se permite en la fórmula tarifaria del régimen regulatorio colombiano sobre una base mensual. Una medida concreta es el “precio de escasez” acordado a ciertos generadores cuando producen bajo los términos del cargo por confiabilidad. Las empresas más dependientes de este ajuste regulatorio son las empresas más pequeñas, “independientes”, que no pueden manejar su riesgo a través de una diversidad en el portafolio de activos.
En segundo lugar, el sistema de regulación colombiano permite contratos a largo plazo que ofrecen alguna protección en contra de la volatilidad de precios. Sin embargo, mientras que los movimientos extremos de precios en la bolsa de electricidad no pueden reflejarse de inmediato en las cuentas de los usuarios domésticos, sí pueden representar un problema importante para los clientes no residenciales sin la protección completa de contratos a largo plazo. Esta categoría de consumidores incluye las empresas de distribución de electricidad sin un portafolio de activos diversificado.
En tercer lugar, y a diferencia de California en el año 2000, Colombia parece no tener escasez de capacidad de generación: la demanda pico puede ser atendida con sólo 60 % de la capacidad instalada. Sin embargo, y similar a la crisis de California, todavía hay un problema de capacidad, porque justo en el momento en que las plantas térmicas se hacen indispensables, hay una escasez de gas natural, de tal manera que algunas plantas tienen que operar con la alternativa de combustibles líquidos muy costosos y también con dificultades de disponibilidad.
Este contexto diferente significa que la manifestación de la crisis eléctrica de Colombia es diferente a la de California. En particular, el nivel del precio de escasez está resultando insuficiente para absorber los costos crecientes, afectando las plantas térmicas que no utilizan carbón. En consecuencia, el estrés financiero está recayendo primero sobre los generadores vulnerables y no sobre los distribuidores como fue el caso en California. Y de los generadores el costo se trasladará a los consumidores.
El impacto de la crisis eléctrica de California detuvo efectivamente el avance de la liberalización del mercado de la electricidad en los Estados Unidos: los consumidores y productores sensatamente decidieron que la seguridad del suministro era más importante que la competencia del mercado que prometía precios más bajos, pero en realidad entregaba precios más altos, en parte porque cuando hay problemas con la oferta de electricidad surgen oportunidades de ganancias para las empresas privadas. En Colombia, la crisis también está requiriendo una intervención importante del Estado para lograr la seguridad del suministro, otra confirmación de que una regulación sofisticada y la organización de una bolsa mayorista pueden dejar vacíos en términos de la responsabilidad, la capacidad y el incentivo para asegurar que los fundamentos de la oferta de electricidad a nivel macro están en orden. Y los precios extremos con los cuales los mercados de electricidad responden a choques de oferta siempre van a frustrar la búsqueda de un precio de escasez ideal, dejando a los consumidores pagando las consecuencias.
* Director científico Observatorio del Caribe Colombiano, Socio de Investigación.Oxford Institute of Energy Studies.